JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JRC-51/2013 Y SUS ACUMULADOS SG-JRC-54/2013 Y SG-JDC-167/2013

ACTORES: PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, COALICIÓN “UNIDOS GANAS TÚ” Y CLEOFAS ELINA BENÍTEZ IBARRA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA

TERCERO INTERESADO: COALICIÓN “TRANSFORMEMOS SINALOA”

MAGISTRADO PONENTE: EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ

SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA: OMAR DELGADO CHÁVEZ, MARIO ALBERTO GUZMÁN RAMÍREZ Y JUAN PABLO HERNÁNDEZ VENADERO

Guadalajara, Jalisco, diecisiete de septiembre de dos mil trece.

VISTOS, para resolver, los autos de los juicios de revisión constitucional electoral SG-JRC-51/2013 y SG-JRC-54/2013, y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SG-JDC-167/2013, promovidos respectivamente por el Partido Movimiento Ciudadano, la Coalición “Unidos Ganas Tú” y Cleofas Elina Benítez Ibarra; por su propio derecho y en su calidad de candidata a regidora en el municipio de Ahome; contra la sentencia emitida el tres de agosto de dos mil trece, por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en el expediente 1, 10 y 11/2013 INC ACUMULADOS, integrado con motivo de los recursos de inconformidad instaurados para controvertir el cómputo municipal de la elección para presidente, síndico y regidores del municipio antes aludido, así como la declaración de validez, el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

RESULTANDOS

I. Antecedentes. De las constancias que integran los medios de impugnación que se resuelven, se advierte, en síntesis, que los hechos trascendentes en los mismos son los siguientes:

1. Inicio del proceso electoral local. Mediante decreto número 737 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, expedido el diez de enero de dos mil trece, dio inicio el proceso electoral local ordinario en dicha entidad.

2. Jornada electoral. El siete de julio de dos mil trece, se llevó a cabo la jornada electoral, en la que se eligieron los cargos de Diputados y Munícipes, para la renovación del Congreso Local, así como los Ayuntamientos de la citada localidad, entre ellos el correspondiente a Ahome.

3. Cómputo Municipal. El diez de julio siguiente, el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, celebró la sesión de cómputo relativo a la elección de munícipes, resultando triunfadora la coalición “Transformemos Sinaloa”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México; asimismo, el citado Consejo realizó la declaración de validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y validez a la planilla ganadora.

El cómputo relativo arrojó los siguientes resultados:

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR Y REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA[1]

ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN VIRTUD DE HABERSE REALIZADO LA RECOMPOSICIÓN DE LA VOTACIÓN[2]

4. Recursos de inconformidad en la instancia local. Inconformes con el resultado de cómputo municipal indicado, el trece y catorce posteriores, el Partido Movimiento Ciudadano, la Coalición “Unidos Ganas Tú” y la Coalición “Transformemos Sinaloa”, interpusieron ante el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, recursos de inconformidad, registrándose ante dicho órgano con las claves de expediente 01/2013 INC, 10/2013 INC y 11/2013 INC, respectivamente, mismos que en su oportunidad fueron acumulados.

El tres de agosto del año en curso, el Pleno del Tribunal aludido, dictó sentencia definitiva de los juicios en comento, en la que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. Son procedentes los recursos de inconformidad promovidos por el Partido Movimiento Ciudadano y las coaliciones “Unidos Ganas Tú” y “Transformemos Sinaloa”, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados.

SEGUNDO. Se declaran parcialmente fundados los agravios aducidos por la coalición “Unidos Ganas Tú”, así como los esgrimidos por la coalición “Transformemos Sinaloa”, por lo que se declara la nulidad de la votación recibida en las dos casillas relacionadas en la parte final del considerando Séptimo de esta resolución.

TERCERO. Se declara infundado el agravio manifestado por el Partido Movimiento Ciudadano relativo a la aplicación de la fórmula de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte final del Considerando Séptimo, por lo que se confirma la asignación de Regidores por el citado principio realizada por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa.

CUARTO. Es infundado el agravio I, relacionado con la nulidad de elección de Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores  de Mayoría Relativa y Representación Proporcional de Ahome, Sinaloa, por las razones expuestas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Considerando Séptimo de la presente sentencia.

QUINTO. Se CONFIRMA la declaración de validez de la elección de Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores por el Sistema de Mayoría Relativa de Ahome, Sinaloa, así como el otorgamiento y expedición de la Constancia de Mayoría y Validez a la planilla de candidatos registrada por la Coalición “Transformemos Sinaloa”

Los resultados arrojados a raíz de la sentencia fueron los siguientes:

RECOMPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR Y REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA[3]

ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN VIRTUD DE HABERSE REALIZADO LA RECOMPOSICIÓN DE LA VOTACIÓN[4]

5. Juicios de Revisión Constitucional Electoral. En desacuerdo con la anterior resolución, el siete y ocho de agosto de este año, el Partido Movimiento Ciudadano y la Coalición “Unidos Ganas Tú”, respectivamente, presentaron sendos juicios de revisión constitucional electoral.

6. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Por su parte, contra la referida sentencia, el siete de agosto del año en curso, la ciudadana Cleofas Elina Benítez Ibarra promovió juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, aduciendo violaciones a su derecho de ser votada para integrar un órgano de elección popular, en el caso, primer regidor del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

II. Avisos de presentación. Mediante oficios 127/2013, 128/2013 y 136/2013, recibidos los días ocho y nueve de agosto de la presente anualidad, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, la Secretaria General del Tribunal electoral responsable, informó a este órgano jurisdiccional federal de la presentación de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como de los juicios de revisión constitucional electoral de mérito, respectivamente.

III. Recepción en Sala Regional. El doce de agosto siguiente, la funcionaria aludida remitió los documentos conducentes, entre las que se encuentran, las demandas que dieron origen a los presentes medios de impugnación, las constancias de publicitación, los informes circunstanciados, así como el expediente relativo al recurso de inconformidad con la clave 01/2013 INC y sus acumulados 10/2013 INC y 13/2013 INC.

IV. Turno. En esa misma fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional, acordó turnar los expedientes de cuenta a la Ponencia a cargo del Magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, para los efectos establecidos en el artículo 19, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[5]

V. Radicación y comparecencia de tercero interesado. Por autos de catorce de agosto siguiente, el Magistrado Instructor radicó en su ponencia el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y los juicios de revisión constitucional electoral que se resuelven; asimismo, dentro del juicio constitucional con clave SG-JRC-54/2013, se tuvo compareciendo con el carácter de tercero interesado a la coalición “Transformemos Sinaloa” por conducto de Víctor Edmundo Valle Plascencia, quien se ostentó su representante suplente ante el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa.

VI. Sustanciación. Por otro lado, mediante proveídos de veinte de agosto de dos mil trece, al estimar satisfechos los requisitos de ley, se admitieron los juicios de revisión constitucional electoral y de protección de los derechos político-electorales del ciudadano de mérito.

El veintidós de los mismos mes y año, en el expediente SG-JDC-167/2013, se tuvo acordando lo relativo a un escrito presentado por la promovente de dicho expediente.

El veintinueve siguiente, en el expediente SG-JRC-54/2013, se realizó un requerimiento al Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, por diversas constancias, el cual se tuvo por cumplido el dos de septiembre de dos mil trece. En este mismo sumario, el nueve de septiembre del actual, se proveyó diversa solicitud de copias de la coalición actora.

El trece de septiembre de dos mil trece, se acordó en cada uno de los expedientes que nos ocupan, lo atinente a los medios de pruebas ofrecidos, no admitiéndose los relativos a los juicios de revisión constitucional electoral, y sí los del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, conforme a la normativa procesal electoral federal aplicable.

Finalmente, el diecisiete de septiembre de este año, se propuso la acumulación en los expedientes SG-JRC-54/2013 y SG-JDC-167/2013, al diverso sumario SG-JRC-51/2013, y al considerarse debidamente sustanciados los medios de impugnación de mérito, se declaró cerrada la instrucción en cada uno de ellos, con lo cual los asuntos quedaron en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDOS

En principio, se estudiarán los presupuestos procesales generales de los presentes juicios de revisión constitucional electoral y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

De cumplirse tales presupuestos, se analizarán los hechos narrados en las demandas, así como los agravios expresados en las impugnaciones de cuenta o los que se desprendan de ellas y, en su caso, se realizará el examen y valoración de las pruebas que obran glosadas a los presentes sumarios y en el diverso primigenio local con la clave 1, 10 y 11/2013 INC ACUMULADOS, del índice del tribunal electoral responsable, del cual deriva la resolución aquí impugnada; y se concluirá con los razonamientos y fundamentos jurídicos de la sentencia.

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce su jurisdicción, y esta Sala Regional Guadalajara es constitucional y legalmente competente para conocer, analizar y resolver los presentes medios de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción III, incisos b) y c), 195, fracciones III y IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, incisos c) y d), 79, 80, párrafo 1, inciso f), 86, 87, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral; así como en lo dispuesto en el Acuerdo CG 268/2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre de dos mil once, por el que se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; lo anterior por tratarse de juicios de revisión constitucional electoral promovidos por una coalición de partidos, así como un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuestos contra una resolución recaída a un juicio de inconformidad local, relativo a la elección de munícipes en Ahome, Sinaloa, su cómputo, la declaración de validez de ésta y la expedición de constancias de mayoría y validez respectiva, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

SEGUNDO. Acumulación.

Este órgano jurisdiccional advierte que existe conexidad de la causa entre los juicios de revisión constitucional electoral SG-JRC-51/2013 y SG-JRC-54/2013, así como el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano con clave SG-JDC-167/2013, en virtud de que en todos ellos se combate la sentencia pronunciada el tres de agosto del año en curso, por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa dentro del expediente 1, 10 y 11/2013 INC ACUMULADOS, en la que se resolvió modificar el cómputo de la elección y confirmar la validez de la elección de munícipes de Ahome, Sinaloa, al entrega de la constancia de mayoría a la Coalición “Transformemos Sinaloa”, así como de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional a la Coalición “Unidos Ganas Tú” y al Partido Sinaloense; de ahí la conveniencia e importancia de resolverlos en un solo fallo, dada la identidad del acto impugnado, así como de la autoridad responsable, pues las pretensiones hechas valer en los juicios de mérito, guardan tal relación y vinculación, que lo que se resuelva en uno de ellos, necesariamente impactará y surtirá efecto en sobre los restantes; de tal suerte que resulta oportuno resolverse en conjunto para evitar sentencias contradictorias.

En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 86 y 87, párrafo tercero, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulta procedente decretar la acumulación del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SG-JDC-167/2013 y el juicio de revisión constitucional electoral SG-JRC-54/2013 al diverso juicio SG-JRC-51/2013, por ser este último el más antiguo, con la exclusiva finalidad de que sean decididos conjuntamente para facilitar su pronta y congruente resolución.

Es aplicable lo establecido en la jurisprudencia 2/2004, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, cuyo contenido dice:

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. La acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias.”[6]

En tales circunstancias, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a las actuaciones de los juicios acumulados.

TERCERO. Tercero interesado.

De constancias se advierte que dentro del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SG-JRC-54/2013, compareció como tercero interesado la Coalición “Transformemos Sinaloa” (fojas 435 a la 445 de dicho expediente); en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 12, párrafos 1, inciso c), y 88, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional reconoce tal carácter a la coalición aludida, quien comparece por conducto de Víctor Edmundo Valle Plascencia, en su calidad de representante suplente de la misma ante el Consejo Municipal Electoral de Ahome, del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, que cabe señalar, aún cuando dicha autoridad administrativa no es la directa y formalmente responsable del acto impugnado en esta instancia, lo cierto es que este deriva del actuar de aquella; bajo esa premisa, el registro ante el citado consejo municipal del representante del instituto político que comparece como tercero interesado en esta instancia constitucional, debe considerarse que satisface la personería del mismo.

Es aplicable la jurisprudencia 2/99, de esta Sala Superior de este tribunal que se transcribe a continuación:

“PERSONERÍA, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL. Para la actualización del supuesto previsto en el artículo 88, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde se concede personería a los representantes legítimos de los partidos políticos que estén registrados formalmente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado, no es indispensable que el órgano electoral ante el que se efectuó el registro sea directa y formalmente autoridad responsable dentro del trámite concreto del juicio de revisión constitucional electoral, ni que su acto electoral sea el impugnado destacadamente en la revisión constitucional, sino que también se actualiza cuando dicho órgano electoral haya tenido la calidad de autoridad responsable y su acto o resolución fueran combatidos en el medio de impugnación en el que se emitió la resolución jurisdiccional que constituya el acto reclamado en el juicio de revisión constitucional; toda vez que, por las peculiaridades de este juicio, semejantes en cierta medida a los de una segunda o posterior instancia dentro de un proceso, a pesar de que formalmente la autoridad responsable lo sea el órgano jurisdiccional que emite el auto o sentencia controvertida, en la realidad del conflicto jurídico objeto de la decisión, los órganos electorales administrativos no pierden su calidad de autoridades responsables, y como tales quedan obligados con la decisión que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea que confirme, revoque o modifique la del tribunal local que se ocupó antes de la cuestión, y esto con todas las consecuencias, inclusive para la ejecución del fallo, ya que a fin de cuentas los actos que en el fondo son materia y objeto de la decisión jurisdiccional son los de dichos órganos electorales, aunque su análisis se realice de primera mano o a través de la resolución o determinación que hubiera tomado un tribunal que conoció del asunto con antelación.”[7]

En ese orden de ideas, se le reconoce tal calidad de tercero a la coalición compareciente, en virtud de que tiene un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretenden la Coalición “Unidos Ganas Tú”, habida cuenta que, obtuvo la mayoría de la votación de la elección efectuada en el municipio de Ahome, y por ende, fue a quien el consejo respectivo de la autoridad administrativa electoral, entre otras, le otorgó la constancia de mayoría del proceso electivo en comento y, por su parte los promoventes se inconforman en esta instancia constitucional contra la sentencia de tres de agosto de dos mil trece, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, para lograr su revocación y le sean otorgados a sus candidatos las constancias respectivas.

Asimismo, de constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad referida, en acatamiento a lo establecido en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la ley procesal de la materia, hizo del conocimiento público la promoción del juicio de revisión constitucional electoral que se resuelve, mediante cédula fijada en sus estrados a las quince horas con cincuenta minutos del ocho de agosto que transcurre (foja 428 del expediente SG-JRC-54/2013), siendo el caso, que el escrito por medio del cual comparece al presente juicio la referida coalición, fue presentado ante la oficialía de partes de dicha autoridad local señalada como responsable, el once de agosto posterior, a las doce horas con diecinueve minutos, esto es, dentro del plazo de setenta y dos horas que prevé la legislación de la materia para presentar dicho escrito de comparecencia, contadas a partir de la fijación en estrados de las respectivas constancias de publicitación; razón por la cual, como ya se anticipó, se tiene por presentado el escrito de tercero interesado de mérito, al ser oportuna su presentación y reunir los requisitos que prevé el artículo 17, párrafo 4, de la ley adjetiva de la materia.

CUARTO. Causales de improcedencia.

Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo procedente sería analizar en principio, si en el caso bajo análisis se actualiza la causal de improcedencia o sobreseimiento que invoca la Coalición “Transformemos Sinaloa”, quien comparece en su carácter de tercera interesada, por conducto de Víctor Edmundo Valle Plascencia. Al respecto, realiza diversas manifestaciones que atienden a la improcedencia de los agravios planteados, sin embargo, como se refiere a cuestiones relativas al pronunciamiento de fondo que corresponde dirimir a este órgano  jurisdiccional, las mismas se desestiman por hacerse valer argumentos que atañen a la procedencia de la acción.

QUINTO. Requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad.

La procedencia de los juicios de revisión constitucional electoral y del juicio ciudadano que se resuelven, está justificada plenamente de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79, 80, 86 y 88 de la ley adjetiva electoral federal, como se explica a continuación:

A. Respecto a los juicios de revisión constitucional electoral SG-JRC-51/2013 y su acumulado SG-JRC-54/2013.

I. Forma. Las demandas que dieron origen a los presentes medios de impugnación, fueron presentadas por escrito ante la autoridad señalada como responsable, y en ellas consta el nombre de los institutos políticos actores –Partido Movimiento Ciudadano y Coalición “Unidos Ganas Tú” –, la firma autógrafa de Ramón López Bátiz, quien se ostenta como representante suplente del Partido Movimiento ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa; la firma autógrafa de David Imperial Bojorquez, quien se ostenta como representante propietario de la Coalición “Unidos Ganas Tú” ante el consejo citado; se identifica la resolución impugnada, sentencia de tres de agosto de dos mil trece, dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, en el recurso de inconformidad 1, 10 y 11/2013 INC ACUMULADOS; se señalan los hechos materia de la impugnación, así como los preceptos constitucionales presuntamente violados y se expresan agravios.

II. Oportunidad. Las demandas de los medios de impugnación que se resuelven son oportunas, dado que fueron presentadas dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la legislación adjetiva electoral federal.

Lo anterior es así, ya que la resolución impugnada fue emitida el tres de agosto del año en curso (fojas 550 a la 734 del cuaderno accesorio 1 del expediente SG-JRC-51/2013), y las demandas que dieron origen a los presentes juicios de revisión constitucional electoral, fueron notificadas el cinco de agosto siguiente (fojas 738 y 735 del cuaderno accesorio 1 del expediente SG-JRC-51/2013, correspondientemente al Partido Movimiento Ciudadano y la Coalición “Unidos Ganas Tú”), y se presentaron ante la autoridad señalada como responsable los días siete y ocho de los mismos mes y año, tal y como consta en los sellos de recibido (fojas 16 y 73 de los expedientes SG-JRC-51/2013 y SG-JRC-54/2013, respectivamente).

III. Legitimación y personería. Este órgano jurisdiccional estima que los medios de impugnación interpuestos fueron promovidos por parte legítima, de conformidad a lo establecido en el artículo 88, párrafo 1, incisos a) y b), de la normativa procesal federal de la materia, toda vez que fueron promovidos por institutos políticos –Partido Movimiento Ciudadano y coalición “Unidos Ganas Tú” –, a través de sus representantes legítimos, esto es, por lo que respecta al Partido Movimiento Ciudadano, accionó por conducto de Ramón López Bátiz, quien tiene el carácter de representante suplente del mismo ante el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa y cuya personería se surte al tenor de lo establecido en la jurisprudencia 2/99, que refiere:

“PERSONERÍA, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL. Para la actualización del supuesto previsto en el artículo 88, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde se concede personería a los representantes legítimos de los partidos políticos que estén registrados formalmente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado, no es indispensable que el órgano electoral ante el que se efectuó el registro sea directa y formalmente autoridad responsable dentro del trámite concreto del juicio de revisión constitucional electoral, ni que su acto electoral sea el impugnado destacadamente en la revisión constitucional, sino que también se actualiza cuando dicho órgano electoral haya tenido la calidad de autoridad responsable y su acto o resolución fueran combatidos en el medio de impugnación en el que se emitió la resolución jurisdiccional que constituya el acto reclamado en el juicio de revisión constitucional; toda vez que, por las peculiaridades de este juicio, semejantes en cierta medida a los de una segunda o posterior instancia dentro de un proceso, a pesar de que formalmente la autoridad responsable lo sea el órgano jurisdiccional que emite el auto o sentencia controvertida, en la realidad del conflicto jurídico objeto de la decisión, los órganos electorales administrativos no pierden su calidad de autoridades responsables, y como tales quedan obligados con la decisión que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea que confirme, revoque o modifique la del tribunal local que se ocupó antes de la cuestión, y esto con todas las consecuencias, inclusive para la ejecución del fallo, ya que a fin de cuentas los actos que en el fondo son materia y objeto de la decisión jurisdiccional son los de dichos órganos electorales, aunque su análisis se realice de primera mano o a través de la resolución o determinación que hubiera tomado un tribunal que conoció del asunto con antelación.”[8]

Lo anterior, toda vez que aún cuando la autoridad responsable en esta instancia es el tribunal electoral local en Sinaloa al emitir la sentencia reclamada, dicho acto es derivado de otros primigeniamente combatidos, entre ellos, el cómputo municipal efectuado por el Consejo respectivo en Ahome –responsable material–, autoridad administrativa ante la cual está registrado Ramón López Bátiz, de ahí que se surta el requisito de personería del referido representante.

Por su parte, la coalición aludida, promueve por conducto de David Imperial Bojorquez, en su calidad de representante propietario ante el citado consejo y quien además compareció como actor en la instancia primigenia; personería que en ambos casos es reconocida por el tribunal local en términos de los informes circunstanciados rendidos (fojas 17 y 20 del expediente SG-JRC-51/2013, así como fojas 74 y 425 del diverso SG-JRC-54/2013, respectivamente), esto último con apoyo en lo establecido en el numeral 18, párrafo 2, inciso a), del ordenamiento legal invocado.

IV. Requisitos especiales de procedibilidad.

1. Definitividad y firmeza. Se colma en la especie el requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, párrafo 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la sentencia impugnada es definitiva y firme, en cuanto que en la Ley Electoral del Estado de Sinaloa no se establece la posibilidad legal de combatir dicha resolución, ni existe disposición que faculte a alguna autoridad de la mencionada entidad federativa para revisarla de oficio y, en su caso, revocarla, modificarla o nulificarla; de ahí que se estime que la sentencia combatida reviste el carácter de definitiva y firme.

  Lo antes expuesto, encuentra su explicación en el principio de que, juicios como los presentes (de revisión constitucional electoral), constituyen medios de impugnación que revisten la característica de excepcionales y extraordinarios, a los que únicamente pueden acudir los partidos políticos o coaliciones, cuando ya no existan a su alcance otros instrumentos legales ordinarios aptos para conseguir la satisfacción a su pretensión jurídica, es decir, el resarcimiento de los derechos o prerrogativas en los que se hubieren visto afectados.

  En ello estriba, justamente, el principio de definitividad que consagra el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Federal, y que se desarrolla en los invocados incisos a) y f) del párrafo 1 del artículo 86 de la ley adjetiva electoral federal, al establecer que para los efectos de la procedencia, los actos o resoluciones reclamables en el juicio de revisión constitucional electoral, atento a su naturaleza de instrumento de análisis constitucional en sede jurisdiccional, requieren para su estudio por esta vía ser concluyentes, y además, para la promoción de dicho juicio, se impone la carga procesal de agotar todas las jurisdicciones y competencias previstas legalmente, con la finalidad de que el acto combatido sea definitivo, que no tenga remedio ante las instancias ordinarias, a fin de que se justifique la promoción de que el Constituyente reservó la calidad de extraordinario.

  Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 23/2000 sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, que establece:

 “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”[9]

2. Violación a preceptos constitucionales. Tanto el Partido Movimiento Ciudadano como la coalición “Unidos Ganas Tú”, a través de sus representantes, manifiestan en sus demandas que la sentencia impugnada vulnera los artículos 14, 16, 41, 99 y 116 de la Carta Magna, razón por la cual debe tenerse por satisfecho el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso b) de la citada ley procesal federal, en tanto que los institutos políticos demandantes pretenden hacer valer la violación de aquellos, en sus agravios, encaminados a demostrar la trasgresión a esos preceptos constitucionales.

  Este requisito debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un supuesto de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por los actores, en virtud de que ello implicaría entrar al fondo del juicio promovido; en consecuencia, la exigencia en comento debe estimarse satisfecha cuando, como en la especie, en el juicio de revisión constitucional electoral se hacen valer motivos de inconformidad en los que se exponen razones dirigidas a demostrar la afectación a tales preceptos constitucionales.

  Cobra aplicación, el criterio sostenido en la jurisprudencia 2/97, que cita:

  “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de Constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.” [10]

3. Violación determinante. Las violaciones reclamadas pueden ser determinantes para el resultado final de la elección del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, pues de acogerse en sus términos la pretensión de la Coalición “Unidos Ganas Tú”, traería como consecuencia la revocación de la sentencia impugnada, para el efecto de declarar la nulidad de la elección por violación a los principios constitucionales que deben regir en todo proceso electivo, lo cual es determinante para el resultado de la misma.

  Es aplicable la jurisprudencia 15/2002 de la Sala Superior de este Tribunal, de texto:

  “VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO. El alcance del requisito establecido en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral consiste, en que el carácter de determinante atribuido a la conculcación reclamada responde al objetivo de llevar al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva. Es decir, para que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral se requiere, que la infracción tenga la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, como podría ser de que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral, por ejemplo, el registro de candidatos, las campañas políticas, la jornada electoral o los cómputos respectivos, etcétera. Será también determinante, si la infracción diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios.”[11]

  Por otra parte, en lo que atañe al juicio promovido por el partido Movimiento Ciudadano, la pretensión del mismo consiste, a raíz de una interpretación de diversos preceptos de la legislación electoral de Sinaloa, le sea asignado una regiduría por el principio de representación proporcional, lo cual implicaría la modificación de la resolución impugnada y de lo realizado por la autoridad administrativa electoral sobre el tema, lo que implica un resultado determinante para la elección respecto a las constancias de asignación de regidores bajo el principio aludido.

 Es decir, constituyen circunstancias que indudablemente trascienden para el resultado de la elección, con lo cual, en la especie se surte el requisito específico de procedibilidad a que se refiere el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Que la reparación solicitada sea factible, material y jurídicamente. La reparación solicitada por los institutos políticos promoventes, es material y jurídicamente posible dentro de los plazos establecidos, en razón de que los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa iniciarán sus funciones el próximo uno de enero de dos mil catorce, en términos de lo establecido en el artículo 112, primer párrafo, de la Constitución Política de la entidad referida.

B. Respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano acumulado SG-JDC-167/2013.

I. Forma. El escrito de demanda, cumple a cabalidad los requisitos enunciados en el artículo 9 de la ley de la materia, toda vez que, según se aprecia de las constancias que obran en el expediente, fue presentado por escrito, ante la autoridad señalada como responsable; asimismo, se hizo constar el nombre y firma autógrafa de la ciudadana actora –Cleofas Elina Benítez Ibarra–, el domicilio para oír y recibir notificaciones, los hechos en que basa su pretensión, los preceptos presuntamente violados y las pruebas que estimó pertinentes.

II. Oportunidad. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano fue presentado dentro del plazo legal previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la resolución impugnada se emitió con fecha tres de agosto de  dos mil trece, y la actora manifiesta haber tenido conocimiento del acto controvertido el día cinco siguiente, y la demanda la presentó el siete de agosto de la propia anualidad, por lo cual, al no existir otro medio de prueba que desvirtúa sus afirmaciones, se tiene por cierta la fecha en la cual dice haber conocido el acto controvertido.

III. Definitividad. El requisito de definitividad se encuentra satisfecho, ya que en términos de los artículos 201, 231 y 232 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, la resolución combatida y recaída al juicio de inconformidad local que confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de Ahome, en la entidad referida, es definitiva y puede ser cuestionada únicamente ante este órgano jurisdiccional, a través del medio de impugnación que ahora se resuelve.

IV. Requisitos especiales de procedibilidad. De conformidad con el artículo 79, párrafo 1 de la legislación adjetiva electoral federal, así como el criterio sostenido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 2/2000, de texto:

“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual; y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo “cuando”, contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que está empleado como adverbio de tiempo y con el significado de “en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que”, pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis, como son la no obtención oportuna del documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes; el hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, luego de haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior; una vez que se considere indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; al momento en que estime que se violó su derecho político-electoral de ser votado, con la negación de su registro como candidato a un cargo de elección popular, propuesto por un partido político; al conocer la negativa de registro como partido político o agrupación política, de la asociación a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, si consideran indebida tal negación; y al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80.”[12]

Según se aprecia de lo anterior, para la procedencia del presente medio de impugnación, es necesaria la actualización de los siguientes requisitos:

1. Que sea promovido por un ciudadano mexicano.

2. Que presente la demanda por su propio derecho o a través de su representante legal.

3. Que se hagan valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, así como de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

En ese tenor, se tiene por satisfecha la primera de las condiciones requeridas, ya que de autos se advierte que la promovente es ciudadana mexicana.

Por otra parte, la actora Cleofas Elina Benítez Ibarra, presentó la demanda por derecho propio, lo que conduce a tener por cumplido el segundo de los requisitos enumerados.

Además, en la citada demanda se aprecia que la impetrante aduce una violación a su derecho político-electoral de ser votada y ocupar un cargo de elección popular, específicamente al de regidora postulada por el Partido Movimiento Ciudadano para integrar el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

Aunado a lo anterior, la ciudadana actora de conformidad se encuentra en aptitud de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que constituye el acto reclamado en la presente instancia, habida cuenta que ha sido reconocida la posibilidad de que los ciudadanos controviertan directamente los acuerdos de asignación emitidos por órganos electorales, federal o locales, o de manera indirecta, si se controvierten las sentencias de tribunales estatales electorales dictadas en los medios de impugnación locales que confirman o revocan los acuerdos de asignación.[13]

Tiene aplicación la Jurisprudencia 36/2009 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:

“ASIGNACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.—Una interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, párrafo segundo; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, 79 y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conduce a considerar que la asignación por el principio de representación proporcional, sí es impugnable por los candidatos postulados a cargos de elección popular bajo dicho principio, cuando consideran que de haberse aplicado correctamente las reglas y fórmulas del procedimiento respectivo, habrían obtenido una constancia de asignación de diputado federal, diputado local o regidor, por el principio de representación proporcional. De lo contrario, quedarían en estado de indefensión, al estar supeditados a la voluntad del partido o coalición que los postuló respecto a la decisión de combatir un acto que les perjudica directamente.”[14]

Lo anterior, conlleva a tener por colmado la exigencia señalada, pues éste se traduce únicamente en la obligación que recae sobre el justiciable de identificar en su escrito de demanda, las presuntas violaciones a sus derechos político-electorales.

Consecuentemente, al cumplirse los requisitos de procedencia y de procedibilidad de los medios de impugnación que se resuelven, y de que en la especie no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo conducente es estudiar los agravios expresados por los actores.

SEXTO. Síntesis de agravios.

Del escrito de demanda del expediente SG-JRC-51/2013 promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, se desprenden, esencialmente, los siguientes agravios:

1° Que fue indebida y carece de la fundamentación y motivación la sentencia impugnada, debido a la adopción del criterio de asignación de regidores por el principio de representación proporcional en el expediente SUP-JRC-443/2004, limitándose a repetirlo, sin señalar, hacer suyos, razonar, ponderar o considerar los argumentos utilizados por la referida sentencia que sirviera de real soporte o sustento de lo resuelto, pues omitió expresar las razones de la congruencia de los artículos 9, 13 y 14 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, cuando existe una antinomia o incongruencia entre lo contenido en esos preceptos.

2° Que la sentencia combatida no guarda una relación entre lo pedido en la demanda primigenia y lo resuelto, porque no hubo un ejercicio de interpretación conforme a la Constitución General de la República, particularmente el artículo 41, que dispone la naturaleza y fines de los partidos políticos, generando una falta de exhaustividad en la resolución, pues el precedente citado de la Sala Superior, emitido hace nueve años, no es suficiente para estudiar todos y cada una de las pretensiones como son: arribar a una conclusión distinta con una interpretación conforme; incongruencia entre los artículos 9, 13 y 14 de la legislación local; y si era necesario arribar a una nueva interpretación o reflexión para superar dicho precedente.

Del escrito de demanda del expediente SG-JDC-167/2013, incoado por Cleofas Elina Benítez Ibarra, se desprende esencialmente, como agravio, el siguiente:

        Que la asignación realizada por el tribunal local viola su derecho político-electoral de ser votada, pues el estudio abordado por la responsable impide al partido que la postuló (Movimiento Ciudadano), alcanzar el dos por ciento de la votación total para alcanzar una regiduría por el principio de representación proporcional, siendo ella quien la hubiera integrado. Lo anterior, porque debió considerar la votación municipal efectiva como el piso mínimo para asignar regidurías bajo ese principio. En ese sentido, el tribunal responsable realizó una interpretación formalista que limitó su derecho humano a ser votada, pues la supuesta contradicción entre los numerales 9, 13 y 14 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa es superable acudiendo a una interpretación garantista y extensiva de los derechos políticos de los candidatos postulados por los partidos, por lo cual la Sala Regional debe atender al principio pro personae y realizar la asignación de regidores por el principio de representación proporcional como se expone en la demanda.

Por último, del escrito de demanda del expediente SG-JRC-54/2013, promovido por la Coalición “Unidos Ganas Tú”, se desprenden, esencialmente, los siguientes agravios:

1° Que el tribunal responsable desestima indebidamente el contenido de su agravio TERCERO de la demanda primigenia (violación de principios constitucionales), pues se limitó a resolverlos de manera general y sin vincular en su conjunto cada uno de los hechos y agravios planteados.

2° Que se realizó una valoración indebida de las pruebas aportadas, relativas a: a) La propaganda en el transporte público, y el impacto sobre los votantes, pues la responsable realiza un análisis individual y desvinculado de la solicitud planteada, y aun cuando no se haya acreditado plenamente la ruta que estos siguieron debió considerar que sí influyó en los electores, pues existió la propaganda y se difundió en demasía a favor del candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” por la difusión de las rutas de camiones; b) El uso de programas sociales como reparto de útiles a favor del candidato de la citada coalición; c) La continuación de conductas sancionadas por actos anticipados de precampaña derivadas de quejas ante el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa por parte del candidato aludido; d) De los eventos públicos de siete y veintidós de junio de este año, con la aparición del Gobernador del Estado de Sinaloa, y diversos funcionarios, con el candidato referido, respectivamente; todo lo cual evidencia la falta de equidad, el desvío de recursos públicos y el incumplimiento a la prohibición de servidores públicos de asistir a eventos de este tipo durante el periodo de campaña.

3° Que el incumplimiento de lo previsto en el artículo “46 D” (sic) de la Ley Electoral de Estado de Sinaloa debió ser considerado grave, ante la sola omisión de su realización. Relacionado con ello, sí se demostró una cobertura inequitativa del periódico “El Debate”, con un número más alto de apariciones, por lo que existió inequidad en ese diario, de ahí que se afirme la inequidad en la contienda electoral; además, de que diversas encuestas publicadas revelaron un resultado diferente al del cómputo de la elección, por lo que tenían carácter propagandístico, sin que se haya realizado un análisis correcto de lo invocado en el escrito primigenio, aunado que a pesar de indicar la autoridad responsable que fueron registradas ante el consejo estatal, no basta para considerarlas válidas, pues no se argumenta la metodología utilizada ya que no se encuentran ajustadas al marco legal. También, el tribunal responsable no valora ni da importancia al análisis de las entrevistas señaladas en la demanda, junto con las pruebas atinentes, pues debió considerarlas auténticas y suficientes, máxime que no fueron desvirtuadas; realizándose, a su vez, una indebida valoración de las pruebas de notas periodísticas de Internet que demuestran la inequidad en la elección.

4° Que existe una indebida valoración de la propaganda electoral distribuida en la envoltura para tortillas, durante el período de veda electoral, pues las pruebas no se referían a un sólo lugar sino que fue generalizado.

5° Que pese a quedar acreditada la propaganda con el símbolo “:D”, en el programa televisivo “México Baila”, y el logo de la coalición ganadora de la elección en un calzoncillo de un boxeador, durante la transmisión de una pelea de box en el programa “Sábados de Corona”, realizada en tiempos prohibidos por la ley, con una desventaja para el candidato impugnante, difundiéndose a muchos ciudadanos, siendo sus conductas graves para el desarrollo del proceso electoral, al efectuarse sin la autorización del órgano competente, resultando contraventora a los principios de equidad, la responsable determina no tomar en cuenta lo anterior para acreditar la nulidad por violación de principios constitucionales; aunado a que la prueba documental de la empresa “IBOPE AGB MÉXICO, S.A. DE C.V”, sí aportó información y cifras del municipio de Ahome, siendo determinante ante la diferencia obtenida entre el 1er. y 2do. lugar de las fuerzas políticas participantes.

6° Que contrario a lo resuelto por la responsable, existen errores en el cómputo de 8 casillas y falta de exhaustividad en su estudio, por lo que debió de anularse la votación recibida en las mesas receptoras 5 básica, 8 básica, 59 básica, 89 básica, 136 básica, 401 básica, 419 básica y 440 básica.

7° Que por el cúmulo de irregularidades cometidas se acreditó la violación de principios constitucionales, ya que: en las quejas electorales se acreditó la realización de actos anticipados de campaña, indebidamente desestimados por considerarse hechos aislados; el tribunal desestima sus propias sentencias invocadas, por considerarlas hechos aislados; se expresó la preferencia del Gobernador del Estado en el evento del periódico “El Debate”, durante la campaña electoral; se difundió propaganda en el período de veda electoral con las transmisiones de televisión y la distribución de tortillas con envolturas propagandísticas de Arturo Duarte; hubo una suspensión ilegal de la sesión de cómputo municipal; difusión de propaganda electoral a través de unidades de transporte urbano; simulación de propaganda con la difusión de encuestas; existieron publicaciones con mayor cantidad de notas para el candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa”; se acreditó la determinancia cualitativa de la violación a principios, y cuantitativa en relación con los votos nulos, el impacto de las transmisiones televisivas, los ejemplares del periódico “El Debate” de 8 de junio de dos mil trece, donde circuló la fotografía del Gobernador del Estado con el candidato “Arturo Duarte”, los 170 camiones del servicio urbano y sus pasajeros; respecto a la acreditación de lo anterior, el tribunal lo reconoce y después señala que no hay elementos; no fue exhaustivo y congruente el tribunal al momento de la emisión de la sentencia para determinar la existencia de elementos objetivos para declarar la nulidad de la elección, pues debe de tomarse en cuenta que fueron infracciones acreditadas a dicho del propio tribunal; que se debe tener en cuenta el precedente contenido en el expediente ST-JRC-117/2011, la nulidad de elección, invocando la causal abstracta y el caso Yurécuaro; y señala que el tribunal fue omiso en analizar la inconstitucionalidad del sistema de nulidades previsto en los artículos 211 y 212 de la ley electoral local, por lo que debe procederse a decretar la inaplicación de artículo 212 y declarar la nulidad de elección por la violación antes dicha.

La síntesis realizada se puede esquematizar así:

Por otra parte, al momento de estudiarse los agravios no necesariamente se examinarán éstos tal y como fueron expresados, sino que podrá ser en forma conjunta o separada, sin que ello irrogue lesión a los promoventes, pues lo importante es que no dejen de ser analizados, cuenta habida que con ello se atiende sus pretensiones jurídicas deducidas de los hechos, motivos de reproche, argumentos y pruebas aportadas en el sumario, determinándose en su caso su efectividad.

A lo anterior se adecua en términos de lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, bajo el rubro y texto:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.”[15]

SÉPTIMO. Fijación de la litis y metodología.

De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la máxima autoridad en la materia y órgano especializado del Poder Judicial Federal, y dentro de sus atribuciones está la de velar porque todos los actos y resoluciones en materia electoral, que emitan las autoridades federales y las de los Estados, se apeguen invariablemente al principio rector de constitucionalidad, esto es, que sus determinaciones estén investidas del fundamento y motivación atinente acorde con el principio de legalidad.

En atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es aplicable el principio de suplencia en la deficiencia u omisiones de los agravios; sin embargo no lo será en los juicios de revisión constitucional electoral, en tanto que se está ante medios de impugnación de estricto derecho que impide a este órgano jurisdiccional electoral suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, cuando los mismos no pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, de la expresión de su causa de pedir, o de la ubicación del agravio en alguna parte de su demanda, permitiéndose al tribunal del conocimiento, únicamente, resolver con sujeción a los agravios expuestos, siguiendo las reglas establecidas en el Libro Cuarto, Título Único de la ley mencionada.

Encuentra soporte lo expuesto en los criterios jurisprudenciales 3/2000 y 2/98, cuyos textos son:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.”[16]

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.”[17]

Si bien es cierto que se ha admitido que la expresión de agravios puede tenerse por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, también lo es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que con tal argumento expuesto por el demandante, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables.

De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha expresión de agravios no debe cumplirse en forma inamovible, los agravios que se hagan valer en el juicio de revisión constitucional electoral sí deben ser, necesariamente, argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver.

En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala Superior de este Tribunal, los motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver, esto es, se tiene que hacer patente que los argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme con los preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho.

Al expresar cada agravio, los actores deben exponer las argumentaciones que consideren convenientes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado.

En este contexto, los agravios que dejen de atender tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus puntos esenciales la resolución impugnada dejándola, en consecuencia, intacta.

Por tanto, cuando los impugnantes omitan expresar argumentos debidamente configurados, en los términos anticipados, los agravios deben ser calificados como inoperantes ya porque se trate de:

1. Una simple repetición o abundamiento respecto de los expresados en la instancia anterior;

2. Argumentos genéricos, imprecisos, unilaterales y subjetivos de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir;

3. Cuestiones que no fueron planteadas en los juicios electorales cuyas resoluciones motivaron los Juicios de Revisión Constitucional Electoral que ahora se resuelven;

4. Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la responsable que son el sustento de la sentencia ahora reclamada; y

5. Argumentos ineficaces para conseguir el fin pretendido.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los agravios es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de las resoluciones controvertidas, porque tales agravios no tendrían eficacia para anularlas, revocarlas o modificarlas.

Por ende, en el presente caso, al estudiar los conceptos de agravio, se aplicarán los señalados criterios para concluir si se trata o no de planteamientos que deban ser desestimados por inoperantes.

En consecuencia, a raíz de los agravios planteados de los medios de impugnación acumulados, se advierte que la litis a dilucidar tiene dos vertientes a saber:

a)     La que se relaciona con el contenido de las demandas de los juicios SG-JDC-167/2013 y SG-JRC-51/2013, que versan sobre la temática de la asignación de regidores por el principio de representación proporcional en el municipio de Ahome, Sinaloa, realizada por el Consejo Municipal respectivo, y ratificado por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en la sentencia controvertida.

b)     La que se refiere al juicio de revisión constitucional electoral, identificado con la clave SG-JRC-54/2013, en el que la accionante invoca el indebido estudio de irregularidades ocurridas antes y durante el desarrollo de proceso electoral, así como el día de la elección y durante la etapa de cómputo de la elección; así como la valoración de las pruebas ofrecidas en el recurso local que a decir de la inconforme actualizarían la violación de principios constitucionales de la elección del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, que traería como consecuencia, la nulidad de la elección.

Aspectos que valorados llevarían a esta Sala Regional determinar si la resolución de la autoridad responsable de tres de agosto de dos mil trece, es acorde a los principios de constitucionalidad y de legalidad que rigen la materia electoral, en cuyo caso tendría que ser confirmada, o si por el contrario, vulnera dichas bases y, en consecuencia, debiera ser revocada o modificada.

En ese orden de ideas, primero se abordará el estudio de los agravios planteados en el último medio de impugnación citado, en el que en esencia se plantea la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, pues en caso de que se accediera a lo pretendido por la Coalición “Unidos Ganas Tú” se decretaría la nulidad de la elección, cuya circunstancia haría que los agravios que esgrimieron, respectivamente, el Partido Movimiento Ciudadano y Cleofas Elina Benítez Ibarra, de la asignación de regidores por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, resultarían inatendibles, pues los mismos dependen de la propia validez de la elección; de modo que, sólo para el caso de no prosperar lo reclamado en dicho juicio de revisión constitucional electoral, se procederá al estudio de los agravios contenidos en los dos restantes medios de impugnación.

Por otra parte, cabe señalar que para una mejor comprensión del presente asunto, dada su complejidad, se estimó necesario abordar su análisis, primero, por temas individuales en cuyos apartados se transcribirán los términos literales como se planteó la litis respectiva en el recurso de inconformidad local; la respuesta que al respecto amerito del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en la sentencia que constituye el acto reclamado; y por último, de los agravios que hace valer ante esta instancia federal, para después proceder al análisis y resolución de los aspectos controvertidos.

Es importante establecer que esta metodología no depara perjuicio a los promoventes, cuenta habida que con ello se atiende su pretensión jurídica deducida de los hechos, agravios, argumentos y pruebas aportadas a los sumarios, determinando en su caso su asertividad.

OCTAVO. Estudio de los agravios expuestos en el expediente SG-JRC-54/2013 promovido por la Coalición “Unidos Ganas Tú”.

En principio de cuentas, es importante referir que se analizarán los agravios, según se indicó, de forma diversa a como fueron expuestos. Aunado a lo anterior, debe señalarse que lo no controvertido por la actora respecto a la resolución impugnada, ha quedado firme al ser consentido tácitamente por la impugnante.[18]

A. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 212 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA.

Primero se abordará la solicitud de inaplicación esgrimida en la parte final de la síntesis de agravios 7°. 

La Coalición “Unidos Ganas Tú” señaló en su demanda primigenia lo siguiente:

“TERCERO.- (…).

CUESTION (sic) PREVIA

Como Cuestión (sic) de previo y especial pronunciamiento dado que el presente recurso que se intenta, entre otras causales por la denominada abstracta; y dado que la doctrina respecto a dicha causal señala que: (Se trascribe), por lo que respetuosamente solicito a este Tribunal Estatal Electoral se exceptúe a la Coalición que me honro en representar de la presentación del respectivo Escrito de Protesta, dado que dicha causal no se relaciona con casilla alguna en lo particular, sino con la totalidad de la elección.

El artículo 227 in fine de la Ley Electoral del Estado prevé: (Se transcribe). Énfasis añadido.

A su vez, artículo 232 del propio Código Comicial del estado establece que: (Se transcribe).

Artículo que guarda evidentemente íntima relación con el respectivo 212 de la misma ley comicial que literalmente reza: (Se transcribe).

De lo anterior, en forma equívoca se pudiera inferir que para impugnar elección alguna, ésta procederá, si y sólo si; (sic) las causales invocadas por la Coalición recurrente previstas en el artículo 211 de la Ley de la Materia y validadas por la autoridad resolutora; se presentasen en por lo menos el 20% veinte por ciento de las casillas del distrito de que se trate; lo cual obligaría a dicha Coalición recurrente a impugnar dentro del recurso respectivo, casilla por casilla, para así alcanzar el porcentaje requerido y acceder a la posibilidad de la nulidad de la elección.

Sin embargo, de una interpretación teleológica, sistemática y funcional de la ley de la materia, se puede arribar a la conclusión de que, además de las causales de nulidad previstas en el precitado artículo, existe una más, siendo ésta la que contempla el artículo 227, pero en su parte inicial, misma que se reprodujo líneas arriba.

Causal también de las denominadas “Abstracta”, pero con especto a la totalidad de la elección, y no con respecto a tan sólo las casillas instaladas para la recepción del sufragio, como lo prevén los tres artículos citados con anterioridad a este último trascrito.

Dicho de otro modo, si bien los artículos 212, 227 in fine y el correlacionado 232, obligan a la autoridad resolutora a que cuando emita su sentencia respecto a (sic) juicio de inconformidad alguno planteado a su consideración; en caso de acceder a la nulidad de la elección solicitada, lo haga con respecto a casillas por ella analizadas de cada uno de los recursos de inconformidad impugnando los cómputos de los 24 distritos electorales; o con respecto a la totalidad de la elección de cada uno de los 24 distritos y a la elección estatal en su conjunto, de acuerdo a lo señalado por la ley de la materia.

Así las cosas y como lo mencioné, el precitado artículo 227 en su parte inicial contempla la posibilidad para los partidos participantes en una contienda de interponer el Recurso de Inconformidad en contra de la elección de presidente municipal en su totalidad; razón por la cual al ser éste uno de dichos supuestos solicito a esta Autoridad Superior, declare la inaplicabilidad de los artículos 212 y 232, en la parte respectiva que la obliga a acceder a la nulidad de la elección planteada cuando se presenten irregularidades en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate; para que se pueda determinar de igual manera la nulidad de la elección cuando se presenten irregularidades en cualquier momento del proceso electoral, independientemente de que éstas afecten a la votación recepcionada en las casillas, bastando sólo con afectar al proceso electoral en su conjunto. Ello con el fin de que este Tribunal se encuentre en posibilidades de determinar la nulidad de la elección en el Municipio de Ahome cuando se presenten violaciones sustanciales, genéricas, graves y determinantes en cualquier momento del proceso electoral, y no solamente durante la Jornada Electoral o en las actas de escrutinio y cómputo; como en forma limitativa pareciera que lo contempla la Ley Electoral del Estado.

Ahora bien, si lo anterior resultara insuficiente, me permito remitirme a la siguiente tesis de relevante emanada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su Tercera Época, la actual, reza en forma literal:

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco).- (Se transcribe).

Solicitando respetuosamente su aplicación, dado que en el caso que nos ocupa se presentan supuestos similares a aquellos que dieron vida a la tesis relevante señalada, generándose por ende causal abstracta de nulidad.”

El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa determinó:

“Ahora bien, en virtud de que la coalición actora demanda, a través del recurso de inconformidad que se resuelve, la nulidad de elección del municipio de Ahome, Sinaloa, por violación de principios constitucionales y no la nulidad de elección por la causal prevista en la fracción I del numeral 212 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, solicita a este órgano jurisdiccional, en el propio agravio que se examina, la inaplicación de los artículos 212, fracción I, y 232, ambos de la ley electiva local. El primero, en la parte relativa a la hipótesis que actualiza la causa específica de nulidad de elección en un distrito electoral o en un municipio, esto es, cuando se nulifiquen por lo menos el veinte por ciento de las casillas de una elección; el segundo, por lo que hace a la hipótesis normativa para que el Tribunal Estatal Electoral esté en aptitud, al dictar sentencia en los recursos de inconformidad que se le planteen, de declarar la nulidad de elección municipal cuando se actualice alguna de las causas de nulidad previstas en el artículo 212 de la citada ley electoral.

Este órgano jurisdiccional considera improcedente la inaplicación de las citadas disposiciones legales por las razones siguientes:

El sistema de impugnaciones de la materia electoral, previsto en el orden jurídico local, regula diversas causas de nulidad que, al actualizarse su presupuesto normativo, tienen como efecto afectar la votación recibida en una o varias casillas y declarar, según sea el caso, la nulidad de una elección (artículo 210 de la Ley Electoral de Sinaloa).

El numeral 211 de la ley mencionada establece las diferentes causales específicas que pueden afectar los votos recibidos en casilla, como son: (Se transcribe).

Para el caso de la nulidad de elección en un distrito electoral uninominal o en un municipio, el artículo 212 de la ley de la materia prevé tres distintos supuestos para tener por actualizada dicha causa de nulidad: (Se transcribe).

Como puede apreciarse, las fracciones I y II citadas en el párrafo anterior establecen causas específicas por las cuales puede declararse la nulidad de una elección, particularmente cuando se hayan nulificado al menos el veinte por ciento de las casillas de una elección o no se haya instalado el mismo porcentaje de casillas en la jornada electoral, y la fracción III regula una causa genérica de nulidad de elección por violencia generalizada.

En el agravio que se estudia, la coalición recurrente demanda a este órgano jurisdiccional la inaplicación de la fracción I del artículo 212 de la ley electoral local, pues, afirma, su pretensión es la nulidad de la elección municipal de Ahome, Sinaloa, por violación de principios constitucionales que rigen el proceso electoral y no la nulidad de elección por haberse afectado por lo menos el veinte por ciento de las casillas de dicha elección; por lo que, a juicio de la impugnante, no le es exigible la acreditación de irregularidades en ese porcentaje de casillas de la elección recurrida.

En concepto de este Tribunal es improcedente inaplicar la porción normativa referida, en virtud de que, como lo reconoce la propia coalición impugnante en su recurso de inconformidad, no se pretende en este asunto la nulidad de la elección por haberse nulificado al menos el veinte por ciento de las casillas de la elección, sino porque se transgredieron, según la actora, los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad. En consecuencia, si la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 212 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa no aplica al caso concreto, resulta improcedente inaplicarla, pues no puede inaplicarse lo que en principio no es aplicable a la controversia planteada.

El razonamiento anterior vale igualmente respecto de la inaplicación, también solicitada, del artículo 232 de la ley electiva local, en el que se enumeran los efectos que tendrán las sentencias del Tribunal Estatal Electoral recaídas a los recursos de inconformidad, en cuya fracción V se establece como uno de los efectos (sic) (Se transcribe).

Conforme con lo expuesto, y en razón de que la parte actora, en el recurso de inconformidad que se resuelve, no demanda la nulidad de la elección del municipio de Ahome, Sinaloa, por alguna de las causas de nulidad previstas en los artículos 212 y 213, resulta improcedente inaplicar el citado numeral 232, en su fracción V, ya que no es aplicable al caso concreto en el que se solicita la nulidad de una elección por violación de los principios constitucionales que rigen el proceso electoral, hipótesis que no está contenida en los artículos 212 y 232 de la ley electoral local, sino que es resultado, en todo caso, de una interpretación normativa que corresponde a los tribunales electorales que gozan de plena jurisdicción.

Una vez analizada la solicitud de inaplicación de los artículos 212 y 232, en sus porciones normativas correspondientes, de la Ley electoral del Estado de Sinaloa, este órgano resolutor destaca las siguientes aseveraciones que la coalición impugnante expone en su agravio Tercero: (Se trascribe).

En su agravio contenido en la demanda de juicio de revisión constitucional, la actora señala:

“V. Inconstitucionalidad del artículo 212 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa.

Como se hizo valer en el recurso de inconformidad primigenio, se planteó la inaplicación del artículo 212 de la Ley Electoral del estado de Sinaloa, por argumentarse la inconstitucionalidad del mismo, en razón de que las causales específicas de nulidad de la elección resultan insuficientes para garantizar la constitucionalidad de las elecciones en la vertiente de proteger los principios constitucionales de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad y libertad de sufragio previstos en los diversos artículos 41, 116 y 134 constitucionales.

Dichas nulidades legales de la elección de mérito, fueron descritos en la resolución impugnada por el Tribunal a qua del siguiente modo: (Se transcribe).

Como se puede advertir el Tribunal a qua fue omiso en analizar la constitucionalidad del sistema de nulidades previsto en los diversos artículos 211 y 212 de la Ley Electoral de Sinaloa, por tanto a la luz de las consideraciones expuestas en el recurso de inconformidad primigenio y reiteradas medularmente a continuación:

1) Aplicando análogamente el razonamiento lógico jurídico que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esgrimió en los casos previamente aludidos, en el sistema legal de nulidades del Ley Electoral del estado de Sinaloa se puede establecer un distingo, en atención a su extensión, de dos órdenes de causales de nulidad.

2) El primero está compuesto por causales específicas, que rigen la nulidad de la votación recibida en casillas, respecto a cualquier tipo de elección, así como la nulidad de las elecciones de diputados de mayoría relativa y de presidentes municipales y regidores; previsto en el artículo 211 de la citada Ley Electoral; y el segundo integrado por tres categorías específicas de nulidad de la elección, previstas en el artículo 212 de la precitada Ley, cuyo contenido debe encontrarlo el juzgador en la configuración de los supuestos legales señalados en dicho precepto.

3) Las causales previstas en el artículo 212 resultan insuficientes para garantizar la vigencia de los principios constitucionales que rigen el proceso electoral en Sinaloa señalados en los artículos 15 y 16 de la Constitución del Estado de Sinaloa en correlación con los diversos artículos 41, 116 y 134 de la Constitución Federal.

4) Lo anterior, derivado de que las tres causales previstas en el artículo 212 no garantizan que se proteja la imparcialidad en las conductas y expresiones de los servidores públicos en el proceso electoral, el uso de los recursos públicos de manera imparcial, la libertad de sufragio emitido, el principio de legalidad en materia electoral en la vertiente de acatar estrictamente los términos de difusión de la propaganda electoral y el acceso equitativo a los medios de comunicación.

5) En consecuencia, se solicita la inaplicación del citado artículo 212 por la inconstitucionalidad de su texto en razón de que resulta contrario a los principios de legalidad y certeza jurídica en materia electoral en razón de que son insuficientes para garantizar la voluntad democrática expresada en las urnas, así como, que los actos de los candidatos y partidos políticos durante el proceso electoral se ajusten a los principios democráticos previstos en las disposiciones constitucionales previamente invocadas.

Derivado del análisis previamente expuesto, es relevante mencionar que esa Sala Regional deba declarar la inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 212· de la Ley Electoral del estado de Sinaloa por las consideraciones vertidas previamente, y proceda a declarar la nulidad de la elección de mérito por violaciones a principios constitucionales invocados.”

Esta Sala Regional considera infundado en parte e inoperante por lo que atañe al resto, el agravio de mérito.

Lo infundado deriva en que, contrario a lo expuesto por la accionante, de la lectura de la parte de la resolución antes transcrita, se advierte que el tribunal responsable sí analizó el planteamiento relativo de inconstitucionalidad de los preceptos atinentes al sistema de nulidades previsto en la legislación electoral sinaloense, cuando sea afectada la votación recibida en casilla o la nulidad de una elección, transcribiendo los artículos referentes al tema, sin que se controvierta lo idóneo o no de dicho aserto.

Relacionado con lo anterior, es inoperante el planteamiento relativo, en la medida de que no se ataca la razón toral por la que la responsable desestimó su pretensión, a saber, en la que el tribunal local señaló que serían válidas las elecciones en el Estado de Sinaloa si se preservaba el contenido esencial de los principios consagrados en las disposiciones constitucionales y legales mencionadas,[19] y que por el contrario, si el contenido esencial de los referidos principios se inobservaba en el proceso electoral en forma grave, generalizada y determinante para el resultado de una elección, podía conducir a la nulidad de elección por violación a los principios constitucionales que rigen los procesos electivos en Sinaloa; así como la diversa razón que hizo consistir en que si la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 212 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa no aplicaba al caso concreto, resultaba improcedente inaplicarla, pues no podía inaplicarse lo que en principio no era aplicable a la controversia planteada; es evidente que deja incólume estos dos razonamientos torales realizados por la responsable para desestimar su petición de inaplicación, al no controvertir de forma integral esas consideraciones, pues en todo caso estaba obligada a precisar cuál fue el acto de aplicación del artículo, o si se estaba ante una omisión legislativa y era necesario configurarla, o qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulneran los invocados en su demanda.

Es orientadora a lo anterior, por las razones que la contiene, la tesis 36, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida.”[20]

Por último, resultan inoperantes los motivos de agravio consistentes en señalar la insuficiencia de artículo 212 en comento para garantizar la imparcialidad de conductas y expresiones de servidores públicos, uso de recursos públicos, libertad de sufragio, etcétera, para garantizar la voluntad democrática expresada en las urnas, contenidos en los incisos 4) y 5) de su disenso, según se aprecia de la transcripción realizada, toda vez que no fueron invocados en la instancia primigenia para su análisis, el cual resultan hechos novedosos.

Al no ser el juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación a través del cual se permita renovar o ampliar la instancia local, mediante la formulación de conceptos novedosos, es decir, que se refieran a cuestiones que se hayan dejado de argüir ante la autoridad electoral estatal, pues es un medio de control de la legalidad y la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades locales, tratándose aquellos fallos emitidos jurisdiccionales, al resolver un recurso previsto por la legislación local, las sentencias respectivas deben analizarse a la luz de los agravios argüidos en la instancia federal, con base en la litis planteada ante el juzgador local, de la cual no forman parte las cuestiones que dejaron de ser alegadas en ésta.

Al respecto, es ilustrativa la tesis VI.2o.A. J/7, con el siguiente contenido:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL; Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas.“[21]

Es preciso señalar que, si bien es cierto, el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa es un órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en su materia y tiene competencia para resolver en forma definitiva y firme las impugnaciones que se hagan en proceso electoral o no, garantizando que en los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad, también lo es que realizó una interpretación consistente en tornar viable un control de los actos electorales tomando en cuenta los principios constitucionales contenidos en su propia Ley Fundamental, similares a los de la Carta Magna.

En ese sentido, su actuar (no controvertido ante esta instancia constitucional electoral), se realizó en apegó a lo previsto por la Constitución Federal, en su numeral 116, fracción IV, estimándose más apropiado lo previsto en el inciso m), de dicho precepto, consistente en que las constituciones y leyes de las entidades federativas en materia electoral, deben establecer las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos.

Atento al artículo 99, cuarto párrafo, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, en vigor a partir del día siguiente, prevé que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo podrán declarar la nulidad de una elección por causas expresamente previstas en la ley.

La interpretación de tal disposición constitucional, por la Sala Superior, era en el sentido de que únicamente se pueden estudiar conceptos de agravio expresados en las demandas, dirigidos a reclamar la nulidad de una elección, cuando esos supuestos de invalidez estuvieran previstos en la ley aplicable.

En ese orden de ideas, se había determinado que los planteamientos en los cuales los actores tengan como pretensión la nulidad de una elección, por una causal diversa a las literalmente previstas en la ley, como la que se había dado en llamar “causal abstracta”, se deben resolver como inoperantes, ante la imposibilidad constitucional de abordar su estudio.

Sin embargo se debe advertir que tales planteamientos no deben ser rechazados a priori, por inoperantes, con base en la sola circunstancia de que se trata de irregularidades que no estén previstas literalmente en normas secundarias, como causa de invalidez de la elección.

La disposición contenida en el citado artículo 116, fracción IV, inciso m), de la Constitución Federal, impone a los tribunales electorales el deber jurídico de no declarar la nulidad de una elección, a menos que sea por las causas expresamente previstas en la ley, de modo que si un determinado hecho no se subsume en la hipótesis establecida como causal de nulidad o, en términos generales, como un acto contrario a la normativa jurídica, la elección respectiva, no puede ser privada de sus efectos jurídicos.

No obstante lo expuesto, es deber de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantizar que los procedimientos electorales se ajusten, no solo al principio de legalidad, sino también al de constitucionalidad, de modo que cuando hagan un estudio para verificar que en un procedimiento electoral, en específico, si se cumplieron o no los principios constitucionales, podrá determinar si la elección es válida o no, con todas sus consecuencias jurídicas.

En efecto, ha sido de la Sala Superior de este Tribunal, que puede ser causa de nulidad de una elección, la conculcación de determinados principios constitucionales o la vulneración de ciertos valores fundamentales, constitucionalmente previstos, tutelados e indispensables, para que se esté o no en presencia de una elección libre y auténtica, de carácter democrático.

Este principio no es aplicable únicamente a las elecciones federales, sino también a las que se llevan a cabo en las entidades federativas y en los municipios de la República, como se desprende de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo segundo, y base V, párrafo primero, 99, párrafo cuarto, fracción IV, 115 y 116, fracción IV, incisos a), b), l) y m), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, normativa constitucional de la cual se concluye que toda elección tiene como eje rector el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos, aunado a que las autoridades electorales, federales y locales, rigen su actuación por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

De esta suerte, si se presentan casos en los cuales las irregularidades suscitadas en un procedimiento electoral son contrarias a una disposición o principio constitucional, evidentemente ese acto o hecho, puede afectar o viciar en forma grave y determinante al mismo procedimiento electoral en su conjunto, lo cual podría conducir a la declaración de invalidez de la elección, por ser contraria a la Norma Suprema de la Federación.

Si se llega a presentar esta situación, es claro que el procedimiento electoral sería inconstitucional y esa circunstancia devendría suficiente para tornarlo nulo, al contravenir el sistema jurídico constitucional, con lo cual no podría generar efecto válido alguno, ello –valga aclarar– con independencia de contenido de los preceptos de las legislaciones locales que establezcan causas específicas de nulidad de una elección como en el caso de los artículos 211 y 212 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, cuya declaratoria de inconstitucionalidad pretende la coalición actora.

Ahora bien, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas o principios constitucionales o normas secundarias, es necesario que esa violación sea determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección.

Igualmente, el demandante debe cumplir la carga procesal de ofrecer y aportar elementos de prueba, con los cuales acredite la veracidad de sus afirmaciones, relativas a la litis planteada en el caso particular.

En este sentido, la Sala Superior de este Tribunal no se ha limitado a considerar que una violación es determinante para declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla o la nulidad de una elección, a partir exclusivamente de un aspecto cuantitativo o aritmético, sino que también lo ha hecho con base en criterios cualitativos, los cuales atienden a la naturaleza, las características, rasgos peculiares o particularidades que reviste la violación o irregularidad reclamada, lo cual puede conducir a calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios constitucionales o la vulneración de ciertos valores fundamentales, constitucionalmente previstos, tutelados e indispensables, para arribar a la consecuente conclusión de que se está o no en presencia de una elección libre y auténtica, de carácter democrático.

Aunado a lo anterior, la Sala Superior de este Tribunal sostuvo, en las sentencias dictadas en los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves SUP-JRC-165/2008 y SUP-JRC-79/2011, que cuando se demande la declaración de nulidad de una elección, por violación a principios constitucionales, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

1. La exposición de un hecho que se considere violatorio de algún principio o precepto constitucional;

2. La comprobación plena del hecho que se reprocha;

3. El grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional ha producido en el desarrollo del procedimiento electoral, y

4. Demostrar que la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección de que se trata.

Con relación a los dos primeros requisitos, la Sala Superior de este Tribunal consideró que corresponde al enjuiciante exponer los hechos que, en su opinión, infringen algún principio o precepto constitucional, para lo cual debe ofrecer y aportar los elementos de prueba que considere pertinentes y necesarios para acreditar el hecho motivo de la violación constitucional.

En todo caso, una vez demostrado el hecho, que se aduzca contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Tribunal Electoral competente su calificación, para establecer si constituye o no violación a una norma constitucional.

Por otra parte, si bien es cierto que, en principio, corresponde al juzgador analizar objetivamente los hechos que han sido probados, para determinar el grado de afectación que haya sufrido el principio o precepto constitucional, también se debe precisar que ese análisis lo debe hacer a partir de los argumentos planteados por los justiciables, es decir, que también corresponde a éstos expresar los argumentos mínimos, de hecho y de derecho, por los cuales consideren que una violación existe y que es suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla o la nulidad de la elección.

Finalmente, para estar en aptitud jurídica de concluir si la infracción al principio o precepto constitucional resulta cualitativa o cuantitativamente determinante, a fin de declarar la nulidad de la elección de que se trate, se deben seguir las pautas contenidas en los criterios generalmente aceptados y sustentados por la Sala Superior de este Tribunal al respecto.

Con base en todo lo expuesto, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla o la nulidad de una elección, ya sea por la vulneración a normas o principios constitucionales o de normas secundarias, es necesario que la violación tenga carácter determinante, toda vez que sólo es posible declarar la nulidad por la transgresión grave, sistemática o generalizada, de las normas y principios que rigen al procedimiento electoral.

De no proceder así, se podría considerar que cualquier transgresión a la normativa constitucional y/o jurídica aplicable, por mínima que fuera, llevaría indefectiblemente a la declaración de nulidad de la votación o de la elección, según fuere el caso, con lo cual se afectaría el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, así como el voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad electoral, pues en todo caso, siendo que, en última instancia, no debe perderse de vista que la votación es el medio de expresión mediante el cual el pueblo designa a sus representantes en ejercicio de la soberanía que establece el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior ante la falta de regulación expresa sobre algún supuesto normativo local de nulidad por violaciones sustanciales que afecten a la elección, lo que se ha conocido como la causal genérica de nulidad, o bien, algún supuesto de violaciones de principios constitucionales.

En el caso, en el Estado de Sinaloa sólo se contempla la hipótesis contenida en el artículo 214 de su legislación electoral, que si bien no prevé la causal genérica da un parámetro a seguir sobre ese sentido, al señalar lo siguiente:

“Artículo 214.- Sólo podrá ser declarada nula una elección cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.”

En tal orden de ideas, para esta Sala Regional resulta claro, que para declarar la nulidad de una elección de acuerdo a la legislación electoral sinaloense, resulta necesario que converjan dos factores indispensables, primero el que la violación alegada esté plenamente acreditada y segundo, que ésta sea determinante para el resultado de la elección.

De igual forma se puede concluir que, al ser un requisito que la violación reclamada sea determinante para el normal desarrollo de un procedimiento electoral o para el resultado final de una elección, en los términos que se explicaron en los párrafos que anteceden, resulta innecesario que la normativa electoral ordinaria aplicable prevea esta circunstancia, es decir, que las violaciones sean determinantes, toda vez que ese requisito ya está contenido en el sistema electoral mexicano en su contexto, como en el particular sistema de nulidades en materia electoral de Sinaloa.

Por otra parte, es de agregarse que, dado el nuevo sistema de control de convencionalidad vigente en nuestro país, a raíz de la reforma del artículo 1° Constitucional, todas las autoridades, incluidos los jueces del país, se encuentran obligados a velar por el respeto de los derechos humanos, siendo uno de ellos la participación en los procesos democráticos, el acceso a la justicia y a los recursos idóneos para la defensa de sus derechos.

En consecuencia, un tribunal local se encuentra habilitado a ejercer un control de convencionalidad, tomando en cuenta el marco constitucional de nuestro país, para poder determinar el respeto a los principios contenidos para considerar a un proceso democrático como válido, atento a los derechos humanos de los votantes, tanto en su vertiente activa como pasiva, y a la eficacia de la participación democrática por conducto de asociaciones libres de ciudadanos (partidos políticos).

Sin embargo, ello deberá ser acorde a los propios fundamentos líneas atrás referidos, sin que proceda a ejercer un control concreto de constitucionalidad para la inaplicación de normas pero sí de convencionalidad para la eficacia de las mismas, debiendo ser acordes las acciones desarrolladas en una elección considerada democrática, contenidos no sólo en los instrumentos internacionales donde el Estado Mexicano forme parte sino de la propia Ley Fundamental del país.

En tal orden de ideas, como se ha precisado, reiterándose la falta de controversia al respecto, de forma básica pero suficiente, el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa desarrolló los puntos sobre los cuales apega su actuar respecto al estudio de causas de nulidad por violación de principios constitucionales, tomando en cuenta el marco jurídico local en relación con el federal, encontrándose implícitamente un control de convencionalidad del marco Supremo con relación a las bases de derechos humanos contenidos en una elección democrática.

B. TRANSPORTE PÚBLICO, PROPAGANDA, QUEJAS Y EVENTOS.

En otro orden de ideas, la síntesis de agravios identificada como 2°, abarca las siguientes temáticas invocadas por la coalición “Unidos Ganas Tú”: a) relativas a la propaganda en el transporte público, tomando también en cuenta los espectaculares, todo durante la campaña del candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”, b) reparto de útiles escolares aprovechando un programa gubernamental, c) reiteración de conductas sancionadas por dicho candidato, y d) dos eventos en los cuales apareció con funcionarios públicos; todas englobadas en la resolución de la responsable como “2) Violación al principio de equidad y uso de recursos públicos en período de campaña electoral”, la cual se agravia de valoraciones incorrectas de las pruebas aportadas y argumentos esgrimidos en la sentencia.

a) Propaganda en transporte y espectaculares. La accionante, en su demanda primigenia, esgrimió:

“Los recursos públicos nunca deben de estar sujetos a dadivas ni mucho menos a otorgarlos en beneficio de algún candidato o partido político, por lo que la equidad en la contienda debe ser una garantía para todos los actores políticos en cualquier contienda a nivel de que se trate, y cuando se trata de recursos públicos se hace más de observancia, así lo plasma el artículo 134 Constitucional que dice lo siguiente: (Se transcribe).

Ahora bien, de lo anterior se colige que las autoridades encargadas de proporcionar licitaciones, licencias y concesiones de cualquier índole, deben de ser tratadas con toda responsabilidad, por lo que causa agravio a la coalición y candidato que represento el hecho de que las autoridades de Vialidad y Transporte del Estado de Sinaloa le hayan otorgado una concesión a los particulares y estos se hayan adherido al Programa de Regulación de Transporte Urbano denominado “RED PLUS” y que consiste en diversas rutas teniendo en cuenta como condicionante que en las Unidades del Transporte Público Urbano de Pasajeros NO SE PUEDE ANUNCIAR PROPAGANDA DE TIPO ELECTORAL, mismo que se manifiesta en la gaceta oficial del Estado de Sinaloa Tomo XCVIII 3era Época Numero 38 de fecha viernes 16 de noviembre del año de 2007 en la cual se publica el acuerdo que Establece los Lineamientos para la Identificación de las Unidades Autorizadas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros incorporadas al Programa de Modernización del Transporte Urbano que en su artículo 10 señala: (Se transcribe).

De lo anterior se colige que las unidades de transporte Publico del municipio de Ahome Sinaloa han llevado desde el 8 de febrero de esta anualidad y hasta la actualidad, es decir durante toda la campaña y desde antes se difundió propaganda primero del aspirante a candidato Arturo Duarte García y ya en campaña de la coalición “Transformemos Sinaloa” y de su candidato el C. Arturo Duarte García consistente en publicidad móvil, provocando una ilegalidad y consecuentemente con ello la falta de observancia de la responsable en virtud de que dicha propaganda nunca fue retirada y los transgresores jamás fueron exhortados por la responsable para retirar dicha propaganda amen de ser indebida, esta situación dio mayores (elementos de difusión y propaganda además de notable ventaja al candidato Arturo Duarte García frente a los electores que viven en las colonias que recurren las rutas que comprenden diversas calles del ayuntamiento de Ahome, afectando y contaminando indebidamente el ambiente electoral en un área aproximadamente de 151 casillas las cuales son las siguientes: (Se transcribe) lo que hace un universo de 52,567 electores. Las pruebas consistentes de este agravio se anexan al capítulo que al efecto se señala con diversas fotografías, rutas, nombres de colonias por las que pasan, fotos documentadas y casillas que se tienen registradas en dichas colonias además de anexar una copia de la gaceta oficial del Estado de Sinaloa Tomo XCVIII 3era Época Numero 38 de fecha viernes 16 de noviembre del año de 2007. Situación que acreditamos con los elementos que se anexan al presente escrito en los ANEXOS A, B, C, D, Edel ORDINAL CUARTO.

También es de hacer notar que existieron diversos anuncios espectaculares en demasía, transgrediendo el principio de equidad y quedando pendiente la rendición de cuentas en materia de fiscalización que sin duda la responsable atendiendo al principio de profesionalismo debió de atender.”

En la resolución reclamada se razonó lo siguiente:

“A. Agravia al recurrente que autoridades de Vialidad y Transporte otorgaran concesiones a particulares para el servicio de transporte urbano concesionado donde se prohíbe el uso de publicidad que persiga fines político-electorales en favor de partidos políticos y que, según el recurrente, desde el pasado 8 de febrero a la fecha el servicio de transporte urbano contiene propaganda electoral de Arturo Duarte García.

Refiere que dicha prohibición se encuentra contenida en el artículo 10 del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Identificación de las Unidades Autorizadas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros incorporadas al Programa de Modernización del Transporte Urbano.

El recurrente para acreditar su dicho aporta material fotográfico el cual se agrega tanto impreso como en CD.

En la ruta de camiones que enseguida se relacionan, se observa, cubriendo toda la parte posterior de la unidad, imagen en fondo rojo de Arturo Duarte con la leyenda “PURO PA´ ADELANTE”: (Se transcribe).

En las rutas del servicio urbano que se enlistan se observa, cubriendo toda la parte posterior de la unidad, en fondo blanco imágenes de Arturo Duarte, una mujer y tres menores (dos niñas y un varón) que se presume son su familia y una leyenda “POR AMOR A LAS FAMILIAS DE AHOME”: (Se transcribe).

La descripción de las rutas lo lleva a afirmar que por las rutas donde el transporte realiza el recorrido cubren el espacio donde se instalan 151 casillas, que en conjunto cuentan con un universo de 52,567 electores, situación que se tradujo en mayores elementos de difusión a la imagen de Arturo Duarte García, afectando con ello el ambiente electoral.

Establecido lo anterior, en este agravio lo central es determinar si, fijar propaganda electoral en el servicio público de transporte urbano de pasajeros, viola algún dispositivo de aplicación en el ámbito electoral.

Dentro de las aseveraciones vertidas por el accionante, en un primer término menciona que las autoridades de Vialidad y Transporte han otorgado concesiones para la prestación del servicio urbano de transporte de pasajeros y en estas unidades se permite propaganda electoral pese a estar prohibida. Al respecto es oportuno precisar que la atribución de otorgar concesiones está reservada al Ejecutivo Estatal, según lo dispone el artículo 179 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, (sic).

En materia de propaganda, tanto la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, como el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda durante el Proceso Electoral, identifican los espacios específicos donde se permite o se prohíbe la colocación de publicidad tanto para los aspirantes a candidatos como a los partidos políticos y Coaliciones. Esto puede observarse en los dispositivos que a continuación se transcriben:

Articulo 117 Bis A. (Se transcribe).

Articulo 117 Bis J. (Se transcribe).

Por su parte, el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda durante el Proceso Electoral, puntualmente mandata:

Artículo 15. (Se transcribe).

Como se puede apreciar, es incuestionable que ni en la Ley Electoral, ni en el Reglamento citado se prohíbe la colocación de propaganda en el proceso electoral en las unidades del servicio de transporte urbano, además de que no se encontró disposición legal o reglamentaria con aplicación en el municipio de Ahome que restrinja o prohíba el uso de propaganda electoral en el transporte urbano.

Por otra parte, si bien es cierto que como lo advierte el actor, el artículo 10 del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Identificación de las Unidades Autorizadas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros incorporadas al Programa de Modernización del Transporte Urbano, prohíbe la publicidad de partidos políticos que persiga fines político-electorales de obtención del voto, también lo es que según se desprende de la prueba ofrecida por la Coalición “Transformemos Sinaloa”, que obra agregada al expediente, el Director de Sinaloa Red Plus en oficio No. SRP/150/2013 de fecha 16 de julio menciona que no ha firmado ningún acuerdo de adhesión a la modernización con ninguna organización o permisionario del transporte público en el municipio de Ahome.

Afirma, además, que los únicos obligados a seguir los Lineamientos para la Identificación de las Unidades Autorizadas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros incorporadas al Programa de Modernización del Transporte Urbano, son aquellos que hayan signado un acuerdo de adhesión al programa de referencia.

Utilizar el transporte público como espacio para la publicidad de los contendientes en un proceso electoral ha sido objeto de controversia y ha sido abordada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación.

Ello ha derivado de la pretensión de encuadrar al servicio público de transporte de pasajeros como parte del concepto “equipamiento urbano”, ello con el ánimo de incluirlo dentro de los elementos prohibidos para la fijación de propaganda electoral. Sin embargo, el citado órgano jurisdiccional al resolver el expediente integrado con motivo de la contradicción de criterios SUP-CDC-9/2009, estableció que en el transporte de pasajeros si era factible fijar propaganda, sosteniendo que el criterio que debe prevalecer, con la naturaleza de jurisprudencia, es el siguiente:

EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NO FORMAN PARTE DE AQUÉL, POR LO QUE SE PUEDE FIJAR EN ELLOS PROPAGANDA ELECTORAL FEDERAL (Se transcribe).

De lo anterior se puede concluir que el uso de propaganda en el transporte público de personas no constituye una infracción a la normativa electoral, asumiendo, por supuesto, que no haya una disposición expresa en la legislación local que prohíba su utilización, como es el caso de Sinaloa, donde no la hay.

En otro tenor, en lo que se refiere a lo manifestado por la recurrente de que las rutas que recorren las unidades del trasporte de pasajeros, se realiza por donde se ubican 151 casillas electorales donde residen 52,567 votantes ello no fue posible desprenderlo del material probatorio aportado ya que solo se limita a proporcionar fotografías de las unidades de trasporte sin más elementos que nos lleven a inferir al veracidad de lo sostenido. No es posible derivar del material fotográfico si las unidades realizan el recorrido por las rutas que se señalan, así como tampoco durante cuánto tiempo se utilizó las imágenes que se dice portaban.

Resulta, por tanto, innecesario realizar el ejercicio que nos pudiera arrojar cuantas personas pudieron verse influidas por la propaganda con la imagen de Arturo Duarte García.

Determinado lo anterior, se precisa establecer si el servicio de transporte urbano, por ser un servicio concesionado, implica el uso de recursos públicos y si con ello se violenta el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, corresponde al Poder Ejecutivo del Estado la prestación del servicio de transporte público. Cuando el Ejecutivo del Estado decide no prestarlo

Esa disposición está contenida en su artículo 179 que dice: (Se transcribe).

La concesión es, por tanto, el otorgamiento del derecho de explotación de bienes y servicios por parte de la Administración pública, a otra generalmente privada.

El concesionario, según sostiene Rafael I. Martínez Morales, en su Diccionario Temático de Derecho Administrativo (Oxford, segunda edición, págs. 35 y 36) aun cuando sus actos son referidos a la prestación de servicios públicos, no pueden considerarse como función pública ni su personal calificado como servidor público.

Si bien la prestación es del servicio público de transporte urbano una atribución del Ejecutivo Estatal, en el caso del municipio de Ahome, este se encuentra concesionado a particulares y es prestado en unidades propiedad de los concesionarios, que no implica que se pueda considerar una función pública que involucre recursos públicos.

B. Le agravia, además, la exposición en demasía de anuncios espectaculares con propaganda de Arturo Duarte García.

El material probatorio aportado con el que pretende acreditar que se establecieron en demasía espectaculares con propaganda del candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa”, se hace consistir en 17 hojas tamaño carta que contienen 26 impresiones fotográficas (22 espectaculares y 4 bardas) con la imagen de Arturo Duarte García sobre la base de un fondo rojo y la leyenda “PURO PA´ ADELANTE” además del logotipo de la Coalición “Transformemos Sinaloa” en los siguientes lugares: (Se transcribe).

La Ley Electoral del Estado de Sinaloa, establece las actividades se puede realizar en la etapa de campaña electoral, como se observa de la transcripción de la disposición siguiente: (Se transcribe).

De la lectura del citado precepto se desprende que dentro de los actos que válidamente pueden realizarse en la etapa de las campañas electorales, es la promoción mediante anuncios espectaculares en la vía pública.

Respecto de las pruebas aportadas, salvo la afirmación de la accionante, no se aportaron mayores elemento que nos lleven a la convicción de que los espectaculares estuvieron expuestos en los sitios donde se asevera se montaron, así como tampoco se prueba el tiempo de su exposición. Sin embargo, la coalición tercero interesada no objeta la existencia de los mismos.

Ahora bien, la afirmación de la accionante de que se dio una exposición en demasía de la imagen de Arturo Duarte García a través de anuncios espectaculares, es importante precisar que cuando se afirma que algo se dio en demasía, ello presupone la existencia de una medición y que esta fluctúa dentro de un rango que, al rebasarlo, trae como consecuencia el exceso.

En materia de propaganda electoral no es factible establecer un límite por cuanto hace al número de espectaculares que puede utilizar un candidato para la exposición de su imagen y propuestas.

Ello es así, porque queda al arbitrio de los contendientes que proporción de los recursos económicos que les está permitido destinar a su campaña, los utilizarán a la proyección de su imagen y propuestas a través de espectaculares.

Esto, en virtud de que, lo que sí está sujeto a medición y escrutinio por parte del Consejo Estatal Electoral, es el aspecto del uso del financiamiento de las campañas electorales, por lo que el candidato debe cuidar que el costo de los espectaculares, sumado al resto de las erogaciones que realice en su campaña, no excedan del tope de gastos autorizados para esa etapa del proceso electoral.

Lo anterior pone en evidencia que no existe una relación que vincule el número de espectaculares donde se publicite la imagen de contendientes, con la equidad que debe prevalecer en la contienda.”

En la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, la actora señala:

“…la responsable hace una valoración incorrecta del material probatorio respecto de la propaganda electoral colocada en las unidades de transporte público que recorren diversas rutas de camiones en el Municipio de Ahome, Sinaloa, en donde se acreditó que en toda la parte posterior de la unidades, se aprecia la imagen en fondo rojo de Arturo Duarte con la leyenda “PURO PA' ADELANTE” Y en otras unidades cubiertas en toda la parte posterior de la unidad, en fondo blanco imágenes de Arturo Duarte, una mujer y tres menores (dos niñas y un varón) que se presume son su familia y una leyenda “POR AMOR A LAS FAMILIAS DE AHOME.”

Con la descripción de las rutas de camión, que se mencionan en la página 47 y 48 de la sentencia impugnada, se menciona que las mismas realizan un recorrido que cubren el espacio donde se instalaron 151 casillas, que en conjunto cuentan con un universo de 52,567 electores, situación que se tradujo en mayores elementos de difusión a la imagen de Arturo Duarte García, en perjuicio de los demás candidatos, cuestión que desestima por considerar que no es posible inferir la veracidad de lo dicho, toda vez que no se puede establecer cuál es el recorrido que realizan las unidades, ni tampoco durante cuánto tiempo fue utilizada dicha propaganda electoral y que por lo tanto, para la responsable, resulta innecesario realizar un ejercicio que pudiera arrojar cuantas personas pudieron verse influidas por la propaganda con la imagen de Arturo Duarte García en las unidades de transporte público, cuestión que por sí sola resulta grave, debido a que el Tribunal responsable incumple nuevamente con la obligación que tiene toda autoridad de fundar y motivar debidamente sus actos y ser exhaustivos en sus resoluciones.

Lo anterior es así debido a que de nueva cuenta la responsable hace un análisis individual y totalmente desvinculado de la solicitud planteada en el escrito primigenio, es decir analizar todos y cada uno de los elementos utilizados en su conjunto para que se genere plena convicción de las diversas irregularidades planteadas a lo largo de todo el Recurso de Inconformidad, por lo que se puede afirmar que la responsable dejó de analizar con una visión integral lo solicitado, debido a que sin mayores argumentos y razonamientos lógicos jurídicos para estimar que la propaganda electoral colocadas en las unidades de transporte público en el Municipio de Ahome, influyó de manera directa sobre los ciudadanos pertenecientes al Municipio de Ahome, porque considerando, sin admitir que así sea, que no haya quedado plenamente acreditado los lugares que recorren las unidades que portaban la propaganda electoral del candidato Arturo Duarte García, el Tribunal Electoral Local, debió considerar que dicha propaganda sí influyó en los ciudadanos del Municipio de Ahome para otorgar el voto a la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, puesto que no existe ninguna duda de que tal propaganda existió y que la misma se difundió en el Municipio de Ahome, toda vez que su existencia no quedó desvirtuada y tampoco la propaganda colocada en los espectaculares que se describen en las páginas 57 y 58 de la sentencia impugnada, debido a que el mismo Tribunal reconoce en el segundo párrafo, página 60, de la sentencia que se combate, que la coalición con tercero interesado no la objeta, de ahí que contrario a lo establecido por la parte responsable, sí debió considerar dicha propaganda como un elemento adicional a los hechos y argumentos señalados para considerar que a la coalición que le fue entregada la constancia de mayoría, había tenido una exposición frente a los electores con propaganda en las unidades de transporte público y en espectaculares muy por encima de la exposición que tuvieron el resto de los candidatos que participaron en la contienda electoral para la elección de Ayuntamiento en el Municipio de Ahome, Sinaloa.

y que por lo tanto no es totalmente válido concluir que la coalición impugnada pudo haber utilizado sus recursos en ese tipo de propaganda, debido a que la responsable no argumenta de manera verídica y convincente de que tal propaganda electoral no influyó en los electores de municipio de Ahome para votar a favor de Arturo Duarte, candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa”, puesto que el Tribunal no realiza un análisis de que así, o que esa propaganda no fue en “demasía” para afectar a los demás candidatos, por lo que debe considerarse que dicha propaganda SI (sic) existió de manera excesiva y la cual inclusive, en el caso de las unidades de transporte público, se difundía a lo largo de toda la cabecera municipal del Municipio de Ahome, puesto que al tratarse de unidades móviles, influyen de manera directa, no solamente sobre los usuarios que utilizan dichas unidades, sino que también sobre los ciudadanos que se encuentran por donde pasan las rutas que recorren dichos camiones.”

En síntesis, la promovente alega que la responsable realizó una indebida valoración probatoria, pues debió analizar todos los elementos de convicción en su conjunto para de ahí concluir que existió propaganda en demasía a favor del candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”, por virtud de la existencia de propaganda electoral en la parte posterior de los camiones relacionada con las rutas de las unidades de transporte público por donde las personas se vieron influenciadas; aunado a la existencia de los espectaculares utilizados en la campaña por dicha coalición, cuya circunstancia hace que tuviera mayor impacto en los ciudadanos, independientemente de que se hubiera acreditado o no plenamente las rutas que recorren los autotransportes, pues sí existen las rutas de transporte y propaganda, lo que influyó en los usuarios y ciudadanos por donde circulan, ya que ello provocó una mayor exposición del candidato de la coalición ganadora respecto del resto de los candidatos que participaron en la elección municipal de Ahome.

Por otra parte, al respecto, cabe señalar, que como se recordara, el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, resolvió lo siguiente:

1)        Que en el Estado de Sinaloa, la propaganda electoral en unidades de servicio público concesionado no se encuentra restringida o  prohibida por disposición legal o reglamentaria del municipio de Ahome, y que si bien el artículo 10 del acuerdo que establece  los Lineamientos para la Identificación de las Unidades Autorizadas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros incorporadas al programa de modernización de transporte, prohíbe la publicidad con fines político-electorales, ello era sólo a las empresas que hubieran firmado un convenio.

2)        Que en el caso del municipio de Ahome, de acuerdo con el oficio SRP/150/2013, de dieciséis de julio de dos mil trece, el Director de Sinaloa “Red Plus” aclaró que no había firmado ningún convenio de adhesión al programa de modernización de transporte, únicos obligados a los Lineamientos para la Identificación de las Unidades Autorizadas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros incorporadas a dicho programa.

3)        Que del material probatorio consistente en diversas fotografías no era posible desprender si las unidades realizaban o no el recorrido que mencionó la recurrente y ni en el trayecto del mismo se ubicaron o no las ciento cincuenta y un casillas señaladas por la actora.

4)        Que tampoco era dable tener por acreditado con esas pruebas durante cuánto tiempo se estuvieron las imágenes que portaban los referidos transportes.

5)        Que la concesión del transporte público no implica uso de recursos públicos, en contravención a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal.

6)        Que tampoco existía en la ley y reglamentos aplicables restricción alguna en el uso y número de espectaculares fijos para como propaganda electoral.

7)        Que del material probatorio, consistente en diversas impresiones fotográficas, se infiere la existencia de los espectaculares, no así elementos que llevaron a la convicción de que los espectaculares estuvieron expuestos en los sitios que mencionó, así como el tiempo de su exposición, y que no existió un parámetro para valorar la “…exposición en demasía de la imagen de Arturo Duarte García a través de anuncios espectaculares…”.

Ante todo, cabe señalar que el actor no combate los dos primeros puntos referidos en la anterior síntesis, mismos que al no ser controvertidos por la actora, quedan firmes en lo que es materia de este juicio, y resultan suficientes para seguir sosteniendo el sentido del fallo, pues en los mismos se deja en claro que, tanto en la Ley Electoral del Estado de Sinaloa (artículos 117 Bis A y 117 Bis J) como en el Reglamento para regular la difusión y fijación de propaganda (artículo 15) se establecen los lugares en que esta se encuentra prohibida y que no se encuentra restringida en las unidades del servicio de transporte urbano, por lo que es válida su colocación en el mismo.

Relacionado al agravio en el que se alega una indebida valoración del materia probatorio, se estima infundado, pues contrario a lo expuesto en el sentido de que la propaganda existió y que la misma se había difundido en el municipio, teniendo una exposición frente a los electores muy por encima del resto, no bastaba agregar la existencia de la propaganda electoral en las unidades de transporte público o en espectaculares, sino fortalecer aquellos elementos tempo-espaciales para determinar y corroborar el impacto de la misma en la ciudadanía.

Al efecto, el tribunal local realizó una descripción del contenido de las fotografías, entre ellas de la propaganda inserta, como se detalla a continuación:

“-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 259 de la ruta Campo 1, Country, Centenario y Colonia Centro.

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 223 de la ruta Libertad, Zaragoza, Cecit, Tec. (sic) y Coca Cola.

-Camión del servicio urbano de transporte sin número económico visiblede la ruta Jiquilpan, Las Mañanitas y Yarda.

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 49 de la ruta Libertad, Cecyt, Conalep (sic).

-Camión del servicio urbano de transporte sin número económico de la ruta Malvinas, Belisario, Naranjos y Degollado.

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 128 de la ruta Inf. (sic) Serdan, Issste y Walmart (sic).

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 212 de la ruta Cocos, Zaragoza, Seguro Nuevo, Centro de Salud y Colonia Centro.

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 252, de la Col. 72, Chamizal, Col. Castro, Col. Toledo Corro y Estación.

-Camión del servicio urbano de transporte sin número económico visible, de la ruta Inf. Zaragoza, San Fernando, Seguro Nuevo, Texas y Leyva.

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 256 de la ruta Col. 72, Chamizal, Col. Castro, y Belisario.

(…)

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 30 de la ruta Cedros, Arboledas, Virreyes y Soriana.

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 32 de la ruta Cedros, Arboledas, 21 de marzo y Soriana.

-Camión del servicio urbano de transporte sin número económico visible de la ruta Ejido México, Campo 3, Hospital General, Independencia y Col. Esmeralda.

-Camión del servicio urbano de transporte sin número económico visible de la ruta Memoria, Zaragoza, Texas, 12 de Octubre y Leyva.

-Camión del servicio urbano de transporte con número económico 30 de la ruta Bachomo, Madero y Telmex.”

Dichas instantáneas se insertan a continuación, conforme fueron ofrecidas ante el tribunal local:[22]

En la imagen superior izquierda, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, solamente se distingue con mediana claridad en letras color azul “EL DEBATE”, y en letras blancas sobre lo que al parecer es una fotografía “MAGNA EXPOSICIÓN DE FUERZAS ARMADAS”; el número “259” en color blanco; y, al parecer, una matrícula con número “1-101-“.

En la imagen inferior izquierda, se aprecia el costado de un camión, donde se lee “ALIANZA DE TRASNP.URBANOS Y SUBURBANOS DE LOS MOCHIS C.T.M. S.N.A.T.; un número “P-13353”, y dos personas (una con vestimenta blanca y pantalón oscuro, y otra con una playera azul y pantalón tipo bermuda color café).

En la imagen derecha, se muestra la parte frontal de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; el número “259” en color blanco; matrícula “271-101-U”; una persona del lado derecho de dicha unidad, de playera en color blanco y pantalón oscuro tipo mezclilla; sobre el parabrisas, en color verde, se alcanza a leer “CAMP 1”, “CONTRI”, “Aurrera”, “CENTENARIO”, y “CENTro”, palabras que fueron anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen izquierda, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad los datos en ella contenidos, siendo las características de esa persona complexión robusta, con playera blanca, pantalón tipo mezclilla, cachucha azul; el número “223” en color blanco; la matrícula “271-115-U“; el número “221” en letras negras en la parte superior izquierda; y en el nombre “Carlos Valle Sara” en letras blancas.

En la imagen derecha, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO (letra ilegible) lus”, tres logos de color naranja, morado y verde; y, el número “P-13365”.

En color blanco, anotadas sobre las ventanas, se alcanza a leer “CECIT”, “TEC”, “COCA COLA”, “SORIANA”, y “LIBERTA”, “ZARA”, palabras de las que algunas fueron anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes; y el número “223” en color blanco.

En la imagen izquierda, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde.

No se aprecia con claridad el número cercano a la puerta donde se encuentra una persona con vestimenta en color azul oscuro.

En letras verdes, anotadas sobre las ventanas se alcanza a leer “JIQUILPAN”, “MANANITAS” y “YARDA”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen derecha, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”.

Además, se aprecia un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenidos, siendo las características de esa persona complexión robusta, con playera blanca, pantalón tipo mezclilla, cachucha azul.

También se nota el número “P-9191”; y tres logos en color naranja, morado y verde, algunos parcialmente visibles; sin apreciarse los datos de la matrícula de la parte superior de esa unidad.

En la imagen superior izquierda, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido, siendo las características de esa persona complexión robusta, con playera blanca, pantalón tipo mezclilla, cachucha azul; el número “9” en color blanco; y, al parecer la matrícula “271-035-U”.

En la imagen inferior izquierda, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; el número “P. 9171” cercano a la puerta donde se encuentra una persona con vestimenta en playera rosa y pantalón color azul, sosteniendo una carpeta; y en letras blancas, anotadas sobre la ventana, se alcanza a leer “LIBERTAD”, “CECYT”, “CONALEP”, e “IND…”.

En la imagen derecha, se ve la parte frontal de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde, el número “49” en color blanco; y la placa “271-035-U”.

También se aprecia a una persona del lado izquierdo de la unidad, de playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, solamente se distingue con mediana claridad en letras color azul “EL DEBATE”, y en letras blancas sobre lo que al parecer es una fotografía “MAGNA EXPOSICIÓN DE FUERZAS ARMADAS”.

De igual manera, en letras blancas, anotadas sobre el parabrisas se alcanza a leer “LIBERTAD”, “CECYT”, “CONALEP”, e “IND…”.

En la imagen izquierda, se ve la parte frontal de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; número “P-7557”; y en letras blancas, anotadas sobre el parabrisas, se alcanza a leer “MALVINAS”, “BELIZARIO” y “NARANJOS DEGOLLADO”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen derecha, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, solamente se distingue con mediana claridad en letras color azul “EL DEBATE”, y en letras blancas sobre lo que al parecer es una fotografía “MAGNA EXPOSICIÓN DE FUERZAS ARMADAS”, siendo las características de esa persona complexión robusta, con playera blanca, pantalón tipo mezclilla, cachucha azul; y matrícula “160517U”.

En la imagen superior izquierda, se ve la parte frontal de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; el número “30” en letra oscura, el tres y el cero anotado aparentemente a mano; una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; en letras blancas, anotadas sobre el parabrisas se alcanza a leer “CEDROS”, “ARBOLEDAS”, “SORIANA”, y “VIRREYES”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen superior derecha, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, junto con lo que aparenta ser su familia, con letras rojas “POR AMOR A LAS FAMILIAS DE AHOME, PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido, siendo las características de esa persona complexión robusta, con playera blanca, pantalón tipo mezclilla, cachucha azul; y el número “3C” en color blanca.

En la imagen inferior central, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; y en letras blancas, anotadas sobre la ventana se alcanza a leer “CEDROS”, “ARBOLEDAS”, y “VIRREYES.

En la imagen superior izquierda, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee en la misma, junto con lo que aparenta ser su familia, con letras rojas “POR AMOR A LAS FAMILIAS DE AHOME, PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido, siendo las características de esa persona complexión robusta, con playera blanca, pantalón tipo mezclilla, cachucha azul; y el número “32” en color blanco. En la imagen superior derecha, se ve la parte frontal de lo que aparenta ser un autotransporte, el número “32”; una persona del lado izquierdo de la unidad, de playera en color blanco, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; y, en letras blancas, anotadas sobre el parabrisas se alcanza a leer “CEDROS”, “ARBOLEDAS”, “SORIANA PONIENTE”, y “21 DE MARZO”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes. En la imagen inferior central, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; y, en letras blancas, anotadas sobre las ventanas se alcanza a leer “CEDROS”, “ARBOLEDAS”, “SORIANA PONIENTE”, y “CENTRO DE SALUD”, el número “9172” que aparece a un lado de la puerta delantera.

En la imagen izquierda, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; número “P-9181”; y en letras blancas, anotadas sobre la ventana, se alcanza a leer “INFONAVIT”, “SERDAN”, “ISSSTE”, y “WAL-MAR”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes. En la imagen derecha, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, y la frase “PURO PA´ADELANTE”; una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; el número “128” en color blanco; y, la matrícula “272-365-U”.

En la imagen izquierda, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO edplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; y el número “P-1991”cercano a la parte delantera del trasporte.

En letras blancas, anotadas sobre las ventanas, se alcanza a leer “COCOS y ZARAGOZA”, “SEGURO NUEVO”, y “CENTRO D SALUD”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen derecha, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, y la frase “PURO PA´ADELANTE”; y el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”.

De igual manera se alcanza a apreciar una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; el número “212” en color blanco; y, la matrícula “271-078-U”.

En la imagen izquierda, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; y, en letras blancas, anotadas sobre la ventana, se alcanza a leer “MEXICO”, “IND”, “ESMERALDA”, “CAMPO”, “HOSPITAL”, “GENERAL”, “SORIANA”, y “3”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes. En la imagen derecha, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee en la misma, junto con lo que aparenta ser su familia, con letras rojas “POR AMOR A LAS FAMILIAS DE AHOME, PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; una anotación de “X264X264”; una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; y, la matrícula “1-RHT-7”.

En la imagen izquierda, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; número “P-13364”; y, en letras blancas, anotadas sobre la ventana, se alcanza a leer “MEMORIAS”, “ZARAGOZA”, “CECYTEC”, “TEXAS LEYVA”, y “12 DE OCT”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes. En la imagen derecha, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee en la misma, junto con lo que aparenta ser su familia, con letras rojas “POR AMOR A LAS FAMILIAS DE AHOME, PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; y, la matrícula “272-460-U”.

En la imagen izquierda, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; y el número “P-13080”.

En letras blancas, anotadas sobre las ventanas, se alcanza a leer “INF. ZARAGOZA”, “SAN FERNANDO”, “SEGURO NUEVO”, “TEXAS LEYVA”, y “VIÑEDOS”, palabras que guardan similitud con las anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen derecha, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee en la misma, con la frase “PURO PA´ADELANTE”; y el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”.

De igual manera se aprecia una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; y, la matrícula “272-402-U”.

En la imagen izquierda, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad los datos en ella contenidos, siendo las características de esa persona complexión robusta, con playera blanca, pantalón tipo mezclilla, cachucha azul; y, la matrícula “270-833-U“.

En la imagen derecha, un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO red plus”, tres logos de color naranja, morado y verde; los números “P-013090” y “252”; y, en letras blancas, anotadas sobre la ventana se alcanza a leer “2. CHAMIZAL”, “SORIANA”, “TOLEDO”, “CASTRO”, y “ESTACIÓN”, “ZARA”, palabras similares de las que algunas fueron anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen superior izquierda, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido, siendo las características de esa persona complexión robusta, con playera blanca, pantalón tipo mezclilla, cachucha azul; y, el número “256” en color negro.

En la imagen inferior izquierda, se ve la parte frontal de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; el número “256” en color negro; una persona del lado izquierdo de la misma, de playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, solamente se distingue con mediana claridad en letras color azul “EL DEBATE”; y en letras blancas, anotadas sobre el parabrisas se alcanza a leer “CHAMIZAL”, “CASTRO”, y “BELIZARIO”, palabras similares de las que algunas fueron anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen derecha, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “IENVENIDO s”, tres logos de color naranja, morado y verde; el número “P-4614”; y en letras blancas, anotadas sobre la ventana se alcanza a leer “72 CHAMIZAL”, “SORIANA”, “CASTRO”, y “BELIZARIO”.

En la imagen superior izquierda, lo que aparenta la parte trasera de un camión, se aprecia una fotografía perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee en la misma, junto con lo que aparenta ser su familia, con letras rojas “POR AMOR A LAS FAMILIAS DE AHOME, PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un número “30” en color blanco; una persona del lado derecho de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido.

En la imagen inferior izquierda, se ve la parte frontal de lo que aparenta ser un autotransporte, con la palabra “plus”; una persona de complexión robusta del lado izquierdo de la misma, de playera en color blanco y cachucha azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, solamente se distingue con mediana claridad en letras color azul “EL DEBATE”; y en letras blancas sobre lo que al parecer es una fotografía “MAGNA EXPOSICIÓN DE FUERZAS ARMADAS”; y en letras blancas, anotadas sobre el parabrisas, se alcanza a leer “MYSKY”, “BACHOMO”, “MADERO”, y “TELMEX”, palabras similares de las que algunas fueron anotadas en computadora en la hoja donde se insertaron las imágenes.

En la imagen derecha, se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; el número “622”; en letras blancas, anotadas sobre la ventana se alcanza a leer “BACHOMO”, “MADERO”, y “TELMEX”; y, una persona de complexión robusta del lado derecho de la misma, de playera en color blanco, cachucha azul, y pantalón azul, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido.

De igual manera, se insertan las imágenes contenidas en el disco ofrecido como prueba:[23]

Se aprecia una fotografía, lo que aparenta la parte trasera de un camión, perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad los datos en ella contenidos; y, la matrícula “271-101-U“.

Se aprecia una fotografía, lo que aparenta la parte trasera de un camión,  perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; un periódico sostenido por una persona, sin apreciarse la fecha de ese diario, solamente se distingue con mediana claridad en letras color azul “EL DEBATE”, y en letras blancas sobre lo que al parecer es una fotografía “MAGNA EXPOSICIÓN DE FUERZAS ARMADAS”; y, la matrícula “270-833-U“.

Otra toma de la imagen que obra a foja 14 del cuaderno accesorio 5 del expediente SG-JRC-51/2013.

Otra toma de la imagen que obra a foja 16 del cuaderno accesorio 5 del expediente SG-JRC-51/2013.

Otra toma de la imagen que obra a foja 3 del cuaderno accesorio 5 del expediente SG-JRC-51/2013.

Otra toma de la imagen que obra a foja 16 del cuaderno accesorio 5 del expediente SG-JRC-51/2013.

Se aprecia una fotografía, lo que aparenta la parte trasera de un camión,  perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; cuatro calcomanías con la palabra NETO en color blanco en un fondo azul; una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco, cachucha azul y pantalón tipo mezclilla, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; el número “181”; la palabra “BACHOMO” en color blanco; y, la matrícula “270-759-U“.

Se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; el número “P-13420”; y, en letras blancas, anotadas sobre las ventanas, se alcanza a leer “BACHOMO 72”, “MADERO”, “10 DE MAYO”, y “TELCEL”.

Otra toma de la imagen anteriormente descrita.

Se aprecia una fotografía, lo que aparenta la parte trasera de un camión, perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”; y el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”.

También se aprecia a una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco, cachucha azul y pantalón tipo mezclilla, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; y, la matrícula “270-798-U“.

Otra toma de la imagen anterior.

Se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; el número “P-7545”; y, en letras blancas, anotadas sobre la ventana, se alcanza a leer “BOSQUES PIE.”, “BACHOMO”, y “10 DE MAYO”.

Se aprecia una fotografía, lo que aparenta la parte trasera de un camión, perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; una persona del lado izquierdo de la unidad, de complexión robusta, con playera en color blanco, cachucha azul y pantalón tipo mezclilla, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con median claridad su contenido; el número “139”; y, la matrícula “271-014-U“.

Se aprecia una fotografía, lo que aparenta la parte trasera de un camión, perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco, cachucha azul y pantalón tipo mezclilla, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; el número “212”; la palabra “IMSS” en color blanco; y, la matrícula “271-078-U“.

Se aprecia una fotografía, lo que aparenta la parte trasera de un camión, perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con la frase en letras blancas “PURO PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; y una persona del lado izquierdo de la unidad, de complexión robusta, con playera en color blanco, cachucha azul y pantalón tipo mezclilla, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido.

Se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVE redplus”, dos logos de color morado y azul; el número “P-4267”; sin que se pueda distinguir lo que se escribió en letras blancas, anotadas sobre la ventana.

Se aprecia una fotografía, lo que aparenta la parte trasera de un camión, perteneciente al candidato Arturo Duarte, según se lee de la misma, con lo que aparentemente es su familia, con la frase en letras rojas “POR AMOR A AS FAMILIAR E AHOME O PA´ADELANTE”; el logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa”; una persona del lado izquierdo de la misma, de complexión robusta, con playera en color blanco, cachucha azul y pantalón tipo mezclilla, sosteniendo un periódico sin apreciarse la fecha de ese diario, ni con mediana claridad su contenido; el número “296”; la palabra “MALVINAS” y “DEGOLL” en la parte inferior; la matrícula “272-441-U“; y, a un costado de dicho transporte, la palabra “redplus”, con tres logos, sin apreciarse lo que se anotó en las ventanas.

Se ve un costado de lo que aparenta ser un autotransporte, con las palabras “BIENVENIDO redplus”, tres logos de color naranja, morado y verde; una persona de sexo femenino en la puerta trasera del transporte; el número “P-4750” a un lado de la puerta delantera; y en letras naranjas, anotadas sobre las ventanas se alcanza a leer “CENTRO DE SALUD”, “MALVINAS”, “BELIZARIO”, “DEGOLLADO”, y “NARANJOS”.

Otra toma de la imagen que obra a foja 8 del cuaderno accesorio 5 del expediente SG-JRC-51/2013.

De todas las imágenes anteriores, la responsable estimó que de las fotografías de las unidades de transporte no era posible desprender la ubicación de las ciento cincuenta y una mesas directivas de casilla donde residen cincuenta y dos mil quinientos sesenta y siete electores –según la actora–, pues no se podía determinar si las unidades realizan el recorrido indicado, así como tampoco durante cuanto tiempo, indicando que era innecesario realizar un ejercicio para conocer cuanta gente se vio influida.

Al respecto, este tribunal corrobora que ninguna de las instantáneas fotográficas analizadas resulta apta para demostrar, aun indiciariamente, el periodo durante el cual estuvieron a la vista de la ciudadanía, cuestión que era más importante para determinar si fue durante la precampaña, campaña o en parte de esta última; y, como quiera que las anteriores fotografías constituyen pruebas técnicas, para reforzar su valor probatorio necesariamente debieron encontrarse concatenadas con elementos suficientes para la identificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que alega el recurrente se demuestra con tales fotografías; a saber, que con ellas se demuestra que esa propaganda se utilizó durante todo el proceso de campaña y que afectó al número de ciudadanos que indicó, lo anterior, tomando en consideración que de las mismas sólo pueden desprender los momentos en ellas contenidos pero no los futuros o inmediatos, antecedentes o consecuentes, como lo pretende la promovente.

En efecto, los elementos cuantitativos (cincuenta y dos mil quinientos sesenta y siete electores) señalados por la coalición en su escrito primigenio, como afectados, no es posible corroborarlo con otro medio de prueba –a decir de la responsable–, donde se constatara la ruta seguida por las unidades de transporte público (en la sentencia, sólo se describe lo que aparece en la fotografía con lo anotado en computadora), la veracidad de que, en los lugares donde circulaban éstas, se instalarían las casillas referenciadas, o la cantidad de ciudadanos impactados por las mismas, así como los usuarios del transporte público, siendo dichos señalamientos genéricos sin un material de soporte en actuaciones, según del análisis del expediente.

En ese sentido, atento al artículo 245, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, que establece la carga de la prueba para quien afirma, existe una mínima corresponsabilidad probatoria para quienes expongan en su demanda circunstancias presumiblemente atentatorias de un derecho o principio constitucional electoral.

En el caso, los datos indicados por la Coalición “Unidos Ganas Tú” (casillas, rutas, cuantificación del impacto, demasía de espectaculares), están ausentes del soporte convictivo necesario para sustentar la afirmación señalada, sin que las fotografías logren establecer un parámetro suficiente del cual pueda deducirse los elementos señalados, precisamente por la naturaleza de la cual están investidas, en términos del artículo 243, párrafos cuarto y quinto de la legislación electoral sinaloense,[24] siendo aplicable la tesis XXVII/2008, mutatis mutandis (cambiando lo que deba cambiar), de la Sala Superior de este Tribunal, de contenido:

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.”[25]

En ese sentido, es incorrecto el señalamiento de la actora, pues los elementos con los cuales contaba (fotográficos) resultaban insuficientes para constatar los datos y ubicaciones expuestos en la demanda, de ahí la valoración otorgada en la sentencia impugnada para desestimar la probación de los hechos controvertidos, resultando insuficiente su sola existencia para afirmar la vulneración a la ley o al principio constitucional de equidad si no se demostraban las circunstancias tomadas en cuenta por la responsable para restarles valor probatorio para la acreditación de lo anterior.

Incluso, en algunas impresiones aparece una persona sosteniendo un periódico, sin que se aprecie la fecha de publicación, y que, precisamente, aun apreciando con claridad la misma, esa circunstancia permite establecer que en todo caso el total de las fotografías fueron tomadas un solo día, de modo que, ello hace que tampoco pueda determinarse con esas fotos que esa campaña electoral en los autotransportes se dio antes del proceso, durante el mismo y con posterioridad, como lo pretende el accionante para evidenciar el exceso, sino únicamente que durante ese día en particular circulaban con esa campaña, por lo que se debieron ofrecer otras pruebas de confronta para demostrar esos extremos de temporalidad que se alegan, lo que en el caso no ocurrió.

De ahí que, no le asiste la razón a la accionante cuando expone el incumplimiento de la obligación de fundar y motivar debidamente su estudio, y la exhaustividad del mismo, pues el tribunal local desarrolló las bases legales y jurisprudenciales en torno a la propaganda en medios de transporte y espectaculares, concatenó el material aportado por la promovente y los hechos aducidos, llegando a la conclusión de ser insuficiente el material probatorio para corroborar la ubicación y temporalidad de las imágenes, el impacto en los ciudadanos y usuarios del transporte, así como de la ruta y cantidad de ciudadanos en las casillas referenciadas.

En cuanto a las alegaciones relativas a una desvinculación de la solicitud planteada del escrito primigenio, dejando de analizar cada uno de los elementos en conjunto para generar plena convicción en las irregularidades acontecidas, sin mayores argumentos y razonamientos lógicos desestimó la influencia de la propaganda colocada en las unidades de servicio público, que aun cuando no se acreditaran las rutas sí existió la propaganda y mayor exposición en comparación con el resto de los candidatos (tomando en cuenta las unidades de transporte y los espectaculares), señalando que no es válido concluir que la coalición controvertida pudo utilizar sus recursos para este tipo de propaganda (espectaculares), sin ser convincente en que haya concluido la responsable que no influyó sobre los electores, se estiman inoperantes.

Dicho calificativo deriva de la ausencia de confrontación directa a los razonamientos expuestos por la responsable en su resolución, consistentes en: a) la atribución de otorgar concesiones está reservada al Ejecutivo Estatal; b) no existe en la normativa electoral prohibición de colocar propaganda en las unidades de transporte público; c) el Director de Sinaloa Red Plus indicó no haber firmado un acuerdo de adhesión al programa de modernización; d) la contradicción de criterios SUP-CDC-9/2009, estableció que en el transporte de pasajeros si era factible fijar propaganda; e) al encontrarse concesionado el servicio público de transporte, no implica que pueda considerarse una función pública; f) en la campaña electoral es válida la promoción mediante el uso de espectaculares; g) salvo la afirmación de la accionante no se aportaron elementos para determinar el lugar y el tiempo de exposición de los espectaculares; h) no es posible establecer un límite o medición cuanto hace al número de espectaculares; e, i) no existe una relación que vincule el número de espectaculares con la equidad.

Ciertamente, los agravios no tienden a controvertir esas conclusiones a las cuales llegó la responsable sobre el material de prueba sobre la propaganda y su falta de influencia en la ciudadanía, dado que siguen sin atacar sobre cuánto tiempo se utilizó las imágenes que portaban los autotransportes, cómo se llegaría a concluir la cuantificación en “demasía” en la exposición de la imagen de un candidato o cuál sería el parámetro de comparación (dado la desestimación del material probatorio indicado líneas atrás), o bien, qué solicitud de la demanda se dejó de atender o cuáles elementos en su conjunto debieron ser utilizados o considerador como elementos adicionales en su agravio para colmar su pretensión.

En efecto, la actora parte del supuesto de sostener la falta de análisis de las aseveraciones contenidas en la sentencia por parte de la responsable, siendo que dichas conclusiones son resultado del estudio de los preceptos legales sobre la materia (acorde a la legislación electoral local), la ausencia de restricciones para fijar la propaganda en espectaculares, la falta de elementos para cuantificar el excesivo uso de la misma, la limitante sólo en aspectos de financiamiento y la no relación que vincule el número de espectaculares con la equidad en la contienda, entre otras situaciones ya enumeradas con antelación, las cuales no son controvertidas en esta instancia. Son ilustrativos al respecto los criterios I.6o.C. J/21, VI.2o. J/321 y el emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los razonamientos que los contienen, según se transcribe a continuación:

”CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.”[26]

”AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado.”[27]

A propósito del uso de propaganda electoral, a mayor abundamiento, debe señalarse, que tal y como lo señaló la responsable, en el análisis de esta –supuesta inequidad por uso excesivo de– propaganda en vehículos de transporte público y espectaculares, debe dejarse en claro, que este tipo de propaganda se encuentra permitida por la ley y no existe restricción en cuanto a un número o límite determinado de uso, ni existe norma que establezca una obligación de uso similar o igual a de otros partidos políticos, sino que, tratándose de espectaculares estos pueden ser utilizados sin mayor restricción que la que deriva de sus costos, que implica se ajusten a los topes de gastos de campaña de los partidos políticos, y se publiquen en los períodos permitidos por ley de propaganda electoral; y son los partidos quienes de acuerdo a su propia estrategia de campaña establecen el número y periodicidad de esa propaganda; de suerte que, si la misma, resulta superior a la que utilizaron en el resto de los candidatos en una elección (dentro del margen del tope de gastos de campaña y de publicación en los períodos permitidos), ello no puede considerarse como una circunstancia que genere inequidad en las contiendas electorales, como se pretende hacer ver por la coalición accionante.

Por otro lado, en una parte de su escrito de demanda (foja 55 del expediente SG-JRC-54/2013), la coalición actora señala que la difusión sistemática de propaganda en las unidades de transporte público, se realizó durante todo el período de veda electoral, y que esa circunstancia está expresamente prohibida por la ley. Al respecto, debe señalarse que si bien es cierto que de acuerdo con lo que establece el artículo 117 Bis E, párrafos tercero y cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa,[28] la difusión de todo tipo de propaganda electoral durante el periodo de veda se encuentra prohibida; en el caso, como ya se precisó, con el sólo contenido de las fotografías que se agregaron como pruebas no podría tenerse por demostrado que durante el periodo respectivo de veda esa propaganda seguía difundiéndose puesto que, se reitera, las fotografías, al ser pruebas técnicas, sólo podrían demostrar que en la fecha que corresponde al día que se tomaron (la cual se ignora por no apreciarse de las instantáneas fotográficas), los camiones urbanos de referencia tenían colocada esa propaganda, más ello no es dable inferir que se trataba del período de veda que se prolonga durante tres días antes de la jornada electoral y en esta última fecha inclusive; habida cuenta que, como ya se señaló, en esas fotografías aparece una persona sosteniendo un periódico, cuya imagen de portada, se inserta a continuación:[29]

A simple vista, no coincide con las portadas de las ediciones de los días cuatro, cinco, seis y siete de julio de dos mil trece, correspondientes al período de veda electoral y al día de la jornada electoral, respectivamente, relativos al periódico “El Debate de Los Mochis”,[30] que es el que se muestra en las tomas fotográficas de transportes referidos; habida cuenta que las portadas de mérito son las siguientes:

Así las cosas, es evidente que en el caso, esas pruebas técnicas, resultan insuficientes para acreditar este extremo de la afirmación de la actora, de que esa propaganda inserta en camiones urbanos de transporte público se difundió durante el periodo de veda electoral, y por lo tanto, esta Sala Regional no podría establecer la existencia de esa infracción legal ante la falta de prueba plena, de ahí lo infundado del agravio relativo.

b) Reparto de útiles escolares. La Coalición “Unidos Ganas Tú” señaló en su demanda primigenia lo siguiente:

“Ahora bien, siguiendo ese contexto de las cosas y del presente agravio, el precepto constitucional federal enuncia una prohibición expresa de propaganda que emitan

los gobiernos, federal local y municipal, en el caso que nos ocupa se hace notar que la responsable nunca actuó ni tomo medidas en contra de propaganda gubernamental que se repartió en diversas escuelas del Municipio de Ahome otorgando útiles escolares a cambio del voto, situación que se acredita con el testimonio notarial de los C.C. Madelina Salmerón Gómez y Paul Cazares Medina en los testimonios notariales 33698, 33697 pasados ante la fe del Notario Público número 115 del Municipio de Ahome Sinaloa el Licenciado Víctor M. Gutiérrez Román. Al efecto se debe de señalar que los artículos que se recuperaron se ofrecen como prueba en el capítulo correspondiente, elementos que se anexan al presente escrito en el ANEXO F, G y M del ORDINAL 4.”

El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa determinó:

“C. Se duele del uso de propaganda gubernamental en el reparto de útiles escolares a cambio del voto.

En este agravio es preciso establecer, en primer término, si el reparto de útiles escolares con alguna referencia a una autoridad (como puede ser el logotipo del gobierno) constituye una transgresión a la ley.

En segundo lugar, es necesario determinar si, como lo afirma la recurrente, la entrega del material referido fue condicionada a cambio del voto.

Por principio de cuentas, la acreditación de las conductas que contravienen la normativa electoral debe ser concluyente, estableciendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron.

La recurrente aporta como material probatorio lo siguiente:

Tres testimonios rendidos por Paúl Cázarez Medina, Madelina Salmerón Gómez y Joel Valenzuela García ante la fe del notario público Lic. Víctor M. Gutiérrez Román, y asentadas en escrituras números 33,698, 33,697 y 33,691 todas de fechas 13 de julio de 2013.

En los dos primeros, se da cuenta de la entrega, según su testimonio, en época de veda electoral, de útiles escolares con el escudo del Gobierno del Estado y logotipo Más Educación y camisetas con la fotografía de Arturo Duarte García, a cambio de votar por dicho candidato.

El tercer testimonio refiere que el día de la jornada electoral vio a una persona abordando a los votantes y ofreciendo $200.00 (doscientos pesos) a cambio de votar por Arturo Duarte García.

Además de los testimonios notariales, se aportan los siguientes objetos: (Se transcribe).

Es importante mencionar que es del conocimiento público que a partir del primer año de gestión de la presente administración estatal, se implementó un programa oficial para dotar de uniformes y útiles escolares a estudiantes de primaria y secundaria.

Una característica del programa estriba en que algunos de los apoyos a estudiantes, cuentan con logotipo del programa que hace referencia a la educación, además del Escudo del Estado de Sinaloa.

Precisado lo anterior, las pruebas con las que se pretende documentar la existencia de esta irregularidad se hacen consistir en las actuaciones ante notario público que según disposición contenida en el último párrafo del artículo 243 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se describe como prueba presuncional.

Respecto al valor probatorio que puede otorgarse a los testimonios ante fedatarios públicos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tesis de jurisprudencia 11/2002, sostiene lo siguiente:

PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS.- (Se transcribe).

De lo anterior se infiere que:

Lo que se prueba plenamente con la documentales de mérito es que ante el notario, autor de la escritura que se examina, tres personas rindieron un testimonio. Esto es lo único que se puede tener por demostrado, porque fue lo que ocurrió ante la presencia del notario.

Constituye una cuestión diferente, el valor probatorio que debe asignarse al contenido de los testimonios, lo cual se sale del ámbito de la prueba documental pública, porque este punto concreto constituye en realidad una distinta probanza, como es la testimonial, la cual debe ser apreciada sobre otras bases.

Para considerar que esa testimonial tiene cierto valor probatorio, en primer lugar, debe reunir los requisitos siguientes: a) que conste en acta levantada ante notario público, b) que el notario reciba directamente las declaraciones, c) que los testigos estén debidamente identificados y, d) que los testigos asienten la razón de su dicho.

Además, dicha prueba testimonial sólo hará prueba plena, cuando adminiculada con los demás elementos que consten en el expediente, genere convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

En el presente agravio sólo fueron aportados como pruebas los testimonios ofrecidos ante notario público que, por referirse a hechos que no ocurrieron en su presencia y que solo relatan la versión de quienes ofrecen el testimonio, a estos solo se les puede otorgar valor indiciario.

De lo anotado, no es posible desprender que los objetos y útiles escolares que se aportaron como pruebas hayan sido en efecto entregados por personas identificadas por la coalición “Transformemos Sinaloa”, y por ende, que se hayan ofrecido a condición de votar por Arturo Duarte García.

Cabe mencionar que el hecho de que los testimonios hayan sido recibidos por el notario público aproximadamente con seis días de diferencia a la fecha en que se dice acontecieron los hechos, limitan su valor probatorio ya que no se atiende a los principios procesales de inmediatez y espontaneidad.

Sirve, a manera de ilustración, tesis de jurisprudencia 22/2002 emitida por la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación que se transcribe:

TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO.- (Se transcribe).

Si a lo expuesto se agrega que no fueron aportados otros elementos que permitieran adminicularlos para incrementar su valor probatorio, este juzgador concluye que no le generan la convicción de que los hechos hayan sucedido como fueron descritos.”

En la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, la actora señala:

“Ahora bien, respecto del uso de propaganda gubernamental en el reparto de útiles escolares a cambio del voto, la responsable de manera incorrecta desestimó los hechos planteados y el material probatorio, aduciendo que los testimonios de los ciudadanos que consignaban los hechos denunciados, carecían del valor probatorio suficiente para tenerlo por acreditado, la actuación de la responsable en el presente asunto, de nueva cuenta vuelve a ser lamentable, debido a que desestima sin mayor argumento a lo planteado, limitándose a establecer en términos generales que los elementos de prueba aportados no le generan la convicción de que los hechos hayan sucedido como fueron descritos, sin considerar que en la misma sentencia se reconoce que a partir de la presente administración de gobierno estatal, se hace entrega de útiles escolares y que por lo tanto también debió considerar como ciertos y válidos los testimonios de los ciudadanos que denuncia la entrega de útiles escolares en periodo de veda electoral y que dichos testimonios constaron en acta levantada ante notario público, que el notario recibió directamente las declaraciones y que los testigos fueron debidamente identificados y se asentó la razón de su dicho, de ahí que contrario a lo alegado por la responsable, sí debió considerar como ciertos y validos los testimonios y tener por acreditados los hechos denunciados y acumulados al resto de las violaciones denuncias y concluir que efectivamente existieron violaciones graves al proceso electoral de referencia.”

Es infundado el agravio analizado toda vez que la autoridad responsable argumentó la valoración probatoria otorgada a los testimonios notariales, y atento a las jurisprudencias 11/2002 y 22/2002 –contenidas en la resolución impugnada– sostenidas por la Sala Superior de este Tribunal, demeritó la acreditación de los hechos ahí contenidos por los atestes, relativos a la utilización de un programa gubernamental a favor de la Coalición “Transformemos Sinaloa”.

Si bien la responsable reconoce la existencia de dicho programa con la finalidad de repartir útiles escolares en el Estado, también lo es la carencia de elementos probatorios que corroboren las circunstancias alegadas por los ciudadanos en su testimonio notarial, respecto a su operación a favor de la coalición ganadora de la elección.

En ese sentido, resulta insuficiente sólo estimar la existencia de un hecho para establecer un nexo causal ilícito, cuando la irregularidad del mismo ha sido desestimada por la responsable con motivo de la valoración de pruebas, ya que contrario a lo afirmado por la coalición accionante, sí se realizan argumentos tendientes a restarle eficacia probatoria a los medios de convicción ofrecidos, sustentadas en el artículo 243 de la legislación electoral sinaloense, dos criterios jurisprudenciales de la Sala Superior de este Tribunal, la temporalidad en la cual acudieron a rendir testimonio los ciudadanos, y ausencia de valor probatorio de los objetos escolares.

En cuanto a los agravios que se refieren a la deficiente valoración que realizó la responsable de los testimonios de Paul Cazares Medina, Madelina Salmeron Gómez y Joel Valenzuela García, los mismos resultan infundados, en la medida de que la coalición impugnante se limita a señalar de forma genérica que los testimonios de dichos ciudadanos es merecedor de valor probatorio pleno por el hecho de que los ciudadanos denuncian la entrega de útiles escolares en veda electoral, ante un notario público, mediante acta protocolizada; que el notario recibió directamente las declaraciones y que los testigos fueron debidamente identificados y asentaron la razón de su dicho; sin embargo, cabe señalar que efectivamente como lo señaló la responsable, no bastaba que los testimonios se rindan ante notario público con las formalidades de asentarse en acta y mediante identificación de los testigos, para estimar que por ese sólo hecho el contenido de esa declaración merezca valor probatorio pleno, pues en todo caso depende del contenido de la propia declaración, y de la relación de tales pruebas con otras.

Ahora bien, esta Sala Regional procede a analizar el contenido de dichas declaraciones que son del tenor literal siguiente:[31]

“ESCRITURA NÚMERO 33,698  TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO.- LIBRO II SEGUNDO.- VOLUMEN LXIII SEXAGÉSIMO TERCERO.

- En la ciudad de los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, el día 13 trece de Julio del año 2013 dos mil trece, YO, Licenciado VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROMAN, Notario Público 115 ciento quince, con residencia en esta ciudad de los Mochis, Sinaloa y ejercicio en este Municipio de Ahome, y con Despacho Notarial ubicado en la esquina que forman las calles G. Leyva y Morelos (Altos 1) de esta ciudad, PROTOCOLIZO, la Escritura Pública, pasada ante mí el día de hoy, fuera de la Notaría en esta propia ciudad, conforme a la cual y a solicitud del señor EDGARDO BURGOS MARENTES, en su carácter de apoderado del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con el objeto de interpelar a la siguiente persona: PAUL CAZAREZ MEDINA, en los términos que quedaron descritos en el instrumento que se protocoliza.

(…)

Advertí al interpelado de las penas en que incurren las personas que se conducen con falsedad y manifestando bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

“Que en días previos a las elecciones a una cuadra de mi domicilio arribaron unas camionetas con un grupo de personas que portaban el Logo de la Campaña de la Coalición Transformemos Sinaloa los cuales empezaron a bajar bolsas negras de la camioneta al darme cuenta que estaban regalando diversas paquetes a cuanta persona pasaba cerca de ellos me acerque y me entregaron un paquete de Útiles escolares con el Logo del Estado de Sinaloa, Mas Educación, Secretaría de Educación Pública y Cultura, y diversos folletos con la fotografía de su candidato, utilizándolos a favor de la Coalición Transformemos Sinaloa entregándonoslo a los vecinos de la colonia, al tiempo que nos dijeron que votáramos a favor del Candidato Arturo Duarte García, estando dentro de los días de Veda Electoral”.

- Que diga la interpelada (sic) la razón de su dicho.

- A lo que respondió que por el conocimiento personal y directo que tengo de los hechos.

ESCRITURA NÚMERO 33,697  TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE.- LIBRO II SEGUNDO.- VOLUMEN LXIII SEXAGÉSIMO TERCERO.

- En la ciudad de los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, el día 13 trece de Julio del año 2013 dos mil trece, YO, Licenciado VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROMAN, Notario Público 115 ciento quince, con residencia en esta ciudad de los Mochis, Sinaloa y ejercicio en este Municipio de Ahome, y con Despacho Notarial ubicado en la esquina que forman las calles G. Leyva y Morelos (Altos 1) de esta ciudad, PROTOCOLIZO, la Escritura Pública, pasada ante mí el día de hoy, fuera de la Notaría en esta propia ciudad, conforme a la cual y a solicitud del señor EDGARDO BURGOS MARENTES, en su carácter de apoderado del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con el objeto de interpelar a la siguiente persona: MADELINA SALMERÓN GOMEZ, en los términos que quedaron descritos en el instrumento que se protocoliza.

(…)

Advertí a la interpelada de las penas en que incurren las personas que se conducen con falsedad y manifestando bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

“Que el día Sábado 06 de Julio del presente año siendo las 10:30pm, enfrente de mi domicilio arribaron unas camionetas cerradas de las cuales me percate que bajaron muchas bolsas negras que en su interior contenían útiles escolares con el Logo del Estado de Sinaloa, mas educación, Secretaría de Educación Pública y Cultura, utilizándolos a favor de la Coalición Transformemos Sinaloa entregándonoslo a los vecinos de la comunidad Las Grullas margen Izquierda, al tiempo que nos dijeron que votáramos a favor del Candidato Arturo Duarte García, estando dentro de los días de Veda Electoral”.

- Que diga el interpelado (sic) la razón de su dicho.

- A lo que respondió que por el conocimiento personal y directo que tengo de los hechos.

ESCRITURA NÚMERO 33,691  TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO.- LIBRO II SEGUNDO.- VOLUMEN LXIII SEXAGÉSIMO TERCERO.

- En la ciudad de los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, el día 13 trece de Julio del año 2013 dos mil trece, YO, Licenciado VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROMAN, Notario Público 115 ciento quince, con residencia en esta ciudad de los Mochis, Sinaloa y ejercicio en este Municipio de Ahome, y con Despacho Notarial ubicado en la esquina que forman las calles G. Leyva y Morelos (Altos 1) de esta ciudad, PROTOCOLIZO, la Escritura Pública, pasada ante mí el día de hoy, fuera de la Notaría en esta propia ciudad, conforme a la cual y a solicitud del señor EDGARDO BURGOS MARENTES, en su carácter de apoderado del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con el objeto de interpelar a la siguiente persona: JOEL VALENZUELA GARCÍA, en los términos que quedaron descritos en el instrumento que se protocoliza.

(…)

Advertí al interpelado de las penas en que incurren las personas que se conducen con falsedad y manifestando bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

“Que el día Domingo 07 de Julio del presente año siendo las 17:13pm, al momento que acudí a las casillas para votar, las cuales estaban ubicadas en la Primaria de mi localidad el Ej. Cachoana, Ahome, Sinaloa, pude percatarme que una persona estaba abordando a todos los votantes con la intención de que por la cantidad de $200.00 doscientos pesos votáramos a favor del candidato de la Coalición Transformemos Sinaloa, el señor Arturo Duarte García, tuve la oportunidad de fotografiar dichos hechos y presento las fotografías para reafirmar mi declaración”.

- Que diga el interpelado la razón de su dicho.

- A lo que respondió que por el conocimiento personal y directo que tengo de los hechos.

(…)”

Del contenido de las manifestaciones se aprecia lo siguiente: a) respecto a la primera, no precisa fecha en que ocurren tales acontecimientos, o a quienes se repartían en específico; b) del segundo, no especificó quienes hacían la supuesta distribución, o cómo llegó a la conclusión de que era a toda la comunidad; y, c) narra hechos ajenos al tema de reparto de útiles escolares; testimonios de los cuales, por lo que ve a los dos primeros, resultan manifestaciones genéricas e imprecisas, coincidiendo solamente en que, a su decir, ocurrió en “Veda Electoral”, en tanto en la tercera es ajena a lo que se quiere acreditar.

En ese sentido, los dos testimonios coincidentes con el agravio, resultan insuficientes para demostrar los hechos, pues, se reitera, el dicho de los atestes no se encuentra corroborado con otros medios de convicción, ni resultan precisos para identificar o proporcionar mayores elementos sobre su razón, máxime que resulta evidente que los testigos declaran de una manera uniforme y casi con las mismas palabras, manifestando todos como razón de su dicho que les constaba porque tuvieron conocimiento personal y directo de los hechos, lo que hace que se ponga en duda lo manifestado en esa declaración, dado que todos los testigos se conducen con las mismas palabras, de manera que se puede presumir que fueron instruidos y aleccionados para declarar en tal sentido.

Además, debe agregarse que el hecho de que tales declaraciones se hubieren recibido hasta el trece de de julio de dos mil trece, y no con la inmediatez requerida, como bien lo estimó la responsable, hace que pierda valor probatorio, cuyo aspecto, cabe agregar, no controvierte la ahora enjuiciante, y por  lo mismo, continua rigiendo el sentido de fallo, de suerte que este aspecto de la controversia relativo al reparto de útiles escolares en el periodo de veda no quedó acreditado.

c) Reiteración de conductas ya sancionadas. La Coalición “Unidos Ganas Tú” señaló en su demanda primigenia lo siguiente:

“Se debe de advertir también que se presentaron diversas quejas en contra del C. Arturo Duarte García ante el Consejo estatal Electoral por actos anticipados de precampaña en fechas ocho de febrero y trece de marzo, ambas de esta anualidad identificadas con los números de expedientes QA-003/2013 y su acumulada QA004/2013 en donde fue encontrado responsable de violar precampañas electorales y sancionado en los autos de los mismos expedientes transgrediendo el principio de equidad en la contienda nuevamente, elementos y sentencias que se anexan al presente escrito en el ANEXO H, I J del ORDINAL 4.

Es notorio que toda vez que el candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa” fue sancionado y multado por la autoridad Judicial persistió en su determinación de transgredir la ley haciendo actos anticipados de campaña, publicando espectaculares en todo momento lo cual se demuestra con el testimonio notarial número 1892 pasado ante la fe del notario público 181 Licenciado Alfonso Guillermo Guerra Miguel del municipio de Ahome Sinaloa situación que se acredita con documentos que se anexan al presente escrito en el ANEXO C del ORDINAL 4.”

En la resolución controvertida se determinó:

“D. Le causa agravio la realización, por parte del candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”, de actos anticipados de precampaña conducta por la que si bien es cierto ya fue sancionado evidencia la falta de equidad en la contienda, además que persistió en su determinación realizar actos anticipados de campaña con la publicación de espectaculares.

Para acreditar que se persiste en la determinación de realizar actos, en este caso de campaña, fue aportada como prueba (además del expediente íntegro del procedimiento administrativo sancionador respecto de las quejas QA-003/2013 y QA-004/2013) escritura pública 1,892, de fecha 21 de marzo de 2013 protocolizada por el Notario Alfonso Guillermo Guerra Miguel, consistente en fe de hechos que destacan de la existencia de 26 espectaculares y 5 camiones del servicio urbano con la imagen de Arturo Duarte García, acompañado de una señora con la leyenda siguiente: “ARTURO DUARTE – Todos por Ahome Asociación Civil.- Somos una agrupación de jóvenes preocupados por nuestro municipio.- Porque tú eres Ahome”.

Es oportuno traer a colación que el 12 de abril de 2013, el Consejo Estatal Electoral emitió Acuerdo No. ORD/06/030 con el cual se resolvió el procedimiento administrativo sancionador instaurado con motivo de las quejas QA-003/2013 y QA-004/2013 por actos anticipados de precampaña interpuestas por la coalición “Unidos Ganas Tú” en contra de Arturo Duarte García, que impuso multa al Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando.

El acuerdo mencionado fue impugnado ante este Tribunal quien lo confirmó al tramitar el recurso de revisión 04/2013 REV de fecha 25 de abril de 2013.

Consecuencia de la acreditación de los actos anticipados de precampaña, al resolverse el recurso de revisión 26/2013 REV de fecha 27 de junio del año en curso, este órgano jurisdiccional aplicó sanción pecuniaria a Arturo Duarte García.

En el acuerdo referido (págs. 80, 81 y 82) (sic) se transcribe acta circunstanciada levantada por personal adscrito al III Distrito Electoral con motivo de diligencia practicada a solicitud del Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Acción Nacional por denuncias de publicidad constitutiva de actos anticipados de precampaña de Arturo Duarte García.

En la parte final del acta se asienta que en la carretera Mochis-Topolobampo se pudieron apreciar dos espectaculares de Arturo Duarte García, anexando fotografía, la cual fue descrita en el Acuerdo como publicidad de la Asociación Civil “Todos por Ahome” con la imagen de Arturo Duarte García, insertándola en el cuerpo del acuerdo.

El Consejo Estatal Electoral al llegar a la conclusión de que las pruebas que se integraron el expediente le generaron un alto grado de convicción de que se habían realizados actos anticipados de precampaña, menciona específicamente (pág. 84) (sic) las fotografías de los espectaculares aportados por el III Distrito Electoral.

Cotejadas las imágenes ofrecidas en el presente recurso (fe de hechos del 21 de marzo) con las obtenidas por personal del Consejo Distrital mencionado (29 de marzo) se constata que se trata de las mismas imágenes.

De lo anterior se infiere que las fotografías con espectaculares aportadas con la fe de hechos, ya fueron valoradas y sirvieron de sustento para la aplicación de las sanciones que se derivaron del procedimiento administrativo sancionador.

Ello nos lleva al convencimiento que el material probatorio aportado, además de que ya fue objeto de valoración por parte de la autoridad, no constituye prueba de que Arturo Duarte García, como lo afirma la recurrente, haya persistido en su determinación de transgredir la ley haciendo actos anticipados de campaña.

Esto, en virtud de que la misma no contiene información que invite a sufragar por él, no hace referencia al día en que se celebrará la elección y tampoco se utilizaron frases o reseñas que tuvieran alguna tendencia que evidencie algún programa de acción, aunado al hecho de que en esas fechas no habían iniciado las precampañas cuyo período fue establecido por el Consejo Estatal Electoral del 27 de marzo al 10 de mayo, por lo consiguiente no es posible arribar a la conclusión de que se realizaron actos anticipados de campaña.

Establecido lo anterior, se analiza el reclamo de la accionante de que, al acreditarse los actos anticipados de precampaña, se obtuvo una ventaja.

Primero habría que destacar que la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos sancionadores, estriba en prevenir y reprimir conductas que transgreden las normas electorales a fin de que la elección se desarrolle con apego a los principios del estado democrático.

La actualización de actos anticipados de campaña que le fueron acreditados a Arturo Duarte García, constituye una afectación al desarrollo del proceso electoral, pero para que una afectación se pueda considerar trascendente debe hacerse consistir en una conducta grave, o en la presencia de actos transgresores a la ley sucedidos de manera sistemática.

En el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa estimó que la gravedad de la falta fue leve, situación que fue refrendada por este órgano jurisdiccional al resolver el recurso de revisión, en virtud de que no se acreditó que la falta pudiera graduarse de manera diferente pues no se aportaron los medios de prueba que pudieran crear tal convicción.”

En la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, la actora señala:

“En el Recurso de Inconformidad, que dio origen a la sentencia que hoy se combate, también se denunció que aunado al cúmulo de irregularidades que había cometido el candidato a Presidente Municipal, postulado por la coalición “Transformemos Sinaloa” en el Municipio de Ahome, Sinaloa, también había cometido actos anticipados de precampaña conducta por la que si bien es cierto ya fue sancionado evidencia la falta de equidad en la contienda, frente al resto de los contendientes electorales al mismo cargo de elección popular, a lo cual de manera indebida la responsable, nuevamente desestima las dichos y pruebas aportadas, limitándose a establecer, sin fundar y motivar suficientemente su dicho, que la actualización de actos anticipados de campaña que le fueron acreditados a Arturo Duarte García, sí constituye una afectación al desarrollo del proceso electoral, pero que dicha afectación no la considera trascendente porque la misma no consiste en una conducta grave, porque la autoridad administrativa estimó que la gravedad de la falta fue leve. El argumento expuesto por la responsable, resulta absurdo, por decir lo menos, porque no obstante que quedó debidamente acreditada la realización de actos anticipados de campañas generando una violación a las normas electorales, con lo cual una vez más queda acreditado que el C. Arturo Duarte García, obtuvo una ventaja indebida frente al resto de los demás competidores electorales, generando inequidad en la contienda electoral, cuestión que se ha venido denunciando y demostrando constantemente y a lo cual nos lleva a concluir que la elección de miembros del Ayuntamiento en el Municipio de Ahome, no puede considerarse valida.

En efecto, la responsable una vez más no motiva y funda suficientemente sus argumentos para sostener su dicho, ¿Cómo es posible que no considere que la realización de actos anticipados de precampaña o campaña no constituya una violación grave al proceso electoral? lo anterior es inaceptable, máxime que ha quedado debidamente acreditado las infracciones en las que ha incurrido el candidato denunciado.

Además la responsable, no hace ninguna valoración o considera que dichos actos anticipados de campaña se llevaron a cabo en lugares públicos a los cuales tiene acceso la ciudadanía en general y por ello no necesariamente se circunscribían a un ámbito interno partidario.

En consecuencia, de la adminiculación de los medios de prueba valorados, el Tribunal Estatal Electoral debió considerar que los actos de precampaña o campaña realizados por el C. Arturo Duarte García en el municipio de Ahome, Sinaloa, con el inequívoco propósito de obtener una ventaja frente a los demás contendientes que participan en dicho proceso electoral, violando de manera grave los bienes jurídicos tutelados de equidad e igualdad en la contienda, a fin de que los candidatos participen bajo las mismas condiciones en la contienda electoral, evitando que alguno de los candidatos obtenga una ventaja indebida respecto del resto de los contrincantes.

De esta forma, en caso de que dichos principios sean vulnerados al no cumplir con las etapas y los plazos establecidos en la ley, y por tanto, anticiparse a la realización de actos de campaña cuando esta etapa del proceso no ha iniciado, debe considerarse grave y determinante para el resultado de la votación, máxime si dicha violación es admiculada con el resto de infracciones cometidas por el candidato impugnado y se considera que la diferencia de votos que consignó la autoridad electoral administrativa en el Municipio de Ahome, es de 1,661 votos de un universo de 126,635 votos, de ahí que la responsable no realice un análisis o argumento suficiente y creíble de porque no se considera que los actos anticipados de precampaña, no son graves y determinantes para influir en los resultados electorales que se impugnan.”

Al respecto, es necesario precisar los puntos torales sobre los cuales la responsable sustentó su determinación:

        Se resolvieron dos procedimientos administrativos con motivo de las quejas QA-003/2013 y QA-004/2013 por actos anticipados de precampaña en contra de Arturo Duarte García, candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” aplicándose una sanción pecuniaria a dicho ciudadano, según lo ordenado en la sentencia 26/2013 REV dictada por el tribunal electoral responsable.

        Con base en el material probatorio, el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa llegó a la conclusión de haberse realizado actos anticipados de precampaña.

        Las imágenes ofrecidas en el recurso de inconformidad con las obtenidas por el personal del consejo distrital III, en una diligencia con motivo de los procedimientos referidos, son las mismas, por lo cual –concluye la responsable– ya fueron valoradas.

        No se constituyen pruebas sobre la persistencia en la conducta, por Arturo Duarte García, haciendo actos anticipados de campaña, pues aun no habían iniciado las mismas.

        La actualización de actos anticipados de campaña que le fueron acreditados a Arturo Duarte García, constituyen una afectación al desarrollo del proceso electoral, pero para trascender deben consistir en una conducta grave, y actos transgresores de la ley de forma sistemática.

        La gravedad de la falta fue leve, situación refrendada por la autoridad jurisdiccional local.

Previo al análisis del motivo de disenso, es necesario precisar el penúltimo punto esbozado.

Esta Sala Regional considera un error o equivocación de la responsable la afirmación contenida en su sentencia respecto a la actualización de actos anticipados de campaña que le fueron acreditados a Arturo Duarte García, pues del análisis de la demanda primigenia y de la propia resolución, la temática toral versa sobre actos anticipados de precampaña y reincidencia en conductas en la de campaña.

En efecto, la coalición alegó en el recurso de inconformidad, la actualización de la violación a diversas normas legales por actos anticipados de precampaña, lo que motivó una sanción administrativa al candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”, vulnerándose así el principio de equidad en la contienda, agregando su continuación en transgredir la ley haciendo actos anticipados de campaña, publicando espectaculares en todo momento, según pretendía demostrarlo con el testimonio 1,892 pasado ante la fe del notario público ciento ochenta y uno del municipio de Ahome, Sinaloa.

Por su parte, la responsable analiza los procedimientos sancionadores, así como las impugnaciones a los mismos, conjuntando el análisis de las probanzas ofrecidas, llegando a concluir la existencia de una sanción por actos anticipados de precampaña, sin que haya persistido en su determinación de transgredir la ley haciendo actos anticipados de campaña. De igual manera, indicó en su resolución, el análisis del reclamo del recurrente relativo a que la acreditación de actos anticipados de precampaña significaba una ventaja para el candidato multirreferido.

En ese orden de ideas, se estima un desacierto e imprecisa la manifestación de la responsable al señalar: “…La actualización de actos anticipados de campaña que le fueron acreditados…”, pues toda la temática involucrada, incluso la acreditación de alguna conducta irregular, se refería a precampañas, según se corrobora con el párrafo siguiente respecto a que la autoridad administrativa estimó dicha conducta como leve.

Precisado lo anterior, la promovente argumenta que pese a la sanción por actos anticipados de precampaña, evidenciando una falta de equidad en la contienda, se desestiman sus dichos y pruebas sin fundar y motivar, pues la acreditación de los actos anticipados de campaña –según dicho de la Coalición “Unidos Ganas Tú”– constituyen una violación grave al proceso electoral al obtener una ventaja indebida frente al resto de los demás competidores de la contienda electoral, situación que se ha venido denunciando y demostrando constantemente.

Agrega que la responsable no hace ninguna valoración o considera que dichos actos anticipados de campaña se llevaron a cabo en lugares públicos; y que, en ese sentido, debió considerar que los actos de precampaña o campaña realizados por Arturo Duarte García eran con el propósito de obtener una ventaja, violando de manera grave los bienes jurídicos tutelados de equidad e igualdad en la contienda, por lo que debieron considerarse grave y determinante para el resultado de la votación, sin que la responsable haga un análisis o argumento suficiente en ese sentido.

Para dar respuesta a lo anterior es necesario considerar que la precampaña es el procedimiento interno de selección de candidatos que hacen los partidos políticos, con el propósito de definir a los que van a contender en las elecciones populares, misma que se debe llevar a cabo siguiendo el procedimiento previsto en el estatuto del partido político que corresponda.

En tanto, los actos desplegados durante la etapa de campaña electoral, tienen como finalidad la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, para lograr la obtención del voto del electorado.

Asimismo, en los actos de selección interna de los candidatos de los partidos políticos, tanto los aspirantes, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, se debe regir de acuerdo con sus normas internas, las cuales debe ser acordes a lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Sinaloa (artículos 117 y sus Bis).

Esas actividades, no obstante de tener el carácter de actos internos son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que están inmersas sus bases, ello por medios convencionales de publicidad, tendientes a lograr el consenso para elegir a las diversas personas que reúnan los requisitos legales necesarios para ser candidatos y que tengan el perfil que se identifique con la ideología sustentada con el propio partido, lo que hace necesario que se lleve a cabo una consulta con las bases partidistas, cuyo resultado conlleva a elegir al candidato que consideran idóneo para ser postulado por el instituto político, cumpliendo con ello el procedimiento democrático para la selección.

Mientras que los actos de campaña electoral, son el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la difusión de sus respectivas plataformas electorales y la obtención del voto, dirigidas a todo el electorado.

Por tanto, el hecho de que alguna persona haya sido postulada por su partido político para contender en una elección, no significa que por esa razón esté en aptitud de hacer actividades tendientes a la obtención del voto ciudadano, sino que es necesario que la autoridad electoral competente le otorgue constancia de registro, documento que lo acredita formalmente como candidato de un partido para determinado cargo de elección popular y le autoriza a iniciar su campaña en los términos previstos en la ley.

La prohibición de hacer anticipadamente actos de precampaña o campaña, tiene como objeto garantizar una participación igualitaria y equitativa a los partidos políticos contendientes ante el electorado, evitando que una opción política esté en ventaja en relación con otras, al iniciar anticipadamente la campaña política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral. De ahí que, si algún candidato o partido político lleva a cabo actos sin estar autorizado para ello, es procedente se le imponga la sanción respectiva, por violación a las disposiciones que regulan la materia electoral.

La Sala Superior de este Tribunal, al resolver los juicios de revisión constitucional electoral acumulados, identificados con las claves de expediente SUP-JRC-542/2003 y SUP-JRC-543/2003, destacó que el valor jurídicamente tutelado por las disposiciones tendentes a regular los actos de precampaña consiste en el acceso a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad, ya que el hecho de que se hagan actos anticipados provoca una desigualdad en la contienda por un mismo cargo de elección popular, ya que si un partido político inicia antes del plazo legalmente señalado, la difusión de sus candidatos tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el ánimo y decisión de los ciudadanos electores, en detrimento de los demás candidatos, lo que no sucedería si todos los partidos políticos inician sus campañas electorales en la fecha legalmente prevista.

Bajo esa tesitura, en el caso que nos ocupa, se incoaron dos procedimientos sancionadores derivados de quejas interpuestas por la Coalición “Unidos Ganas Tú”, las que culminaron, por lo que ve al candidato Arturo Duarte García, con la emisión de la sentencia del recurso de revisión 26/2013 REV del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, la cual, aunque fue controvertida en el expediente SG-JRC-41/2013 y su acumulado SG-JDC-151/2013 ante esta Sala Regional,[32] no lo fue por dicho candidato, quedando intocada para él la misma.

Ahora bien, no toda acreditación de una irregularidad sancionada administrativamente conlleva a la actualización de la vulneración a un principio constitucional o a generar, por sí misma, la nulidad de una elección, toda vez que se ha sostenido por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ponderar en cada caso concreto, las circunstancias particulares, y determinar si esa violación fue generalizada, es decir, que se dio en gran parte de la demarcación en la cual se elige a un funcionario público, en el procedimiento electoral cuya nulidad se solicita; sistemática, es decir, tener un patrón determinado, cuya finalidad sea afectar el procedimiento electoral, a fin de que los ciudadanos se vean influidos en su ánimo, al emitir el voto correspondiente, ya sea a favor o en contra de un instituto político; y grave, es decir, que tenga una repercusión medible, ya sea cuantitativa o cualitativamente, para el efecto de viciar de nulidad el procedimiento electoral que lleven a cabo.

En el caso, en los procedimientos sancionadores se determinó la acreditación de conductas constitutivas de una infracción a la legislación de la materia, consistentes en reuniones públicas y privadas, promoción a través de medios impresos y espectaculares en la vía pública, así como entrevistas en los medios, según se aprecia de las quejas QA-003/2013 y QA-004/2013.

De igual manera, en la sentencia del expediente 26/2013 REV, de veintisiete de junio de dos mil trece, dictada por el tribunal responsable, se determinó una conducta infractora leve por parte del candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”, al ser primigenio, nivel económico medio, y mediano el grado de afectación en el bien jurídico tutelado, sin demostrarse reincidencia antes o después de la determinación del consejo electoral local, de doce de marzo de dos mil trece.[33]

En la resolución controvertida, la responsable señaló las pruebas aportadas para determinar si existe la persistencia de realizar actos, en este caso de campaña, haciendo mención de los expedientes del procedimiento administrativo y de la prueba aportada por la promovente, consistente en un testimonio notarial, señaló el desarrollo procesal de la queja hasta su estado de firmeza (con la resolución por ella emitida), la valoración de algunas pruebas realizadas por la autoridad administrativa electoral en dichos procedimientos, la identidad de pruebas ofrecidas en el recursos con las agregadas al procedimiento sancionador, la conclusión de no acreditarse los actos anticipados de campaña de Arturo Duarte García por la persistencia de las conductas que refirió, debido a la ausencia de elementos para demostrar ese extremo con eventos diversos a los que fueron sanconados originalmente en las quejas de mérito; entre ellas la fecha en que supuestamente se llevó a cabo, y la calificación de la gravedad de la conducta irregular como leve en el candidato controvertido.

Conforme a lo expuesto, la autoridad responsable funda y motiva el porqué los actos anticipados objetos de las quejas no podían estimarse como graves sino leves, y ello fue así porque se señaló que esa conducta había sido catalogada así, esto es leve, en el procedimiento sancionador, y por ende, al tratarse de cosa juzgada no podía variarse esa apreciación en esta nueva oportunidad, es decir, que la responsable no podía declarar que esa conducta fuera grave; eso por un lado, y por otro, que no quedó acreditada la reiteración de la conducta sancionada por el consejo electoral local, a saber, la realización de actos anticipados de precampaña y campaña diversos a los que fueron sancionados como lo alegó la coalición actora al referir la reiteración de actos anticipados.

Respecto de la valoración de las pruebas aportadas en el recurso de inconformidad, cabe señalar que en oposición a lo que se afirma, la responsable sí realizó una valoración de los medios de convicción con los cuales contó al momento de resolver, indicando la identidad de otro que obra en el expediente del procedimiento sancionador.

Relacionado con lo anterior, la coalición señala que la responsable debió considerar que los actos de precampaña o campaña realizados por el candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” tuvieron el inequívoco propósito de obtener una ventaja frente a los demás, violando de manera grave los bienes jurídicos tutelados de equidad e igualdad en la contienda.

Es infundado lo expuesto pues, la conducta irregular demostrada (actos anticipados de precampaña) fue motivo de análisis por la autoridad administrativa electoral en la resolución de las quejas interpuestas por la coalición actora, y ratificada por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en la resolución multirreferida. En  tal orden de ideas, la calificación de la gravedad del motivo de disenso obedece a lo resuelto en aquel recurso de revisión, ante lo cual debió de reiterarse lo que fue materia de juicio, al constituir una institución de cosa juzgada.

Pretender analizar de nueva cuenta la calificación de la conducta irregular constituiría juzgar otra vez un acto que fue motivo de pronunciamiento, situación que obliga a la responsable a sostener lo ya decidido, sin que la actora ofreciera elementos conducentes para considerarla de forma diferente, debiendo de partir del supuesto de haber sido ya materia de análisis y resolución por parte del órgano jurisdiccional sinaloense, los que constituyen cosa juzgada, y no pueden ser nuevamente objeto de estudio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en términos del artículo 4, párrafo 2, de este último ordenamiento procesal.

Ahora bien, el hecho de haber sido sujeto el candidato controvertido a una sanción administrativa, no implica por sí mismo una gravedad en el proceso electoral, aunque sí una irregularidad, la cual deberá concatenarse con otros medios de prueba para acreditar la vulneración a los principios electorales, como es el de equidad.

Así lo ha determinado la Sala Superior de este Tribunal en la tesis III/2010, de contenido:

“NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA ACTUALIZARLA.— Dentro del sistema de nulidades en materia electoral, para que una elección carezca de efectos jurídicos resulta necesario que las conductas acreditadas constituyan violaciones graves, sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso electoral respectivo. En ese sentido, si la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos sancionadores consiste en prevenir y reprimir conductas que transgredan disposiciones legales en la materia, con la finalidad de que el proceso comicial se desarrolle de acuerdo con los principios rectores del estado democrático, consecuentemente, las conductas sancionadas dentro éstos, durante un proceso comicial, no tienen el alcance, por sí mismas, para que se decrete la nulidad de la elección respectiva, pues para tal efecto debe probarse que satisfacen los elementos objetivos referidos.”[34]

Consecuentemente, además del sustento en una resolución sobre el calificativo de gravedad en la conducta, también se encuentra la ausencia de otros elementos diversos para calificarla de grave, máxime la decisión de la responsable de considerar no probado la reiteración de esa conducta por parte de Arturo Duarte García en su determinación de transgredir la ley haciendo actos anticipados de campaña.

Referente al argumentó relativo a que quedó debidamente acreditada la realización de tales actos anticipados de precampaña a que se refieren las quejas en que se sancionó al candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”, y que obtuvo una ventaja indebida sobre otros competidores en el proceso electoral, generando inequidad en la contienda electoral, y que por ende, no puede considerarse válida, resulta fundada pero a la postre inoperante, pues la conducta de mérito, por sí misma, no sería de la entidad suficiente para actualizar la nulidad de la elección como en su oportunidad se verá en los apartados G y H de esta sentencia.

Por lo que ve a los disensos consistentes en la no realización de valoración o consideraciones del desarrollo de actos anticipados de campaña en lugares públicos donde tenía acceso la ciudadanía en general, y la adminiculación de dicha irregularidad con otras infracciones cometidas por el candidato impugnado, considerando la diferencia de votos entre las dos fuerzas políticas principales en el municipio de Ahome, Sinaloa, de mil ciento sesenta y un votos, son inoperantes.

Lo anterior al constituir hechos novedosos no alegados en la instancia primigenia, según la comparación entre lo invocado ante la responsable, lo resuelto por ella y lo aquí controvertido, ante lo cual, al no haber sido objeto de análisis esta Sala se encuentra impedida de realizarlo, pues el juicio de revisión constitucional carece de la naturaleza técnica-jurídica para perfeccionar o esgrimir agravios novedosos.

Es ilustrativo el criterio I.6o.C. J/34 siguiente:

“LITIS, LA INTRODUCCIÓN DE ARGUMENTOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA, RESULTAN INOPERANTES. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el juzgador tiene el deber de tramitar las controversias que se le planteen, limitándose a tomar en cuenta únicamente los asertos que en los momentos procesales oportunos las partes expongan y está obligado a resolver solamente los puntos que sean materia de la disputa, esto es, aquellos que conformen la litis pues no puede ir más allá de los argumentos debatidos; afirmar lo contrario, sería terminar con la seguridad jurídica que es uno de los puntales primordiales que establece el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra impedido para abordar su estudio, toda vez que a la Sala de apelación no se le da oportunidad de conocer y, en su caso, de pronunciarse respecto de ellos.”[35]

Es de precisarse que si bien, en término generales alega en su demanda la violación a principios constitucionales por diversas conductas relacionadas entre sí, dicho planteamiento engloba la generalidad de las irregularidades por ella invocada a la luz de dicha causal de nulidad, y no de manera concreta con una sola irregularidad, como lo plantea en este motivo de reproche, configurando una conducta determinante, constituyendo así un planteamiento novedoso.

d) Eventos con el candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” y funcionarios públicos. En la demanda primigenia se hicieron valer los reproches siguientes:

“Por lo que hace a la transgresión de utilización de recursos públicos, el Candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” se encontró en todo momento transgrediendo el artículo 134 constitucional, es necesario aclarar que los recursos públicos no solo son materiales, sino que la simple presencia de servidores públicos en campaña de un candidato es una trasgresión al principio de equidad en la contienda, esto es así ya que se tiene una plena influencia de los gobernantes para el electorado y en el caso que nos ocupa es preciso mencionar que en fecha viernes 7 de junio de esta anualidad el C. Arturo Duarte García, en campaña y en un evento Público, sostuvo y agito la bandera del Gobierno del estado de Sinaloa, al lado del gobernador del estado, Mario López Valdez, con lo cual se transgrede nuevamente el articulo 134 Constitucional, ya que el Gobernador Mario López Valdez, aparece en su calidad de servidor público con la Abrumadora presencia de que es el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa , ayudando con ello a promocionar y posicionar la imagen pública del Candidato Arturo Duarte García, cabe mencionar que la responsable tampoco realizo pronunciamiento alguno de esta situación. Hecho que se acredita con el ANEXO K del ORDINAL 4.

Así las cosas, en fecha 22 de junio de esta anualidad aparece el C. Arturo Duarte García en una reunión con funcionarios públicos promocionándose en compañía de los C.C: Jesús Antonio Marcial Liparoli y Bernardo Cárdenas quienes son subsecretarios de gobierno; Del Director de Inspección y Normatividad el C. Gerardo Iván Herbas; Judith Luna Secretaria Particular del Secretario General de Gobierno Gerardo Vargas Landeros y El Director de Recursos Humanos de la Secretaria de educación Pública y Cultura Francisco Miranda Rey entre otros connotados funcionarios de la Administración del Gobernador Mario López Valdez por lo que una vez más, conculcando el artículo 134 de Nuestra Carta Magna, situaciones que se acreditan con fotos que se anexan al presente libelo y que se mencionan en el apartado correspondiente de pruebas en el ANEXO L del ORDINAL 4.

(…)

"ANEXO L". DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente ésta en una fotografía en la cual aparecen en una nota periodística diversos funcionarios presuntamente apoyando al candidato ARTURO DUARTE GARCÍA, todos ellos del Gobierno del Estado de Sinaloa, en donde todos y cada uno de ellos se encuentran en horarios laborables, razón por la cual se acredita el supuesto que marca el artículo 134 de nuestra Constitución Federal en relación a las actividades de los funcionarios públicos que se tienen plenamente identificados y que por razones de exhaustividad este órgano jurisdiccional tendrá que determinar sus nombre y cargos en el Gobierno que se alude.

Con esta prueba se demuestra que los funcionarios del Gobierno del Estado de Sinaloa, participaron en la campaña desplegada por el candidato de la Coalición Transformemos Sinaloa, en el tiempo en que legalmente debieron de estar prestando sus servicios como servidores públicos, con costo al erario público, en detrimento de lo establecido en el artículo 134 Constitucional que prohíbe este tipo de prácticas que rompen principios de equidad en la contienda.

"ANEXO K". DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistente ésta en dos fotografías en las que se puede apreciar con claridad en momento en el que el candidato electo ARTURO DUARTE GARCÍA, portando una bandera que contiene el escudo del Gobierno del Estado, da el “banderazo” en un torneo de pesca, organizado por la casa editorial “El Debate”.

Con esta prueba se demuestra la notoria complacencia de Gobierno del Estado con la que se conduce con ARTURO DUARTE GARCÍA, al permitirle la utilización indebida del escudo que se utiliza en los actos de gobierno, dejando en claro su apoyo a su candidatura, además de que denota la preferencia de dicha casa editorial hacia el candidato de la Coalición Transformemos Sinaloa, lo cual también revela el análisis de la cobertura de las campañas.”

En la resolución controvertida, se determinó:

“E. Se transgredió la norma, concretamente el artículo 134 de la Constitución Federal, al utilizarse recursos públicos ya que participó el 7 de junio pasado en un evento al lado del Gobernador del Estado agitando la bandera del gobierno del estado, con lo que se promocionó y posicionó la imagen pública del candidato Arturo Duarte García.

Para sostener su aserto aporta 2 fotografías.

En la primera, se muestra a un grupo de 9 personas dentro de las que destaca el Gobernador del Estado y Arturo Duarte García. Se aprecian de pie sobre un muelle teniendo a sus espaldas un yate de color blanco.

Seis de los presentes (incluido el Gobernador) portan chaleco en color azul con la leyenda EL DEBATE, dos visten uniforme de oficiales de la Marina y Arturo Duarte porta camisa color claro y pantalón azul. Este último se encuentra agitando bandera con el Escudo del Estado de Sinaloa.

Todos los captados en la imagen aparecen agitando banderas, unos con la leyenda EL DEBATE y otros con el Escudo del Estado de Sinaloa.

La otra imagen es un acercamiento de la fotografía anterior donde solo se incluye a Arturo Duarte García agitando la citada bandera.

Las fotos solo prueban que se dio un evento en el cual participaron Arturo Duarte García, el Gobernador del Estado y un grupo de personas no identificables.

Las imágenes descritas son el único elemento de prueba que se aporta, que al tratarse de imágenes la ley les confiere la denominación de prueba técnica y como tales sólo se le otorga, de inicio, un valor indiciario.

Sirve como apoyo la tesis relevante XXVII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siguiente:

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. (Se transcribe)

Sin embargo, de las mismas no se puede desprender que el evento se haya realizado en la fecha que manifiesta la accionante, tampoco se puede inferir el lugar donde ocurrieron los hechos, además de que no es posible establecer que para la realización del mismo se hayan utilizado recursos público.

No obstante lo anterior, tomando como referente que la recurrente señala que el evento se realizó el 7 de junio de 2013 y obrando en el expediente elementos para confrontar la información, se procedió a realizarla.

Dentro de las pruebas aportadas por la recurrente se tienen ejemplares del periódico El Debate del período comprendido del 29 mayo al 7 julio de 2013.

Como la accionante manifiesta que los hechos ocurrieron el 7 de junio, se consultó el ejemplar del día 8 de ese mes se pudo observar, en su portada, fotografía con los mismos elementos que las aportadas y que reseñan la inauguración de un torneo de pesca auspiciado por el referido medio de comunicación.

Adminiculados los dos elementos, se puede establecer que, en efecto, en la fecha que sostiene el actor se llevó a cabo un evento donde estuvieron presentes el Gobernador del Estado y Arturo Duarte García, sin embargo, se infiere que fue auspiciado por una empresa particular –El periódico El Debate-.

Como la accionante no aporta más elementos de prueba, y de los proporcionados se llega a una conclusión diferente a la sostenida por ella, se tiene por no acreditada la utilización de recursos públicos en favor de Arturo Duarte García.

F. Otra transgresión al artículo 134 constitucional, a juicio de la recurrente, se actualizó cuando el candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” se promocionó el 22 de junio en una reunión con funcionarios de las Secretarías General de Gobierno y de Educación Pública y Cultura.

La prueba con que se pretende acreditar la utilización de recursos públicos que le supondrían una promoción a Arturo Duarte García se hace consistir en una fotografía con un grupo de personas de pie dentro de las que destaca el referido candidato.

Con letra manuscrita se identifican a dos personas de quienes se dice ocupan cargos de subsecretarios en el Gobierno Estatal.

Al pie de la fotografía se precisa que en apoyo a la candidatura de Arturo Duarte García se encuentra estructura de funcionarios del gobierno estatal, concretamente de la Secretaría General de Gobierno y de Educación Pública y Cultura, sin identificar su posición en la fotografía.

Según la versión de la parte actora, el evento se produjo el 22 de junio de 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, la fotografía al ser una prueba técnica el aportante debe señalar lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

La imagen lo único que prueba es que se encuentra congregado un grupo de personas, sin que de la misma se pueda desprender la razón de la reunión, ni el lugar donde se desarrolla la misma, mientras que si bien se afirma que se realizó el día 22 de junio de 2013, ello no se pueda inferir de la prueba.

La prueba técnica para generar valor convictivo requiere de parte del aportante, entre otras cosas, los hechos que pretende acreditar, como lo consigna la tesis relevante XXVII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sostiene:

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. (Se transcribe)

La recurrente, solicita a este órgano jurisdiccional que, a efecto de cumplir con el principio de exhaustividad, realice una identificación de quienes acompañaban a Arturo Duarte García en la fotografía descrita.

No es posible acceder a la pretensión del accionante, ya que corresponde al promovente identificar a quienes aparecen en la imagen, como lo señala la tesis transcrita en el párrafo anterior.

Como la prueba no alcanza para demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni existe ningún otro medio de prueba que nos lleve a esclarecerlo, este juzgador no cuenta con elementos que le generen convicción de que para el evento se utilizaron recursos públicos violentando lo preceptuado el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, la actora señala:

“Por lo que respecta a que se transgredió la norma, concretamente el artículo 134 de la Constitución Federal, al utilizarse recursos públicos ya que el pasado 7 de junio de 2013, el candidato impugnado, participó en un evento al lado del Gobernador del Estado agitando la bandera del Gobierno del Estado, con lo que se promocionó y posicionó  la imagen  pública  del  candidato  Arturo Duarte García, afectando de manera grave las normas que deben regir en proceso electoral y la equidad en la contienda electoral.

La autoridad electoral responsable, de nueva cuenta y de manera indebida desestima los hechos y elementos probatorios, argumentando de manera absurda y general, que tales circunstancias o hechos no quedan acreditados, dejando de considerar que en la misma sentencia que se combate, se establece y quedó acreditado que el C. Arturo Duarte García, sí participó en el 7 de junio en un evento junto con el Gobernador del Estado, Mario López Valdez, toda vez que de las fotografías aportadas, se pudieron admicular con la consulta, que el propio Tribunal hizo con el ejemplar del periódico “EL DEBATE” del día 8 de junio del presente año en donde se pudo comprobar que en su portada, aparecía una fotografía con los mismos elementos y descripciones aportados en el escrito de impugnación primigenio, sin embargo la responsable concluye, sin mayores razonamientos creíbles, que llega a una conclusión diferente a la sostenida por la coalición actora y que se tiene por no acreditada la utilización de recursos públicos en favor de Arturo Duarte García.

De igual manera la responsable argumenta en el caso cuando se expresó que el candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” se promocionó el 22 de junio en una reunión con funcionarios de las Secretarías General de Gobierno y de Educación Pública y Cultura.

Las conclusiones a las que llega la responsable, carecen de la debida motivación y fundamentación toda vez que la responsable, debió considerar la utilización de recursos públicos en favor del candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa”, ya que como se ha establecido no hay ninguna objeción respecto de la reunión del Gobernador del Estado y la reunión con funcionarios públicos en fecha 7 y 22 de junio de 2013, y que contrario a lo que infiere la responsable de que se trata de un evento de carácter privado, sin conceder que así sea, debió considerar que dichos eventos se realizaron en periodo de campaña, que el candidato portaba vestimenta alusiva a su propaganda electoral, que portaba una bandera de Gobierno del Estado de Sinaloa, que en dicho evento se contó con la presencia del Gobernador del Estado y que además es un hecho público y notorio que el Gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez, tiene un fuerte lazo familiar, comercial y social con el Municipio de Ahome, de donde inclusive fue Presidente Municipal, también debió considerar que la publicación y difusión del mencionado evento, se hizo en el periódico de mayor circulación en ese Municipio y que por lo tanto todos esos elementos analizados en su conjunto nos lleva a la conclusión inexcusable de que, de manera ilegal, se influye en el ánimo del electorado para que voten a favor del candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa” puesto que al asistir el Gobernador del Estado a dicho evento y que el mismo fue difundido y publicado a través del periódico “EL DEBATE”, pero que además asiste el C. Arturo Duarte García en plena campaña electoral, por lo que no debe considerarse de otra forma, sino que dicho evento conlleva a que se promocione de manera ilegal su candidatura, al igual y como se hizo en la reunión en la que el candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” se promocionó el 22 de junio en una reunión con funcionarios de las Secretarías General de Gobierno y de Educación Pública y Cultura del Estado de Gobierno del Estado de Sinaloa, sin considerar que la imagen positiva que la ciudadanía posea de los servidores públicos de elección popular, así como de la actuación de los gobiernos, es parte de un acervo susceptible de ser capitalizado por los partidos políticos y los candidatos en las contiendas electorales, generando la inducción del voto del electorado en determinado sentido, es decir en este caso a favor de la coalición “Transformemos Sinaloa”.

Lo anterior es así, porque no se respetaron los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales y no se cumple con la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad o de asistir a eventos para apoyar explícita o implícitamente, porque la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, en donde además asiste un candidato Presidente Municipal, la consecuencia es que de favorezca y/o perjudique a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos electorales, es decir en el caso concreto se beneficia a la coalición electoral “Transformemos Sinaloa” y se afecta a la coalición electoral que represento, toda vez que la presencia y difusión de un evento en donde asiste el Gobernador del Estado y el candidato a Presidente Municipal, el cual no puede argumentarse, válidamente, que se trata de un evento en ejercicio de derechos políticos electorales, puesto que los servidores públicos tienen la limitante de cuidar su imagen y la utilización de recursos públicos en beneficio o perjuicio de candidato o partido político, cuestión que no sucedió, máxime si se considera que el evento se realizó en día hábil para el ejercicio de las actividades propias del Gobierno del Estado.

Por otra parte, es de tomar en consideración que la responsable no es exhaustiva a lo largo del estudio de los asuntos planteados y sirven de base para todas las reflexiones anteriores, los siguientes criterios:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe).

EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES. (Se transcribe).”

Por lo que hace a los elementos de disenso relativos a lo ocurrido en un evento del diario “El Debate”, el siete de junio de este año, le asiste la razón respecto a que la responsable, sin mayores razonamientos, se contradijo cuando negó los hechos de temporalidad (fecha del evento) y después los reconoce previó análisis de las pruebas ofrecidas (un ejemplar del periódico de ocho de junio de este año), que daba cuenta del evento señalado por la actora, además de omitir fundar y motivar su análisis a la luz de los agravios expuestos, pues sólo se limita a indicar que el evento fue auspiciado por una empresa particular, y a otorgarle un valor probatorio a las fotografías para acreditar los hechos, sin responder los cuestionamientos atinentes a la influencia en el electorado, la transgresión al artículo 134 de la Constitución Federal  con la presencia del Gobernador del Estado, y posicionar la imagen pública del candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”.

Atento al principio de exhaustividad, el mismo conlleva que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar. Lo anterior en atención a la jurisprudencia 43/2002 emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de contenido:

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”[36]

En ese sentido, esta Sala procederá a estudiar el motivo de disenso, únicamente en cuanto a lo que dejó de contestar la responsable, pues realizó un estudio incompleto del mismo, siendo inoperantes los dirigidos a sostener como hecho notorio y público –a decir de la actora– el fuerte lazo familiar, comercial y social del Gobernador del Estado de Sinaloa con el municipio de Ahome, donde fue presidente municipal, que el periódico es el de mayor circulación en el municipio, por ser cuestiones no alegadas ante la responsable, lo que implicaría modificar el punto central de análisis del recurso de inconformidad.

Al respecto, es orientadora, por el espíritu que la contienen, la tesis 1a./J. 150/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.”[37]

Como se precisó en la transcripción atinente, en síntesis, se argumenta la utilización de recursos públicos por el candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”, transgrediendo el artículo 134 de la Constitución Federal, junto con el Gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez, pues aparece en su calidad de servidor público, y durante el evento de siete de junio de este año, el candidato Arturo Duarte García, en campaña y en un evento público, sostuvo y agitó la bandera del gobierno de la entidad al lado del Gobernador del Estado, vulnerando el principio de equidad, ayudando a promocionar y posicionar su imagen pública, sin que la responsable realizara pronunciamiento alguno de esta situación.

En la parte conducente, el tribunal electoral local realizó un análisis y valoración de las pruebas aportadas que obraron en el expediente,[38] estableciendo la acreditación de: realización de un evento el siete de junio de este año, participación de Arturo Duarte García, el Gobernador del Estado y un grupo de personas no identificables, la agitación de una bandera con el escudo del Gobierno del Estado por parte del candidato aludido, la descripción de vestimenta de las personas que aparecen en la impresión, de la reseña periodística indican la inauguración de un torneo de pesca auspiciado por el periódico “El Debate”.

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario determinar lo alegado respecto al uso de recursos públicos prohibido por el artículo 134 de la Ley Fundamental y si ello promocionó y posicionó la imagen publica del candidato.

Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido[39] en relación con el tema de la observancia, en todo tiempo, del principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos que estén bajo la responsabilidad de los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

a) La actuación imparcial de los servidores públicos a que se refiere la Constitución General de la República, entendida en función del principio de equidad en la contienda electoral, exige que las autoridades gubernamentales se mantengan al margen del proceso electoral, con el objeto de que ningún partido, candidato o coalición obtenga apoyo del gobierno que pueda afectar el equilibrio entre dichas entidades políticas.

b) Los servidores públicos tienen en todo momento la responsabilidad de llevar a cabo con rectitud, los principios de imparcialidad y equidad, pero sobre todo en el desarrollo de un proceso electoral, ya que por las características y el cargo que desempeñan, pueden incurrir en acciones u omisiones que tiendan a influir en la contienda entre las instituciones políticas del país y como consecuencia conculcar los citados principios.

c) A fin de generar certeza durante los procesos electorales federales, es claro, que los servidores públicos deben abstenerse de cometer actos que impliquen la vulneración de los citados principios, coadyuvando con su neutralidad a preservar el ejercicio auténtico y efectivo del sufragio.

d) Por “servicio público” debe entenderse el establecimiento de un régimen jurídico especial para dar satisfacción regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general. Por ende, organizar un servicio público es formular las reglas generales según las cuales se regirá la actividad de ciertas personas, o deberán ser administrados determinados bienes.

e) El régimen jurídico del servicio público puede tener variantes, ser más o menos completo, y constreñirse a la limitación de la actividad concurrente de los particulares, a la fijación de tarifas, y a la prestación del servicio a cualquier persona que lo solicite en cualquier momento. La determinación de cuándo existe un servicio público, corresponde fundamentalmente al poder legislativo.

f) Con el referido mandato constitucional a los servidores públicos no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no difunden mensajes con la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos electorales.[40]

g) De forma enunciativa, mas no limitativa, se configura un incumplimiento del principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos, y por tanto, afectación de la equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, y candidatos, cuando los servidores públicos condicionen la provisión de servicios, la entrega de recursos provenientes de programas públicos o la realización de obras públicas, a la promesa o demostración del voto a favor de algún candidato o partido, o de la no emisión del voto para alguno de los contendientes; promuevan con recursos públicos el voto a favor o en contra de algún candidato, partido político o coalición, o bien, destinen de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición para apoyar a determinado partido político, coalición, o candidato.

h) La sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la restricción constitucional y legal, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que la asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden constitucional y legal.[41]

Ahora bien, de las documentales tomadas en cuenta por la responsable, las cuales tienen un valor indiciario al no corroborarse con otro medio de prueba,[42] se desprende que el evento fue realizado en un día hábil, para inaugurar un torneo de pesca deportiva del periódico “El Debate” (quien publica la nota), en la localidad de Topolobampo, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa.

Dichas ilustraciones se insertan a continuación, incluyendo una más que obra en el ejemplar de ocho de junio de dos mil trece, son:[43]

En la imagen se aprecia nueve personas, una de sexo femenino, al parecer parados sobre un muelle, y atrás de ellas un vehículo marino.

Seis de ellos se encuentra agitando banderas, dos de las cuales aparenta tener un escudo de armas del Estado de Sinaloa (extremos izquierdo y derecho de la fotografía), pero se ve borrosa; otra es blanca y se lee “EL”, en tres más no se distingue con claridad su contenido, y una más, de color azul donde se lee “EL DEB”.

La vestimenta de las personas, de izquierda a derecha es: pantalón tipo mezclilla, zapatos oscuros, camisa blanca con un bordado en el pecho superior derecho, una cachucha roja; señor aparentemente de la tercera edad, con lentes, pantalón y zapatos en color blanco, lo que parece ser un chaleco, de color azul, dos bordados en ambos pechos, en letras blancas se lee “EL DEBATE”, y cachucha azul; persona del sexo masculino, pantalón blanco, zapatos oscuros, lo que parece ser un chaleco, de color azul, un bordado en el lado izquierdo, y en letras blancas se lee “EL DEE”; persona del sexo masculino, aparentemente el Gobernado del Estado de Sinaloa, pantalón café claro, zapatos oscuros, lo que parece ser un chaleco, de color azul, un bordado en el lado derecho, en letras blancas se lee “BATE”, y usa cachucha azul; persona del sexo masculino, con bigote, pantalón y camisa clara, zapatos oscuros, lo que parece ser un chaleco, de color azul, un bordado en el lado izquierdo, en letras blancas se lee “EL”, y usa cachucha azul; persona del sexo femenino, pantalón blanco y camisa amarilla, pelo largo, zapatos claros, lo que parece ser un chaleco, de color azul, dos bordados, en letras blancas se lee “EL DEBATE”, y usa cachucha azul; dos personas del sexo masculino con vestimenta blanca, aparentemente de la marina, con sombreros blancos y el logo de la Secretaría de Marina; y, una persona del sexo masculino, pantalón y zapatos oscuros, camisa a rayas, lo que parece ser un chaleco, de color azul, dos bordados, en letras blancas se lee “EL DEBA”, y usa cachucha azul.

Imagen al parecer cortada de la fotografía que antecede a la presente, siendo un acercamiento de la misma, donde se puede advertir al candidato Arturo Duarte García, donde se distingue con mayor claridad un logo de la Coalición “Transformemos Sinaloa” en su lado izquierdo, y del lado derecho se alcanza a distinguir solo “ART” en letras rojas, sin apreciarse las letras en color blanco de su cachucha, aparentemente distintivos de su campaña. Se encuentra agitando una bandera con el escudo de armas del Estado de Sinaloa, y unas letras en color azul que se distinguen como “ALO” sin apreciarse nítidamente el resto.

Portada del ejemplar tomado en cuenta por la responsable, en donde se aprecia, en lo que interesa al estudio que nos ocupa, once personas, una de sexo femenino, paradas en un muelle, y atrás de ellas un vehículo marino.  Además de lo descrito en la primera de las imágenes insertas en este estudio, la fotografía del periódico parece corresponder a un ángulo distinto de la misma toma. Aquí se aprecia una bandera que dice la palabra “EL DEBATE” en color azul, separados por un símbolo azul-rojo “<”, en otra “EL”, y una más “SIN SINA”.

Portada del ejemplar tomado en cuenta por la responsable, en donde se aprecia, en lo que interesa al estudio que nos ocupa, diez personas, y atrás de ellas lo que aparenta ser un yate o barco, al parecer parados sobre un muelle.

Además de lo descrito en la primera de las imágenes insertas en este estudio, la fotografía del periódico parece corresponder a un ángulo distinto de la misma toma y de la imagen que antecede.

De la nota periodística introducida a la litis primigenia por la autoridad responsable al realizar su estudio, se desprende lo siguiente:[44]

        El Club de Yates Palmira se vio abarrotado tanto por los pescadores como por los aficionados a la pesca, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno que se dieron cita del inicio del certamen anual (vigésima segunda edición).

        El primer evento fue el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y dos.

        Fueron presentados los miembros del presidium (después de los honores a la bandera), encabezados por el Gobernador del Estado y el Presidente del Consejo de administración de dicho diario (no se hace referencia al candidato).

        En uso de la palabra ambas personas agradecieron la asistencia realización al evento así como su realización.

        El Gobernador del Estado, en el uso de la voz, reconoció el esfuerzo de la familia Salido por dicho torneo que da proyección no sólo local, estatal, sino nacional e internacional, teniendo Sinaloa muchas cosas positivas pero sobre todo empresas comprometidas como “EL DEBATE”, de quien volvió a reiterar el reconocimiento por promover las riquezas del estado y este tipo de eventos.

        Hay un pequeño recuadro con una fotografía del candidato controvertido (quien aparece sentado, como mirando algo) y se lee una nota del periódico que ha cuenta de su asistencia al evento y que aprovechó para saludar a la concurrencia, sin corroborarse esa afirmación o desprenderse de la fotografía.

        Hay otro recuadro donde sale varias personas, y se señala la concurrencia de varios aficionados que abarrotaron el referido club.

        Otro recuadro donde señala “SUERTUDO. Zenón Padilla no desaprovechó la oportunidad para tomarse una foto con las bellas edecanes”. Dicho ciudadano fue registrado como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa de la Coalición “Unidos Ganas Tú” por el IV Distrito Electoral en Sinaloa, según se desprende del “DICTAMEN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA PARA LOS VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES, PRESENTADAS POR LA COALICIÓN “UNIDOS GANAS TÚ”, de veintiocho de mayo de dos mil trece, y publicado en el periódico “EL ESTADO DE SINALOA. ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, Tomo CIV, 3ra. Época, número 66, el treinta y uno de mayo de dos mil trece.

        La opinión de varias personas sobre el evento, donde señalaron que les gusta el evento, felicitan a “EL DEBATE” por organizarlo, y lo interesante de los mensajes de los dos oradores ya señalado en estos puntos.

        En la nota de la segunda fotografía del periódico, se aprecia una leyenda: “Torneo de Pesca Deportiva de EL DEBATE 2013 con 48 equipos”. En las subsecuentes páginas se da cuenta del desarrollo del evento.

Además, se inserta el contenido de la nota periodística:[45]

En síntesis, el evento es realizado por una empresa privada, diario “El Debate”, dicho evento fue dado a conocer en el periódico “El Debate de Los Mochis”, y en la intervención de los oradores, según se desprende de la nota, se hizo referencia exclusivamente al desarrollo del evento, su trascendencia histórica y difusión turística para el Estado de Sinaloa.

Según las circunstancias antes relatadas, el evento en donde aparecen fotografiados el Gobernador del Estado de Sinaloa y el candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” se da en el ámbito de inauguración de un evento deportivo auspiciado por una empresa periodística, aparentemente es su vigésimo segunda edición, cuya realización, según se manifiesta en la nota, “es histórica e importante para la actividad pesquera.”

En ese sentido, no se aprecia la utilización de los recursos públicos como lo pretende hacer ver la actora, pues si bien es un evento donde acudió el Gobernador del Estado de Sinaloa, en ninguna parte se aprecian alusiones del mismo hacia la campaña electoral, en apoyo a un candidato determinado o en particular a Arturo Duarte García, partido o coalición, o algún elemento que indicará expresar alguna preferencia política, sino que se concretó a destacar la relevancia que ese torneo tiene en la vida deportiva y turística del Estado de Sinaloa. Tampoco se desprende que dicho acto fuera político, sino que fue de tipo privado (por su organizador), con acceso libre al público aunque especialmente dirigido a pescadores (título del torneo), sin apreciarse algún elemento tendiente a ser realizado con la finalidad de promover a un ente político, candidato u obras del gobierno del Estado, o criticar a alguna fuerza política o actividades que denotaran algún tipo de tinte político.

En ese orden de ideas, el hecho de acudir un servidor público en un día hábil y coincidir con uno o varios candidatos a cargos de elección popular (como presuntamente aconteció con Arturo Duarte de la Coalición “Transformemos Sinaloa” y Zenón Padilla de la Coalición “Unidos Ganas Tú”), en un evento de una empresa privada como lo era el vigésimo segundo torneo de pesca del periódico “EL DEBATE 2013”, no puede considerarse, por sí mismo, como una transgresión al marco constitucional, especialmente el contenido en el artículo 134 de la Ley Fundamental, pues no fue un acto proselitista.

No pasa inadvertido para esta Sala Regional que en la nota analizada se de cuenta de la asistencia del candidato controvertido (aunque también de otro) y que aprovechó para saludar a la concurrencia, sin embargo, ello tampoco genera una presunción de haber realizado un acto de campaña en dicho evento, dado que lo único que puede tenerse por demostrado fue su presencia en el evento  y que aprovechó para saludar, insertándose a continuación dicho contenido:

Aunado a lo anterior, de la otra impresión donde aparece el Gobernador del Estado dando un mensaje, no se advierte de las personas sentadas en el presidium la presencia del candidato controvertido, por lo cual tampoco de demuestra la realización del evento para su difusión ante los asistentes, según se ve a continuación:

En ese sentido, de las fotografías aportadas así como de la nota periodística citada por la responsable, una vez precisado el porqué de esas pruebas no se puede inferir el uso de recursos públicos, sino solamente que en el evento de mérito coincidieron tanto el Gobernador del Estado como otros candidatos, entre ellos, el de la Coalición “Transformemos Sinaloa” al municipio de Ahome, siendo que estos personajes no se encuentran juntos sino separados por otras personas que no se identifican.

Así las cosas, las fotografías de mérito, constituyen sólo un indicio de que tanto el candidato controvertido como el gobernador asistieron a un evento organizado por una empresa privada, no así la vulneración al numeral 134 de la Constitución de la República, sin mayores elementos de convicción que sustenten su dicho, de ahí que en la especie esas pruebas no resulten aptas para demostrar el uso indebido de recursos del Gobierno del Estado de Sinaloa a favor del candidato Arturo Duarte García.

Por otro lado, toda vez que se estudia el motivo de disenso dejado de analizar por la responsable, del anexo “K”, DOCUMENTALES PRIVADAS, de su escrito de demanda primigenia, indica que fue Arturo Duarte García quién dio el “banderazo” a un torneo de pesca, con la complacencia del Gobierno del Estado al permitirle la utilización indebida del escudo que se utiliza en actos de gobierno, dejando en claro su apoyo a dicho candidato, incluso por la casa editorial.

Empero, los medios probatorios corroboran lo dicho por la responsable en su sentencia, en el sentido de que la aparición del candidato en un evento agitando una bandera con el escudo del Estado, por sí misma no puede considerarse una infracción a lo establecido en el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Sala Regional no soslaya la publicación de ese evento en el periódico “El Debate de Los Mochis”, sin embargo, ello en modo alguno corrobora lo indicado por la promovente respecto a la promoción de la imagen del candidato, pues como ya se vio, la nota periodística se concreta a describir de manera objetiva el suceso acontecido, tal como ya fue referido con antelación en párrafos precedentes, donde se insertó el contenido de la misma, y como se hizo notar, no se hace énfasis en el candidato controvertido ni pide el voto para el mismo, ni refiere su presencia como acto fundamental y destacado en el evento como para considerar que en realidad se estaba promocionando su imagen.

La coalición actora, en otra parte de su demanda (foja 54 del expediente del expediente SG-JRC-54/2013), manifiesta que el hecho de haberse difundido el evento de manera gráfica en un ejemplar del diario con circulación en Los Mochis, y un tiraje de veintiún mil ejemplares diarios, pudo generar un impacto en los electores. Dicho argumento es inoperante, pues en el caso en estudio no había sido alegado ante la instancia primigenia (sólo refirió que denotaba una preferencia por la casa editorial “El Debate”, también revelado del análisis de cobertura de las campañas), y por otra parte, omite precisar la veracidad del dato señalado, esto es, corroborar con otro medio de prueba ese presunto tiraje y que así haya acontecido.

En otra parte del inciso en estudio, respecto a una reunión celebrada el veintidós de junio de este año, del candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” con otros funcionarios públicos, se estiman infundados sus motivos de disenso. La imagen sobre la cual versa el presente agravio, y fue tomada en cuenta por la responsable, es la siguiente:[46]

Contrario a lo expuesto, la determinación de la responsable no carece de la debida fundamentación y motivación sobre este aspecto, pues la autoridad analizó la prueba aportada para la acreditación de lo alegado en la instancia primigenia, estableciendo que al ser una prueba técnica debió señalar lo que pretendía acreditar la promovente, identificando las personas, lugares y circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Asimismo, estableció que lo único probado era la congregación de un grupo de personas dentro de la que destaca el candidato controvertido, con letra manuscrita se identifican a dos personas de quienes, se dicen, ocupan un cargo en el gobierno estatal, y al pie de la fotografía se precisa quienes, aparentemente, se encuentran en ella (Secretaría General de Gobierno y Educación Pública y Cultura); lo cual resultó insuficiente para desprenderse razón del dicho de la accionante, siendo improcedente acceder a la pretensión de la coalición de realizar, por parte del tribunal, una identificación de quienes acompañaban al candidato en la fotografía, según se solicitó para cumplir con el principio de exhaustividad; pues lo verdaderamente trascendente para demeritar el valor de esta prueba es que la coalición accionante no cumplió con la carga de la afirmación y perfeccionamiento de la prueba.

De igual manera, cita los preceptos legales que consideró aplicables así como una tesis relevante de la Sala Superior de este Tribunal sobre las pruebas técnicas.

En tal orden de ideas, la responsable sí expuso los fundamentos y razones para llegar a la conclusión a la cual arribó al momento de estudiar este agravio, los cuales guardan concordancia con la valoración de la pruebas de este tipo establecidas en la legislación electoral de Sinaloa, y en los criterios de la Sala Superior de este Tribunal, destacando la similar reiteración de los agravios para sustentar la indebida fundamentación de la responsable pero sin señalar cuál debió de ser esta, a su parecer, la valoración debida, a contra luz de lo razonado por el tribunal local.

Por otra parte, resultan inoperantes los disensos atinentes a que debió de considerar la utilización de recursos públicos a favor del candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa” para su estudio, de que no hay objeción respecto a la reunión acontecida el veintidós de junio de este año, que dichos eventos se realizaron en período de campaña, que la imagen positiva de los funcionarios de las Secretarías General de Gobierno y de Educación Pública y Cultura del Estado es un acervo susceptible de ser capitalizado por los servidores públicos, que no se cumple con la prohibición de desviar recursos que están bajo su responsabilidad o de asistir a eventos, y que la responsable no es exhaustiva a lo largo del estudio de los asuntos planteados y sirven de base los criterios por ella citados.

Ello es así, pues no van dirigidos a controvertir los razonamientos desarrollados por la responsable para desestimar su agravio, que fueron: a) no se desprende la razón de la reunión, lugar y fecha en que aconteció, ni se corrobora con algún otro elemento de convicción, además de lo dicho por la coalición actora; y, b) la negativa de atender, por parte de la responsable, su pretensión de identificar a quienes aparecen en la fotografía; resultando además genéricos e imprecisos los relativos a la falta de exhaustividad alegada, sin explicar que aspectos de la controversia omitió analizar el tribunal local responsable, siendo que resulta insuficiente citar dos criterios en torno a la exhaustividad emitidos por la Sala Superior de este Tribunal para atender a su petición.

En conclusión, por lo que corresponde al presente apartado “B” de estudio, no está demostrada la inequidad en la contienda electoral alegada, pues de los hechos analizados, no se desprende la violación a algún precepto legal que motive la vulneración al principio de equidad, así como la de los principios que deben regir en todo proceso democrático (con excepción de los actos anticipados de precampaña, los cuales serán analizados más adelante, como ya fue señalado), sin que el resto de los motivos de agravios hayan alcanzado a ser considerados válidos para acreditar un desarrollo inequitativo de la contienda electoral.

C. MONITOREO, MEDIOS IMPRESOS, ENCUESTAS Y ENTREVISTAS.

En otro orden de ideas, la síntesis de agravios sintetizados como 3°, abarca las siguientes temáticas invocadas por la coalición “Unidos Ganas Tú”: a) incumplimiento de lo previsto en el artículo 46 Bis D de la ley electoral sinaloense, b) cobertura inequitativa del periódico “El Debate”, con un número más alto de apariciones respecto a un candidato, por lo que existió inequidad en ese diario, e inequidad en la contienda electoral, c) resultado diverso al del cómputo de la elección de las encuestas publicadas sobre la elección, d) valoración de entrevistas radiofónicas, y e) valoración de las pruebas de notas periodísticas de Internet; todas englobadas en la resolución de la responsable como “3) Cobertura inequitativa en los medios escritos de comunicación”.

Ahora bien, los agravios serán abordados de forma distinta a la enunciada en su demanda, sin que ello le cause perjuicio, pues lo importante es que todos sean estudiados y no dejen de ser contestados.

Inciso e), valoración de las pruebas de notas periodísticas de Internet. En la demanda primigenia se hicieron valer los reproches siguientes:

"ANEXO C". DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente ésta en el monitoreo de medios de comunicación impresos, desde el día 01 de Enero de 2013, hasta la fecha, de diversas empresas periodísticas en las que aparecen menciones de los candidatos a Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, entre las que se pueden encontrar notas positivas, negativas, reportajes, entrevistas, columnas, menciones y en general todo lo que tiene que ver con los que participaron por la presidencia municipal.

Esta prueba la ofrecemos a fin de demostrar la existencia de una notoria inclinación hacia uno de los candidatos ARTURO DUARTE GARCÍA, beneficiando así su candidatura, toda vez que se le dio mayor cobertura a su campaña, en detrimento de la equidad con que deben de conducirse los medios masivos de comunicación.”

En la resolución controvertida, se determinó:

“Por último, la coalición actora ofrece una serie de impresiones de páginas web que a decir de la actora consiste en el monitoreo de medios impresos, desde el primero de enero de 2013 hasta la fecha de hoy, de diversas empresas periodísticas en las que aparecen menciones de los candidatos a Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, entre las que se pueden encontrar notas positivas, negativas, reportajes, entrevistas, columnas, menciones y en general todo lo que tiene que ver con los que contendieron por la presidencia municipal.

Con las impresiones mencionadas pretende evidenciar la inequidad con la que actuaron diferentes medios de comunicación en internet, las cuales se detallan en el cuadro siguiente:

IMPRESIONES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:

Impresiones de portales de Internet.

Del cuadro anterior se observa que diferentes medios de comunicación en internet publicaron a favor de Arturo Duarte García 102 notas positivas y 32 negativas y con relación a Ernesto García Cota 7 notas positivas. Sin embargo, se trata de documentales privadas que al no poder ser concatenadas con algún otro elemento de prueba en el expediente impide a este órgano jurisdiccional tener plena convicción respecto a los hechos referidos por dichas probanzas.”

En la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, la actora señala:

“También deben persistir las consideraciones anteriormente vertidas para desacreditar, la endeble conclusión que hace la responsable, respecto del monitoreo de medios impresos, de diversas empresas periodísticas en las que aparecen menciones de los candidatos a Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, entre las que se pueden encontrar notas positivas, negativas, reportajes, entrevistas, columnas, menciones y en general todo lo que tiene que ver con los que contendieron por la presidencia municipal y que no obstante que del cuadro comparativo que hace la responsable en la página 101 de la sentencia impugnada, en donde concluye que se publicaron a favor de Arturo Duarte García 102 notas positivas y 32 negativas y con relación a Ernesto García Cota solamente 7 notas positivas, lo anterior representa una diferencia abismal y perjudicial en contra del candidato Ernesto García Cota, pues no obstante que se realizaron notas en sentido negativo de Arturo Duarte García, también es cierto que no existe punto de comparación en relación entre las notas a favor de Arturo Duarte García y Ernesto García Cota, es decir existe una diferencia de 95 notas para el candidato que encabeza el Partido Revolucionario Institucional y sólo 7 para el candidato de la coalición “Unidos Ganas Tu”, de ahí que una vez más se compruebe la inequidad con la que se dio realizó la elección que se impugna.”

La promovente refiere una indebida valoración de las pruebas de diversas notas periodísticas de Internet, ante la diferencia abismal de entre lo positiva y negativas de la misma con relación a los candidatos de su coalición y de “Transformemos Sinaloa”, con lo que a su juicio se demuestra la inequidad en la elección.

Sobre lo anterior, la autoridad responsable razonó que, al ser documentales privadas y no poder ser concatenadas con algún otro elemento de prueba, esa circunstancia impedía tener plena convicción respecto de los hechos referidos, cuyo aspecto no se controvierte y es suficiente para mantener el sentido del fallo en ese aspecto.

Ciertamente, las pruebas señalas por la actora consistían en una serie de impresiones de páginas web, según lo relata la responsable, lo cual se corrobora con las existentes en el expediente (fojas 453 a la 684 del cuaderno accesorio 6 del expediente SG-JRC-51/2013). En el estudio realizado por la responsable se desarrolló un cuadro de contenido de dichos documentos, obteniendo como resultado que las impresiones correspondían a treinta y ocho sitios web, con un total de ciento dos notas positivas y treinta y dos negativas para el candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa”, y siete notas negativas para el candidato de la Coalición “Unidos Ganas Tú”.

Entonces, es un hecho no controvertido que las anteriores documentales son de naturaleza privada al ser impresiones de sitios web o de Internet.

Al respecto, los artículos 243 y 244 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, prevén el tipo de pruebas admitidas en materia electoral así como el valor a otorgársele, como se lee a continuación:

“Artículo 243.- En materia electoral podrán ser admitidas como pruebas las documentales, las técnicas cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento, presuncionales e instrumental de actuaciones.

Serán documentales públicas:

I. Las actas oficiales de los escrutinios y cómputos de las Mesas Directivas de Casilla, así como la de los cómputos estatal, distritales y municipales y las que consten en los expedientes de cada elección;

II. Los demás documentos originales expedidos por los Consejos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

III. Los documentos expedidos por autoridades federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus facultades; y

IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, y siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

Serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.

Se considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes y que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos.

En estos casos el oferente deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Se entiende por prueba presuncional, además de la que puede deducir el juzgador de los hechos comprobados, las declaraciones que consten en acta levantada ante el fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre y cuando estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

Artículo 244.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales y la instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio de los Consejos Electorales o del Tribunal Estatal Electoral, los demás elementos que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados (…).”

En ese sentido, la fuerza de convicción que generarían los documentos privados sería tomando en cuenta los demás elementos que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Relacionado con lo anterior, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que el documento privado no entraña la prueba del acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado.[47]

De igual manera se ha indicado que, los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto.[48]

Al respecto, la información extraída de los sitios web constituyen una impresión con características de copia simple, pues la presunta originalidad de lo ahí contenido se encuentra en dicha red de tráfico de datos, lográndose sólo apreciar una parte del mismo tomando en cuenta la modalidad de su reproducción por la oferente.

En ese sentido, el documento exhibido en copia fotostática simple, surte efectos probatorios en contra de su oferente al generar convicción respecto de su contenido, ya que su aportación a la controversia, lleva implícito el reconocimiento de que tal copia coincide plenamente con su original, puesto que las partes aportan pruebas con la finalidad de que el juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas en sus escritos fijatorios de la litis.[49]

Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción sobre lo ahí contenido.

Por su parte, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles (aplicado de forma supletoria a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según lo dispuesto por el artículo 4, párrafo 2), reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, en donde para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

Precisado lo anterior, esta Sala considera infundado el agravio de mérito.

La circunstancia de haberse realizado un desglose del contenido de las impresiones de diversos sitios web no implicaba un reconocimiento del valor probatorio pleno de lo ahí asentado, pues debía de tomarse en cuenta el contexto analítico de la naturaleza de tales medios de convicción para llegar a la conclusión pretendida por la accionante.

Según se desprende de la demanda primigenia, la actora refiere aportar diversas impresiones que constituyen un monitoreo de medios de comunicación impresos de diversas empresas periodísticas.

Dicha afirmación es incorrecta, pues del análisis realizado a esas documentales privadas por esta Sala Regional, algunas no corresponden a medios impresos que pudieran pertenecer al ramo periodístico profesional, de forma notoria, sino a direcciones ubicadas en la web o Internet sin corroborarse su identificación al tipo medio indicado, siendo estos sitios: “Facebook”, “You Tube”, “Goear”, “Globedia”, “Stirtmochis.org”, "Prisinaloa.org.mx”,  y los Blogspot “Entre Veredas” y “Tridente Político”.

Dichos sitios electrónicos corresponden a ubicaciones en dicha red de comunicación de acceso libre a individuos o grupos de personas en los cuales colocan videos o agregan información según el perfil particular de quienes tienen dominios de los sitios (partido político o sindicato) o de la cuenta de acceso a ellos (blogs y facebook, como redes sociales), sin estar demostrado la profesionalidad como medio periodístico.

Esto es, dichas notas están amparadas por el derecho de libertad de expresión, que a diferencia de las otras, sólo están contenidas en un blog personal sin que su difusión sea respaldada por algún periódico que permita inferir que tuvieran una difusión adicional.

En ese orden de ideas, el indicio que pudiera generar sería levísimo, pues son ajenas al ramo periodístico, aun cuando desarrollen temáticas para dar cuenta de una situación acontecida en la campaña, pues lo alegado por la actora es la falta de equidad en los medios masivos de comunicación, no en diversas páginas de Internet, a las cuales solamente se puede acceder mediante el acto volitivo del “cibernauta” que ingresa en las mismas, más no está al alcance de todos los usuarios de la Internet o página web.

En cuanto al resto de los sitios identificados por la responsable, generan un leve indicio de corresponder a agencias de noticias o direcciones electrónicas de páginas involucradas profesionalmente a esa actividad, corroborándose como de mayor fuerza indiciaria aquéllos identificados como: “El Debate”, “Noroeste”, “Línea Directa”, “Altavoz”, “La Jornada” y “Reforma.com”, por ser medios impresos agregados en el expediente que corroboran su actividad periodística, y otros al ser un hecho notorio para esta Sala Regional debido a la difusión nacional de su casa editora, pero insuficiente para afirmar categóricamente que todas las pruebas aportadas por la promovente deriven de dichos medios de comunicación dedicados al periodismo y que fueron de libre acceso a la ciudadanía para informarse del acontecer que ahí se plasma.

En ese orden de ideas, tampoco se corrobora el período de tiempo durante el cual se realizó el monitoreo aludido. De las impresiones aportadas, en una revisión realizada por esta Sala Regional, teniendo a la vista las impresiones, se desprenden que sólo en nueve de ellas, se aprecia en la imagen la fecha en que supuestamente se realizó la nota; en dieciséis solamente aparece como data el consistente en la supuesta fecha de la impresión de la imagen (trece de julio de dos mil trece); en ciento cuatro aparecen ambos datos indicados; y en dos, no se aprecia dato alguno o resulta ilegible para determinar algún día en que supuestamente se realizó. También se apreció que seis notas tenían como fecha en que presuntamente se divulgó los meses de diciembre, noviembre y octubre de dos mil doce (fojas 587 a la 590 del cuaderno accesorio 6 del expediente SG-JRC-51/2013).

En ese sentido, no existen elementos suficientes para corroborar el periodo durante el cual se realizó el monitoreo de medios por parte de la actora, ante los datos discordantes que arrojaron las documentales privadas, y la coincidencia de ausencia de algún otro medio de convicción para constar la realización de la nota en la fecha precisada, incluso, que en realidad haya ocurrido la misma.

Contrario a lo expuesto por la actora, consistente en acreditar una mayor cobertura del candidato Arturo Duarte García en su campaña, con los medios de convicción aportados, es insuficiente para demostrarlo pues, además de lo dicho con antelación, no existen parámetros sobre los cuales sea posible establecer la veracidad de los hechos y fechas contenidas en sus documentales, así como de que éstas correspondan con el contenido a demostrar, pues el modo de obtenerlas estuvo sujeta al criterio de la propia accionante para seleccionar e imprimir lo que estimó necesario para su pretensión, más no que ello haya sido lo único publicado en dichos medios, o bien, no acredita que sea el total de notas publicadas en el medio electrónico (web) y durante el lapso referido en su demanda.

Esto es, quedó al arbitrio de la oferente la aportación de los medios de convicción, así como la fecha de reproducción (aparentemente, en su mayoría, el trece de julio de dos mil trece), sin existir elementos constatables de la fecha del suceso noticioso, la veracidad de lo asentado, el impacto sobre la población (pues para accesar a dichos medios electrónicos es necesario contar con una serie de equipamientos tecnológicos cuya asequibilidad no quedó probada en autos), y de que hayan sido las únicas notas publicadas en el sentido que refiere dado que, se insiste, la obtención de dicho material sólo correspondió operarla a la promovente (selección y búsqueda de la noticia y página).

Luego, el indicio que podría representar dicho material de prueba se ve demeritado aún más por las inconsistencias en el propio monitoreo realizado. En efecto, del cuadro analítico de la responsable se obtiene un total de treinta y ocho sitios de Internet sobre la presunta cobertura de la campaña electoral durante un lapso de más de siete meses (aproximadamente doscientos diez días) pero contando sólo con un máximo de veintisiete notas respecto a una misma fuente periodística, por lo cual no se desprende el tiempo de cobertura presuntamente señalado, ni la inequidad por sólo haber publicado una nota en un portal durante todo el tiempo que duró, presuntamente, el monitoreo de dichas páginas webs.

En resumen, con las documentales privadas resulta inviable atender a su pretensión, al ser insuficientes los elementos en ellas contenidos para afirmar la existencia de una mayor cobertura para la campaña del candidato Arturo Duarte García, pues lo realizado por parte de la responsable dejó de lado el análisis con relación a los otros medios de prueba que debió de allegar la actora, o concatenarlos con los que obraban en el expediente, en cumplimiento de la carga procesal de acreditar sus afirmaciones, resultando parcial e incompleta la correlación de notas positivas y negativas para otorgarle un valor probatorio mayor al indiciario, pues de todo el análisis del agravio esta Sala Regional determina que carece de sustento probatorio, sin fortalecer el carácter indiciario de las mismas, para corroborar temporalidad del monitoreo, la diversidad de empresas periodísticas, con relación a la cobertura de la campaña, y que las pruebas ofrecidas no hubieran sido previamente seleccionadas con la intención de allegar las que actualizarían su interés en el juicio.

Son orientadores, por su razón esencial, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido:

“COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa.”[50]

”COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.”[51]

Inciso d), valoración de entrevistas radiofónicas. En la demanda primigenia se hicieron valer los reproches siguientes:

“…Es necesario aclarar que la estación de que estamos hablando es la denominada XHMSL Estéreo Uno en el programa “Línea Directa”; y XETNT Radio 65 en el 106.5 de F.M. y 650 de A.M. en el programa “Altavoz” ambas transmitidas en el municipio de Ahome dando un tiempo de exposición totalmente inequitativo siendo el resultado del estudio el siguiente:

Esta situación se acredita con la documental privada que al anexo se señala en el apartado correspondiente con el ANEXO B, C y D del ordinal 5.”

(…)

"ANEXO D". DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en un análisis de las entrevistas y comentarios de los y a los candidatos ARTURO DUARTE GARCÍA Y ERNESTO GARCÍA COTA en los programas radiofónicos LINEA (sic) DIRECTA Y ALTAVOZ, en diferentes fechas durante el tiempo en que transcurrió la campaña electoral.

Con esta prueba se refuerza el hecho de que los medios masivos de comunicación radiofónica, como los que se analizaron, potenciaron la presencia del candidato del candidato de la Coalición Transformemos Sinaloa, quien resultó beneficiado con presencia radiofónica, en perjuicio del candidato de la Coalición “Unidos Ganas Tú” y de la equidad en el trato por parte de estos medios.”

En la resolución controvertida, se determinó:

“La coalición accionante señala que en los programas de “Línea Directa” y “Altavoz” que se transmiten en radio, Arturo Duarte García tuvo un tiempo de exposición de 124.09 minutos y 72.13 minutos, respectivamente, en relación a Ernesto García Cota, tuvo un tiempo de exposición de 27.66 minutos y de 57 minutos, respectivamente.

Para acreditar que los candidatos tuvieron el tiempo de exposición que refiere en el párrafo anterior la actora aporta un DVD que contienen un documento elaborado en programa Excel que detalla por candidato y conductor, la fecha en que se realizó la entrevista así como su duración. También contiene dos carpetas una de Audio y otra de entrevistas en formato word, realizadas a Arturo Duarte García y a Ernesto García Cota, las cuales se presume fueron realizadas por los conductores de los noticieros radiofónicos: Luis Alberto Días, de Línea Directa, Carlos Cota, de Guardianes y Altavoz, y Manuel Hernández, de La Voz.

A continuación se inserta el documento aportado por la recurrente que contiene el tiempo de duración de las entrevistas: (Se transcribe).

Del cuadro anterior se advierte que el candidato Ernesto García Cota obtuvo 85.3 minutos de tiempo en radio en las entrevistas realizadas por “Línea Directa” y “Altavoz” y que Arturo Duarte García obtuvo 124.09 minutos de tiempo en los mismos programas radiofónicos. Para cotejar la información aportada por la coalición “Unidos Ganas Tú” se analizaron los audios y entrevistas contenidas en el formato DVD, la información recabada se plasma enseguida: (Se transcribe).

Del análisis de las entrevistas aportadas por la recurrente, este Tribunal advierte que el candidato Ernesto García Cota, candidato de la Coalición “Unidos Ganas Tú” obtuvo 85.55 minutos y Arturo Duarte García candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa” 196.29 minutos.

Sin embargo, al tratarse de una prueba técnica aportada por la misma actora, en la que pretende evidenciar la inequidad en la cobertura de los medios radiofónicos analizados, su valoración no puede ser mayor que la de un mero indicio, puesto que la misma, de acuerdo a las pruebas que obran en autos, no puede ser cotejada con algún otro elemento que genere convicción a este juzgador sobre la veracidad de lo alegado por la recurrente como lo pretende evidenciar con esta prueba. Además, de que no aporta ni ofrece los testigos de grabación del monitoreo en radio, realizado por el Instituto Federal Electoral, que permita cotejar la información aportada como prueba, según la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala lo siguiente:

Jurisprudencia 24/2010

“MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO. (Se transcribe).”

En la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, la actora señala:

“De la misma manera y por demás increíble la responsable no valora correctamente ni le da la importancia suficiente que se requiere cuando argumenta que del análisis de las entrevistas, realizadas en “Línea Directa” y “Altavoz” se advierte que el candidato Ernesto García Cota, candidato de la Coalición “Unidos Ganas Tú” obtuvo 85.55 minutos y Arturo Duarte García candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa” 196.29 minutos, pero que al tratarse de una prueba técnica eso le da mero indicio.

Lo anterior carece de suficiente sustento, es decir el argumento de la responsable no está debidamente fundado ni motivado y que contario a lo establecido, debió considerar que dichas grabaciones son auténticas y suficientes para considerarse ciertas, máxime que las mismas no fueron desvirtuadas por la responsable o alguna otra autoridad y que por lo tanto al quedar evidenciado que el C. Arturo Duarte García candidato de la coalición “Transformemos Sinaloa” obtuvo en radio una cobertura de 196.29 minutos y el candidato que represento solamente menos de la mitad de lo otorgado al candidato de la coalición que encabezaba el Partido Revolucionario Institucional, es decir 85.55 minutos, lo cual evidentemente y sin un análisis profundo la responsable debió considerar que sí existió un acceso inequitativo en los medios de comunicación referenciados.”

En síntesis, la coalición actora plantea que no se valoraron correctamente ni se da la importancia suficiente a la prueba aportada relativa a las entrevistas radiofónicas, pues que dichas grabaciones son auténticas y suficientes para considerarse ciertas, máxime que no fueron desvirtuadas, lo cual ante el tiempo de exposición se acreditó el acceso inequitativo a los medios de comunicación.

Al respecto cabe señalar que la responsable basa su decisión en darle un valor probatorio de mero indicio al no correlacionarse con otros medios de convicción, entre ellos los testigos de grabación que el Instituto Federal Electoral, por ley, configura, puesto que esos medios serían los idóneos para demostrar la inequidad aludida, refiriendo al efecto la jurisprudencia 24/2010 emitida por la Sala Superior de este Tribunal.

En relación a este tema, ante todo, es necesario establecer que el Poder Revisor Permanente de la Constitución, en la reforma constitucional de dos mil siete en materia electoral, estableció las bases constitucionales de un nuevo modelo de comunicación social, en radio y televisión en materia política, en general, y en materia política electoral, en especial. La reforma, entre otros aspectos, tuvo como objetivo crear una nueva relación entre los partidos políticos, la sociedad y los medios de comunicación, específicamente, radio y televisión.

Este nuevo modelo previó el derecho constitucional de los partidos políticos al uso, de manera permanente, de los medios de comunicación social, en el tiempo que corresponde al Estado, en radio y televisión, facultando al Instituto Federal Electoral como autoridad única para la administración de ese tiempo del Estado en radio y televisión, destinado a la materia electoral.

Ello con la finalidad de evitar que los intereses de los concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión o de otros grupos, con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios de comunicación, se erijan en factores determinantes de las campañas electorales y sus resultados o de la vida política nacional; es decir, el propósito expreso de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, fue la de impedir que los factores reales de poder, entre los cuales destaca, el poder económico, influyeran en las preferencias electorales, con la compra de propaganda en radio y televisión, a favor o en contra de determinados partidos políticos o candidatos.

La previsión constitucional, se reprodujo en el Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecer:

“Artículo 49.

(..)

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

(…)

Artículo 76.

1. Para asegurar a los partidos políticos la debida participación en la materia, se constituye el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, conforme a lo siguiente:

a) El Comité será responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos, formuladas por la Dirección Ejecutiva competente, así como los demás asuntos que en la materia conciernan en forma directa a los propios partidos. El Consejo General podrá atraer a su competencia los asuntos en esta materia que por su importancia así lo requieran; y

b) El Comité se reunirá de manera ordinaria una vez al mes, y de manera extraordinaria cuando lo convoque el consejero electoral que lo presida, o a solicitud que a este último presenten, al menos, dos partidos políticos.

(…)

6. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión.

7. El Instituto dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión.

8. El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, a través de los tiempos destinados a la comunicación social del Instituto Federal Electoral y en los demás medios informativos que determine el propio Consejo.”

Relacionado con lo anterior, la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha considerado que de la interpretación sistemática y funcional del artículo 41, párrafo segundo, base III, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución federal, con el reconocimiento de la libertad de expresión e información, previsto en el artículo 6, de la aludida Carta Magna, permite concluir que el objeto de la prohibición constitucional no comprende el tiempo de radio y televisión que sea empleado para la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas, auténticas o genuinas.

En el ámbito de la libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información, que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.

Se ha hecho notar que no se podría limitar esa libertad ciudadana, a menos que se demostrara que su ejercicio fuera abusivo, por rebasar los límites constitucionales, por lo cual no sería válido aducir el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, cuando por su práctica, durante los procedimientos electorales, se incurriera en abusos o decisiones que se tradujeran en infracciones a las reglas que garantizan el debido acceso a radio y televisión, por parte de los partidos políticos.

Por tal razón se ha destacado que el ejercicio de ciertos derechos fundamentales no puede servir de base para promover indebidamente a un partido político o a un candidato en radio o televisión, porque no sería válido extender el ámbito protector de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta el grado de quebrantar las prohibiciones previstas el artículo 41, del mismo ordenamiento supremo, el cual es aplicable a los partidos políticos y a los candidatos, en cuanto a su derecho de acceso a radio y televisión, a fin de difundir sus mensajes, dado que la administración única del tiempo del Estado en esos medios de comunicación social, en materia electoral, corresponde exclusivamente al Instituto Federal Electoral.

En otras palabras, el criterio de la Sala Superior de este Tribunal ha sido claro al prever que no son permisibles los actos simulados, para la difusión de propaganda encubierta que sólo en apariencia constituyera una entrevista, crónica o nota informativa, pero que en realidad tenga como propósito promover o posicionar, ante el electorado, a un candidato o partido político, con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, recibe un pago por ello o si procede de manera gratuita e incluso unilateral.

Estos criterios han dado origen a la jurisprudencia 29/2010, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

“RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6, 7 y 41, base III, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación. El derecho a informar y ser informado comprende, en tiempo de campaña electoral, la difusión de las propuestas de los candidatos. Por tanto, en cada caso se deben analizar las circunstancias particulares para determinar si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta.”[52]

En el caso, resulta fundamental lo anterior pues el punto a dilucidar se constriñe al valor probatorio otorgado por la responsable al tiempo de exposición de los candidatos postulados por las coaliciones contendientes en el municipio de Ahome, en el Estado de Sinaloa, derivado de un análisis –señala la promovente en su demanda primigenia– de las entrevistas y comentarios de los y a los candidatos Arturo Duarte García y Ernesto García Cota en los programas radiofónicos “Línea Directa” y “Altavoz”.

Al respecto, el artículo 243, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, prevé la admisibilidad de documentales y pruebas técnicas, siendo privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, considerándose pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes y que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, y en dichos casos el oferente deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Por su parte, el numeral 244, primer párrafo, de dicha legislación, establece que las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales y la instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio de los Consejos Electorales o del Tribunal Estatal Electoral, los demás elementos que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Al respecto, se han establecido los siguientes criterios sobre este tipo de pruebas y su valoración:

        En ciertos ordenamientos se han separado del concepto general documentos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos, por una parte, y a otros elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios probatorios.[53]

        La doctrina ha sido uniforme desde antaño, “…al considerar medios de prueba imperfectos a los documentos privados, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la cierta dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones, entre otros argumentos, por mayoría de razón es aplicable ese criterio respecto a las grabaciones de la voz de personas, mediante los distintos medios electrónicos existentes, pues es hecho notorio e indudable, que actualmente hay, al alcance del común de la gente, un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos, para la obtención de la grabación, de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. (…) Por tanto, para que tales medios probatorios hagan plena (sic), deben ser perfeccionados con otros elementos, fundamentalmente con el reconocimiento expreso o tácito de la persona contra quien se utilizan, por un exhaustivo dictamen de peritos, mediante la testimonial de personas que también hayan intervenido en el momento en que se dice expresado el contenido de la grabación, etcétera, pues sólo de esa manera podría existir un fundamento lógico para formar en el juzgador cabal convicción…”[54]

        Se debe de señalar, en forma específica las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las entrevistas objeto de controversia.[55]

        Los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.[56]

Esta Sala Regional considera infundado el agravio en estudio, pues contrario a lo que se afirma, al testigo de grabación privado que se aportó como prueba no alcanza a adquirir la fuerza de convicción pretendida por la actora para acreditar la irregularidad aducida.

En la demanda primigenia, se indica solamente la duración total de las entrevistas o intervenciones de los candidatos, como se aprecia de la transcripción realizada al inicio de este inciso, aportándose –según se señala en la sentencia local– un disco tipo “DVD” o “CD” que contiene un documento elaborado en programa “Excel” que detalla por candidato y conductor, la fecha de la entrevista, duración, y dos carpetas, una de audio y otra de entrevistas.

La autoridad responsable, al describir el medio de prueba, refiere que las entrevistas, al parecer, se presume fueron realizadas por los conductores radiofónicos Luis Alberto Díaz, Carlos Cota y Manuel Hernández. Asimismo, realiza el análisis de los archivos y hace un comparativo del tiempo de duración, arrojando como resultado los minutos de exposición de ambos candidatos, concluyendo que, ante la ausencia de otro material de prueba con el cual se pueda cotejar, merece un valor de mero indicio.

Al respecto, resulta incorrecta la alegación vertida por la promovente ante esta instancia jurisdiccional, atinente a que la sola exposición en demasía del candidato de la Coalición “Transformemos Sinaloa” y la no controversia de los medios de prueba, eran suficiente para darles el valor probatorio suficiente para considerar que sí existió un acceso inequitativo en la contienda electoral.

En efecto, congruente con lo que se ha indicado, la responsable realizó una adecuada valoración de los hechos controvertidos en relación con la prueba aportada, su contenido y alcance probatorios, fundando y motivando debidamente la decisión adoptada para resolver como lo hizo, respecto al indicio que generan las presuntas grabaciones de radio; pues, efectivamente, esta Sala advierte que en la demanda no se precisan las circunstancias de modo y lugar que permitieran establecer la veracidad de su contenido, esto es, de que lo referido en ellas realmente hayan tenido el efecto de exponer a los candidatos a un mayor o menor tiempo ante la audiencia radiofónica, o bien, de que realmente hayan sido las personas que se escuchan quienes participaron en las mismas, habida cuenta que la actora se concretó a señalar en su demanda primigenia:

“…dando un tiempo de exposición totalmente inequitativo siendo el resultado del estudio el siguiente:

Esta situación se acredita con la documental privada que al anexo se señala en el apartado correspondiente con el ANEXO B, C y D del ordinal 5…”

“…análisis de las entrevistas y comentarios de los y a los candidatos ARTURO DUARTE GARCÍA Y ERNESTO GARCÍA COTA en los programas radiofónicos LINEA (sic) DIRECTA Y ALTAVOZ, en diferentes fechas durante el tiempo en que transcurrió la campaña electoral…”

Y de la prueba aportada, consistente en un “CD”, se contiene dos carpetas tituladas “Arturo Duarte” y “Ernesto García”, y un archivo en formato excel con el nombre “CAPTURA-ENTREVISTAS”, con la base de datos siguiente:[57]

Lo anterior, de los datos extraídos del contenido de las carpetas antes indicadas.

Tal como se reseñó con anterioridad, el “CD” en cuestión es una prueba técnica que debió de concatenarse con otros elementos de convicción tendientes a fortalecer o corroborar su contenido.

Además, al ser dicha materia del conocimiento del Instituto Federal Electoral, el fortalecimiento de su contenido y la idoneidad de su valor probatorio, se da a través de la figura de testigos de grabación, siendo indiciaria al realizarse de forma diferente, de ahí que, como lo consideró la responsable para el efecto de poder tener por acreditada lo que del “CD” se desprende, era necesario que su contenido fuera cotejado con los testigos de grabación del Instituto Federal Electoral; y como quiera que el partido actor no lo hizo así, no obstante la obligación prevista en el artículo 245, párrafo segundo, de la ley electoral local que le confiere la carga de la prueba de acreditar sus afirmaciones; necesariamente era aportar todos aquellos elementos necesarios para adquirir una valoración plena de los hechos motivos de agravio, tal como sucede con las grabaciones privadas de radio que deben corroborarse con los testigos de grabación del Instituto Federal Electoral.